La actitud intransigente del alcalde
mayor de Bogotá no solo crea resistencia entre la gente sino que lleva a
errores que impiden su progreso. Los colegios por concesión y la contaminación
de los buses son dos pruebas muy tangibles.
Ángel Pérez Martínez*
Enrique Peñalosa logró que el Concejo
de Bogotá le autorizara el uso de vigencias futuras para que trece nuevos
colegios puedan funcionar durante los próximos diez años (2019 a 2028) bajo la
modalidad de concesión a operadores privados. Con esto da continuidad a uno de
los programas que había comenzado en su primer gobierno.
Es lo mismo que ha hecho Peñalosa en
relación con Transmilenio, con el metro o con las propuestas de renovación
urbana, decisiones con las cuales nos demuestra que volvió para terminar una
obra de gobierno que había sido prevista desde 1998.
Pero la terquedad del Alcalde también
implica rigidez o inflexibilidad. Una vez elegido, Peñalosa no intentó negociar
ningún tipo de acuerdo con los 34.889 docentes oficiales de Bogotá, ni con el
resto de la comunidad, es decir, lo 800.000 estudiantes y más de 1.200.000
padres de familia que se benefician de los colegios oficiales.
Es más: Peñalosa optó por el modelo
de colegios en concesión a sabiendas de que no era del agrado de los docentes
oficiales, quienes lo consideran un paso hacia la privatización. Así perdió el aval de gran parte del profesorado en Bogotá -y
en resto de Colombia-.
Educación
desigual
Según la Secretaría de Educación, los
colegios por concesión cuentan con un mejor clima escolar, vínculos más
estrechos con instituciones de educación superior y registran tasas de
deserción menores que la que de los colegios públicos.
Sin embargo, la Asociación Distrital
de Educadores (ADE) afirma que las condiciones laborales para los profesores de
esos colegios son injustas, pues tienen que trabajar los sábados y los contratos
son a término definido, de modo que reciben salario 10 meses al año.
En Bogotá los niños maltratados, desplazados y con atraso van a los colegios oficiales, mientras que los pobres más hábiles se pelean por un cupo
en los colegios en concesión.
Si bien estos colegios ofrecen mejores condiciones para los estudiantes que las instituciones oficiales, su efecto para el sistema educativo es mínimo, pues mantienen los altos niveles de desigualdad que caracterizan a nuestra ciudad. Así, en Bogotá los niños maltratados, desplazados y con atraso van a los colegios oficiales, mientras que los pobres más hábiles se pelean por un cupo en los colegios en concesión.
La lista de exclusiones no termina
ahí. En 2004, el entonces alcalde Garzón denunció que, de 710 sedes educativas
oficiales, 434 podían derrumbarse en cualquier momento. Así mismo, el entonces
alcalde señaló que más de 120.000 estudiantes no tenían donde estudiar, de
manera que su administración tuvo que reconstruir y dotar más de 200 sedes
educativas y construir 40 colegios oficiales nuevos. Con una inversión de más
de 2 billones de pesos, esa administración logró mejorar la educación de más de
300.000 estudiantes. En contraste, para 2004 los colegios en concesión sólo
atendían 25.000 estudiantes.
Estados
Unidos: un mal modelo
Los colegios en concesión son una
copia del modelo educativo estadounidense. A finales del siglo pasado, este
país obtuvo pésimos resultados en las pruebas internacionales TIMMS y PISA, lo
cual llevó al gobierno a reformar su sistema educativo.
Para comenzar, los estadounidenses
convencieron al mundo de que invertir más en educación no necesariamente
produce buenos resultados; el gobierno colombiano compró esta idea sin mayor
discusión. En ese entonces, Estados Unidos invertía 7.000 dólares por
estudiante en la educación oficial, mientras que Colombia gastaba menos de
1.000 dólares por niño. Actualmente Estados Unidos gasta 11.000 dólares por
estudiante, mientras que Colombia se mantiene en la misma cifra del siglo
pasado.
La segunda decisión del gobierno
estadounidense fue avanzar en la privatización de la educación oficial básica y
media mediante los colegios en concesión (charter schools). Este modelo tenía dos
propósitos: reducir costos y mejorar la calidad de la educación, lo que debería
reflejarse mejores resultados en las pruebas internacionales.
Sobre los costos, un estudio llevado a cabo por la Universidad de Harvard encontró que
en 14 áreas metropolitanas de Estados Unidos los estudiantes de los colegios en
concesión reciben en promedio 5.721 dólares menos por estudiante que las
escuelas públicas tradicionales.
En cuanto a la calidad, aún no hay
consenso sobre los resultados de los colegios por concesión. Sin embargo se
puede decir que, después de 25 años, el sistema educativo de Estados Unidos
sigue estando muy lejos del de otros países desarrollados. En las pruebas PISA de 2015 los estudiantes estadounidenses obtuvieron alrededor de
496 puntos en Ciencia, mientras que los japoneses lograron 538, los finlandeses
531 y los canadienses 528. En Matemáticas alcanzaron 420 puntos, mientras que
los japoneses registraron 532, los suizos 521 y los canadienses 516. En Lectura
obtuvieron 497 puntos, mientras que los coreanos lograron 517, los alemanes 509
y los canadienses 535. Según Ángel Gurría, Secretario General de la OCDE, 40 puntos equivalen más o menos
a un año adicional de escuela de los estudiantes.
Evidentemente, el modelo de educación
básica y media de Estados Unidos es inferior al de Canadá y los países
escandinavos, donde estos dos tramos de la educación son públicos, gratuitos y
de buena calidad. Ahora bien, es innegable que la educación superior de Estados
Unidos es una de las mejores del mundo, pero esto se debe a que el Estado invierte
sumas gigantescas en este tramo educativo- y a que los costos de las matriculas
se han disparado en las últimas décadas-.
Actualmente, el modelo de colegios en
concesión no existe en el sistema educativo canadiense, ni en el de los países
escandinavos porque para sus gobiernos la salud y la educación son derechos al
alcance de cualquier ciudadano y sin importar sus condiciones
socio-económicas.
Como apunta Michael Mindzak , los colegios en concesión fracasaron en Canadá porque,
pese a los esfuerzos de neoconservadores y neoliberales, los canadienses han
apoyado permanentemente su sistema oficial de educación. Esto se debe a que,
para ellos, la expansión y mejoría de la educación pública representa un
compromiso continuo con los principios de equidad y justicia social.
Movilidad
y transporte
Pero la incapacidad del alcalde Peñalosa
para negociar no se reduce al ámbito educativo. Se expresa por igual en
todos los contextos, y es especialmente notable en lo tocante a la movilidad y
el transporte público.
Pese a la inconformidad de muchos ciudadanos, Peñalosa insiste en inundar la ciudad con troncales de
Transmilenio. Una de las razones principales de la inconformidad radica en que
los buses utilizan
motores diésel y por lo tanto producen altos niveles de contaminación.
Con el propósito de reducir la
contaminación, el mundo entero está invirtiendo en energías limpias que
reemplacen los motores diésel. Europa, por ejemplo, los prohibió recientemente.
En contravía de esta tendencia ecológica, Peñalosa abrió una licitación para
renovar los buses de Transmilenio con motores diésel. Sin lugar a dudas, esta
decisión afectará seriamente la salud de los bogotanos.
Sin embargo, Peñalosa afirma que
“estamos recuperando la salud de Bogotá”. El alcalde no entiende que la mejora
de la salud y el cuidado de la tierra sólo son posibles con políticas solidas
de educación, prevención y promoción. Para fortuna de la ciudad, hay algunos
concejales que denuncian los nocivos efectos que traerá esta
licitación.
Por otra parte, Peñalosa rechazó los
estudios que realizó la administración anterior para iniciar la construcción
del metro subterráneo; con ello, botó más de 130.000 millones de pesos a la caneca. Actualmente, el distrito avanza en los diseños y preparación
para construir el metro elevado –así varios estudios hayan concluido que uno
mixto o subterráneo sería más adecuado para Bogotá-.
Tristemente, la arbitrariedad de
Peñalosa impedirá que se tomen medidas que realmente beneficien a Bogotá y a
sus ciudadanos.
*Profesor universitario y asesor en
temas educativos.
