viernes, marzo 23, 2018

“¿Los tienen bien puestos?”, preguntó Greenpeace al Senado por el asbesto

Activistas medioambientales sorprenden a congresistas en inicio de sesiones

En Colombia, se consumen 24 mil toneladas de este material al año. “Es como si cada ciudadano tuviera asignado su ración anual de medio kilo de veneno”, sostuvo Silvia Gómez, coordinadora de Greenpeace Colombia.


© Juan Felipe Rubio / Greenpeace

Comienzan las sesiones parlamentarias y los activistas de Greenpeace se hicieron presentes en el Senado para recordarle a los senadores y senadoras que la prohibición del asbesto es un tema de atención prioritaria y que debe ser resuelto a la brevedad.

Por ello, la organización instaló un gran tendedero con pantalones y faldas en la Plaza Bolívar, y le preguntó al Senado “si los tienen bien puestos” para tomar una decisión postergada por mucho tiempo, que busca priorizar la salud pública y que es transversalmente apoyada por amplios sectores de la sociedad.

“Los senadores y senadoras tienen en sus manos la decisión histórica de favorecer, luego de años de fracasos legislativos, la salud del pueblo colombiano. El asbesto es un material que no puede seguir cobrándose víctimas, mientras unos pocos poderosos lo defienden con uñas y dientes”, argumentó Gómez.

En los últimos meses, organizaciones civiles, entidades médicas y científicas, universidades, y los Ministerios del Interior, Trabajo, Ambiente y Salud se han expresado a favor y promovido la prohibición de esta sustancia que causa la muerte de cerca de 500 personas al año en el país.

© Juan Felipe Rubio / Greenpeace
“Colombia tiene una deuda enorme para con su pueblo. Ya más de 60 países prohibieron el asbesto. Nuestro país no puede retroceder y tomar una medida que contradiga las evidencias médicas y el pedido de la ciudadanía”, agregó Gómez.

El debate por el fin del asbesto en Colombia coincide con la polémica y alarma que se ha generado por la presencia de asbesto en trenes subterráneos de la ciudad de Buenos Aires, lo cual ha planteado la necesidad de prohibir la mortal sustancia en Colombia para así garantizar que el próximo metro de Bogotá -cuyo proceso licitatorio se iniciará en las próximas semanas- esté libre del tóxico.

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