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El mejor metro para Bogotá

Alocución del presidente de la República, Gustavo Petro Urrego
 Buenas noches.

Aquí me acompaña el ministro de Transporte, William Fernando Camargo, de Boyacá, y nuestra viceministra de Infraestructura, María Constanza García, de Cúcuta.

Con ellos venimos trabajando desde hace ya bastantes años, desde el año 2012. En la Bogotá Humana tuvieron puestos, tuvieron la experiencia de vigilar los estudios del metro subterráneo de Bogotá en aquel entonces.

Por eso hoy nos acompañan, porque ya en el Gobierno nacional –y ocho años después de haber dejado la Alcaldía–, estamos otra vez ante la discusión del metro de Bogotá, que se financia en un 70 por ciento –yo quisiera en un 100 por ciento– con los recursos del presupuesto nacional. Es decir, con los dineros de todos y todas las colombianas.

Por eso prometí hacer esta presentación de este estudio.

Hace un par de días les dije que íbamos a explicarles a ustedes las principales conclusiones que nos arroja este estudio, de bastantes hojas y páginas, que hizo la Sociedad Colombiana de Ingenieros (SCI) con respecto al metro de Bogotá.

La Sociedad Colombiana de Ingenieros, por ley, es la asesora del Gobierno Nacional en estas materias. Estamos hablando de una asociación sin ánimo de lucro, con reconocimiento en el sector de más de 125 años, y que para este caso empleó 36 expertos internacionales y nacionales, entre ellos Ginés de Rus, economista reconocido mundialmente, experto en análisis de costo-beneficio y de la economía del transporte.

Este análisis costo-beneficio es fundamental para saber si un proyecto es bueno o es malo, o compararlo entre varios proyectos.

El documento, que aquí está, evaluó condiciones económicas, geotecnia, estructuras, túneles, operaciones, demanda, condiciones ambientales, urbanísticas, entre otras, para determinar lo que gana la sociedad con las diferentes alternativas del proyecto de metro versus los costos que tiene la sociedad para hacer cada una de estas alternativas. Se trata de escoger la mejor.

Dado que el proyecto robusto del metro subterráneo que estudiamos en nuestra administración bogotana, y yo como alcalde de la Bogotá Humana, y que llegaba hasta la Calle 127, fue completamente desechado por las administraciones posteriores, decidimos no estudiarlo más.

Se perdieron 135 mil millones de pesos, de entrada, en unos estudios muy bien hechos, que se le entregaron al entonces Gobierno nacional, pero que nos engañaron, cambiaron los proyectos en el Distrito e irreversiblemente se perdió.

 Ese proyecto ya no se puede construir hoy.

La pérdida del proyecto que se diseñó en mi Alcaldía, según este mismo estudio que se hace ahora, representa una pérdida para la sociedad bogotana de 8 billones de pesos, 8 millones de millones de pesos.

Ahora se trata de reducir esta enorme afectación, que suma la disminución de productividad de la ciudad durante todo este tiempo, el desmejoramiento de la calidad de vida de todos sus habitantes y los tiempos perdidos de vida en el transporte, de tiempo, de viaje, durante estos 8 años.

Al no haber hecho el proyecto de la Bogotá Humana, se perdieron 8 billones de pesos para la sociedad bogotana.

El estudio de la Sociedad de Ingenieros se desarrolló durante más de seis meses y se evaluaron 9.820 documentos técnicos, que nos permiten comparar, principalmente, dos opciones de metro para Bogotá.

Uno, el que se viene desarrollando, el que se puso en contra del proyecto del metro subterráneo, del cual ya no hablaremos más: completamente elevado, con 16 estaciones, que inicia en Bosa, sube por la avenida Primero de Mayo y toma la Caracas hasta la calle 72, a donde llega siempre de manera elevada.

Ese es el proyecto que actualmente se está semi-construyendo. Allí se articularía al segundo tramo, subterráneo este, y que está en un proceso prelicitatorio y que va hasta Suba.

Nosotros presentamos una nueva alternativa de metro, que vamos a llamar mixto, que proponemos conservando el tramo que se está construyendo en la actual administración, desde el patio-taller en Bosa hasta la estación Antonio Nariño, cerca al centro de Bogotá, en donde se vuelve subterráneo –es nuestra propuesta–, para llegar hasta la carrera 13, y por ahí seguir hasta la calle 72, en el norte de la ciudad.

La nueva alternativa mixta tendría dos estaciones más.

Hoy podemos reducir esa pérdida de los 8 billones de pesos provocada por suspender el proyecto de metro subterráneo a 3 billones de pérdidas, si escogemos el proyecto de metro mixto, según como se puede concluir del estudio de la Sociedad Colombiana de Ingenieros.

Es decir, que hoy el mejor metro para Bogotá es el metro mixto, que no tiene su primera estación subterránea en la estación de la Hortua. Comienza la subterranización en la estación Antonio Nariño, la estación de la Hortua es en la calle primera, y toma la carrera 13 por ahí hacia el norte.

El estudio de la Sociedad Ingenieros arroja dos indicadores finales para los dos proyectos, que es lo que quiero presentarles.

Se denomina uno la TIR (Tasa Interna de Retorno). Y un segundo correlacionado con esa TIR, que se llama Valor Presente Neto.

¿Qué significan esos indicadores?

La llamada TIR es como la rentabilidad que recibirá toda la sociedad bogotana por hacer el proyecto. Puede compararse con el porcentaje de ganancia que obtiene alguien al montar el negocio y compararlo con otro: cuál es más rentable.

Las conclusiones del estudio indican que la rentabilidad TIR de ambos proyectos, proyectada durante 30 años, es 9.5 por ciento. En ambos da igual, tienen la misma rentabilidad.

El proyecto actualmente desarrollado por la Alcaldía, desde los tiempos de Peñalosa, hace ocho años, y la propuesta que presentamos, que es ese mismo proyecto, pero subterranizándolo en la estación Antonio Nariño, y cogiendo subterráneo de la calle 72 por toda la carrera 13, dan la misma rentabilidad social: 9.5 por ciento.

Pero cuando se examina el otro indicador, el Valor Presente Neto (VPN, le ponen los técnicos), que significa la sumatoria de beneficios sociales en 30 años –podría haber sido un siglo, porque las líneas de metro duran mucho, la de Londres tiene 150 años, pero aquí evaluamos los primeros 30 años–,
cuando se suman esos beneficios sociales y se le quitan los costos del proyecto en el mismo periodo da una cifra, una sumatoria, que es el beneficio total, la ganancia total de la sociedad, traducida a pesos del 2022, para que podamos entenderlo, como si se tratara una cifra actual, el estudio indica que el proyecto mixto tiene un saldo favorable de un billón 600 mil millones de pesos, mientras el actual proyecto de la Alcaldía, el llamado metro elevado, solo da un billón de pesos.

Es decir, la ganancia social en 30 años de la propuesta que le hacemos a la alcaldía y a Bogotá es un 60 por ciento superior a la propuesta actual del gobierno.

En otras palabras, si la administración del Distrito rechaza la propuesta del Gobierno nacional sobre la alternativa mixta la sociedad bogotana perderá un 77 por ciento de posibles beneficios que se expresan en diferentes variables y que aumentaría esa pérdida en la medida que el tiempo de uso del metro se extienda por décadas, quizás por un siglo hacia adelante.

Voy a explicarles algunas de las variables que se comparan en este estudio.

Si se hace mixto el metro, el tiempo de viaje que usaría la ciudadanía disminuiría en un 77 por ciento en toda la ciudad respecto al proyecto de metro elevado hoy.

Horas que los ciudadanos podrán aprovechar para ser más productivos, compartir con sus familias y tener mejor calidad de vida.

Los beneficios ambientales para la ciudad son superiores en la opción mixta, son menores las emisiones contaminantes y generan menos impacto económico que las del proyecto elevado en la Caracas.

El proyecto mixto ahorra 10 mil millones de pesos en emisiones, mientras que el elevado apenas 6.500.

Con la construcción del proyecto mixto se reduce la afectación en la movilidad y en el sistema de transporte y, por ende, en los desplazamientos de los y las ciudadanas.

La obra del metro elevado, al realizarse sobre la vía, requiere más cierres viales que generan mayor congestión, trancones y cierre de estaciones del transporte masivo de toda la ciudad.

Las zonas bajo la gran estructura elevada son oscuras y solitarias, por lo que se pueden convertir en lugares más inseguros, de difícil tránsito para los peatones.

Este espacio público deja de estar libre para el disfrute de la ciudadanía. Habrá menos opciones de plazoletas, ciclorrutas, espacios verdes para el bienestar de las personas que habitan los barrios que atraviesa.

Con la opción mixta podremos conectar el tramo 2, que va desde la estación de la calle 72 hacia Suba, sin que los usuarios tengan que hacer transbordo y perder tiempo.

Este tema es absolutamente clave que Bogotá lo sepa, porque por mantener elevado el metro de la Caracas, al llegar a la calle 72 llega con 20 metros de altura sobre la superficie, pero también en ese mismo punto llega el tramo 2 desde Suba, subterráneo, a 22 metros de profundidad.

Significa una distancia en altura entre las dos estaciones de 42 metros, para hacer la correspondencia. Para personas de edad o enfermas, esto puede significar la pérdida de media hora de tiempo de viaje yendo de una estación a otra. Y para las más jóvenes, de 15 minutos, al menos.

Para centenares de miles de personas todos los días, durante años, durante décadas e incluso durante más de un siglo, esto vuelve inocuo e inservible el metro.

Se trata de una verdadera falla de planificación con la gente, con el dinero, público, con la ciudad, porque la demora entre las dos estaciones quita el tiempo que el metro debería ahorrar si se tomaran, por ejemplo, buses.

Algo similar sucede en la estación Antonio Nariño, donde comienza la pendiente ascendente de la ciudad hacia los Cerros Orientales.

En la alternativa elevada, el metro tiene que subir en pendiente, hacer este movimiento. En cambio, en la alternativa de subterranizar, precisamente donde comienza la colina, la opción mixta simplemente va a nivel, y entra con la misma pendiente hacer subterráneo al interior de la colina del borde oriental.

Esto hace que el costo operacional de todos los años que dure la línea del metro, es decir más de un siglo, el metro elevado sería mucho más alto que los costos operacionales del mixto que proponemos, y se reflejará inmediatamente las tarifas que se cobren a los pasajeros.

Lo que hemos mostrado no es un capricho mío. Son expertos de talla mundial y nacional los que, con base en el estudio, nos permiten extraer estas conclusiones.

A la Agencia Jurídica del Estado le solicito que adelante las actuaciones que sean necesarias para defender los recursos del Presupuesto General de la Nación, y que con estos podamos financiar un mejor metro para Bogotá. Todavía es posible.

Si se escoge la alternativa mixta no es que haya que detener las construcciones actualmente en proceso. Todo el extremo occidental, que esto es lo que se está construyendo, sigue igual. Solo hay que variar cuando se va llegando al centro, que todavía no es.

Todavía es posible mejorar la calidad de vida de millones de ciudadanos y ciudadanas, trabajadores, estudiantes, que a diario destinan tres y hasta cuatro horas de su vida y hasta más en sus recorridos.

Le entregaremos completo este estudio al alcalde de Bogotá y a los órganos de control de la Nación.

Prometí financiar un 100 por ciento el mejor tramo para Bogotá y estoy dispuesto a cumplir mi palabra. Los expertos han hablado y la ciudadanía ya conoce, a partir de hoy, las conclusiones que podemos sacar de sus estudios.

Aún estamos a tiempo. Tenemos una oportunidad única aquí y ahora

Bogotá: Vendiendo agua limpia y bañándonos en agua sucia

¿Usted sabía que el Acueducto les vende agua barata a los municipios vecinos y no se asegura que la limpien antes de echarla al Río Bogotá? ¿Sabía que con esa agua se hacen desarrollos muy poco sostenibles y con pésimo urbanismo? 
La silla vacia-Diego Laserna.- 
Bogotá siempre ha tenido un crecimiento caótico pero la dimensión del reguero que está sucediendo en los municipios de la Sabana durante los últimos años es de unas proporciones nunca antes vistas.  Una explosión de la población, con bajas densidades, pobre urbanismo y enormes manchas de corrupción.
Fuente: Idom y Findeter 2018
Como lo muestran las gráficas, en tan sólo once años (de 2005 a 2016), los 20 municipios principales de la región pasaron de tener un millón de habitantes a dos millones, con una densidad inferior a un tercio de la que tiene Bogotá. Por lo tanto, en promedio un habitante de un municipio de la Sabana ocupa tres veces el espacio que uno que vive en la capital. Desde una perspectiva ambiental, eso es un desperdicio intolerable porque implica que gastamos mucha más tierra fértil, más recursos en infraestructura y más combustibles que si vivieran en Bogotá.
Mucho se ha hablado de quiénes son los culpables de este desastre. Que si los alcaldes corruptos, los constructores voraces o la falta de un mecanismo de gobernanza regional. Pero hay un cómplice en todo este reguero del que poco se habla: La Empresa de Acueducto de Bogotá.
Me explico. Sin agua no puede haber desarrollo urbano, y como muchos de los municipios de la Sabana no tienen casi agua propia, se la compran al Acueducto de Bogotá por una modalidad denominada “venta de agua en bloque”.
Condiciones de Abastecimiento de Municipios de la Sabana
Fuente: Evaluación a los Efectos… de la Suspensión de la Venta de Agua en Bloque -Contraloría de Bogotá 2012
Aunque vender agua en bloque no es negocio, tendría sentido si uno dijera, por poner un ejemplo cualquiera, “venga es que la gente en Funza sólo tiene agua dos días a la semana y hay que ayudarle”.  Pero cuando uno ve que en lugar de haber escasez, la huella urbana de Funza creció 63% entre 2010-2016 sin ningún orden ni planeación, no puede evitar preguntarse ¿Por qué el acueducto de Bogotá se presta para promover eso? ¿No debería la EAB tener unos criterios mínimos para decir qué clase desarrollo urbano necesitan hacer los municipios si quieren comprar agua en bloque? ¿Si quieren hacer un reguero urbano, no lo deberían hacer con su propia agua?
Crecimiento de la Huella Urbana del Municipio de Funza 2010-2016

PLEBISCITO PROCESO DE PAZ

“La modificación al POT se encuentra ajustada a la ley”: Gerardo Ardila

Consideramos que éste es un mensaje que le envía el Procurador al Juez, para que no levante la suspensión del POT. Tal vez no es coincidencia que el Procurador vuelva con un tema que ya se encuentra en manos del Juez”, manifestó el secretario Ardila.

por jcortes - El secretario reiteró que desde el punto de vista jurídico y técnico la Modificación del POT se encuentra dentro de la Constitución y ajustada a la Ley y además se basa en estudios técnicos realizados antes y durante la actual Administración. El funcionario añadió que el Decreto se expidió tras la falta de respuesta definitiva por parte del Concejo de Bogotá después de los 90 días reglamentarios. Recordó que el Decreto 364 (MePOT) sigue vigente aunque se encuentre suspendido.

“El Alcalde está bajo chantaje”: Petro Urrego

El alcalde Mayor de Bogotá, Gustavo Petro, indicó que el único ganador con lo sucedido en el Fondo de Vigilancia es el actual administrador del servicio 123 que es 100 por ciento privado. 

 “Es privado, se llama Itelca,  en detrimento de las finanzas de la ciudad pero algo peor en detrimento de la seguridad de todos los bogotanos”, indicó Petro Urrego.

Reiteró que la orden de cambiar la tecnología vieja de la línea se dio hace tres años y no se ha cumplido por parte del Fondo y en este momento él está bajo chantaje por intentar cambiar esa vieja tecnología.

Regreso de toros a la Santa María está sujeto a obras de rehabilitación: Corte Constitucional.

por f.sanchez - bogotahumana - Mediante el Auto del 02 de marzo de 2015, la Corte Constitucional aclaró que el regreso de los toros a la Plaza Santa María de Bogotá se debe realizar una vez se lleven a cabo las obras de rehabilitación de las instalaciones de la Plaza, dispuestas por el Distrito.

En Cámara de Representantes insisten en que, Metro de Bogotá debe hacerse como sea

Como sea y cuanto antes se debe iniciar la construcción del Metro para Bogotá porque de los contrario, “habrá riesgo de perder más de 100 millones de dólares que se han invertido en los estudios de la mencionada megaobra”, advirtió Carlos Guevara, representante a la Cámara por el partido Mira.
Fuente Oficina de Prensa del H.R. Carlos Guevara - Guevara sostuvo que a pesar de las recientes discusiones que se han fomentado por la financiación y por la forma de construcción del proyecto, hay que hacerlo, “ojala de manera integral para bien de todos los ciudadanos”.

Distrito interpondrá denuncia penal por visita irregular de la Contraloría Distrital al IDIPRON

“En el 2009 a través del contrato 630, IDIPRON en esa oportunidad, no en esta Administración, adquirió una serie de bienes para uso exclusivo de la entidad....".
por jcortes  - bogota.gov - La secretaria General de la Alcaldía Mayor de Bogotá, Martha Lucía Zamora, anunció que la Administración interpondrá una denuncia penal en contra de las funcionarias de la Contraloría Distrital  que ayer adelantaron de manera irregular una visita al IDIPRON violando el debido proceso de un acto administrativo como este.

“Esto es absolutamente lamentable y responde a un abuso de autoridad, a un acto que no debe compadecerse con las funciones que tiene un servidor público de la Contraloría por esa razón estamos terminando de elaborar una denuncia penal en contra de los funcionarios que se presentaron sin ningún oficio y además abusaron de su cargo y llevaron allí  los medios de comunicación y que queremos saber detrás de ellos cuál fue la orden para actuar de esta manera”, afirmó la Secretaría General. 

Fiscalía adelanta inspecciones en La Conejera, Bogotá

Servidores del CTI durante Inspecciones a La Conejera
FGN - Con la coordinación de un Fiscal Delegado ante la Corte Suprema de Justicia, servidores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) adelantan una inspección en el sector de La Conejera, al noroccidente de Bogotá, con el propósito de recaudar elementos materiales probatorios para determinar la posible afectación ambiental a causa de una obra que se está desarrollando en la zona cercana al humedal.

Las URI se toman zonas residenciales y parques de Bogotá

En el barrio Toberín, la Fiscalía busca crear una Unidad de Reacción Inmediata (URI), aunque el Consejo de Estado falló el 12 de marzo de 2009 estableciendo que en Toberín no podía funcionar ninguna institución que pusiera en riesgo a sus habitantes y ordenó el retiro inmediato de una URI que funcionó hasta el 2010

La URI del barrio Toberín en la localidad de Usaquén atendería la población de Suba, Cota, Chía y Cajicá que equivale a 2.7 millones de habitantes. Además, un colegio, dos jardines infantiles y un parque público están cerca al predio donde la Fiscalía pretende poner en marcha este centro de atención.

 Carrera 21 # 169-11, Predio para la URI
 Pese al fallo del Consejo de Estado, la Curaduría Urbana No 3 otorgó el 17 de octubre a la Fiscalía General de la Nación la licencia de construcción en la modalidad de obra nueva y demolición total para la construcción de un edificio de cuatro pisos, el malestar en la comunidad es evidente porque temen por la seguridad de los habitantes y que su barrio se convierta en un punto de recepción de situaciones delincuenciales.

Muletazo equivocado

A pesar de su posición en contra de la tortura animal, la Administración habilitará La Santamaría,  pero solo cuando garantice la seguridad de los aficionados.

Un proyecto (el 237 de 2014) que modificaba las funciones del IDRD para de esta manera cumplir y acatar una de las providencias de la Corte Constitucional en el sentido de que, si bien reconoce "la fiesta brava" como una tradición cultural, igualmente le prohíbe a las entidades del Estado fomentar, publicitar y financiar espectáculos donde haya crueldad, maltrato y muerte de los animales. Esto fue negado en la Comisión de Gobierno del Concejo.

La iniciativa fue aprovechada por opositores para presentarla ante la opinión pública como un nuevo intento del Alcalde Petro para no permitir las corridas de toros en Bogotá.

En realidad, el proyecto presentado por la Administración no pretendía prohibir las corridas de toros, sino modificar las funciones del Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD),en el sentido de suprimir de sus competencias el fomento de esos espectáculos, en atención a los fallos de la Corte Constitucional, que si bien reconocen que la fiesta brava es una tradición cultural,prohíbe que el Estado participe.

Insultos contra Canal Capital demuestran falta de criterio democrático: alcalde Petro

El alcalde Mayor de Bogotá, Gustavo Petro, se refirió a los señalamientos del senador Álvaro Uribe Vélez contra Canal Capital, donde lo tilda de un medio de comunicación al servicio del terrorismo, y dijo que ese tipo de insultos contra un canal público demuestra la falta de criterio democrático.

"Las personas que son autoritarias nunca han podido resistir que existan formas de comunicación diversas, quisieran que las formas de comunicación en una sociedad solo expresaran su opinión y si no la expresan quisieran cerrarla, en esa medida son faltos de cualquier criterio democrático", indicó Petro.

Igualmente, el mandatario manifestó que los insultos contra Canal Capital están orientados a cerrar una forma de comunicación diversa que no difunde la opinión expresa del ex presidente Uribe.

"Esos insultos contra Canal Capital, que es un canal diverso, simplemente son la expresión de una opinión totalitaria", afirmó el alcalde Petro.

Aclaraciones frente a la máquina tapahuecos

La UMV hace aclaraciones frente a la máquina tapahuecos

La Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial (UAERMV), nuevamente aclara:

1.- El equipo utilizado para desarrollar el contrato, cuyo objeto es "APLICAR LA TECNOLOGÍA DE PARCHEO POR INYECCION A PRESION NEUMATICA PARA ACCIONES DE MOVILIDAD EN LA MALLA VIAL DE LA CIUDAD DE BOGOTA. D.C." es la denominada maquina tapahuecos, la cual NO FUE COMPRADA por la entidad.

La empresa Green Patcher Colombia SAS, mediante el contrato se compromete a inyectar 15.684 metros cúbicos de mezcla asfáltica, en un período de seis meses.

Ellos deciden si traen 1,2, 3, 4, 5, 7 o 100 máquinas para cumplir con el objeto del contrato.

2. El Distrito no ha iniciado la aplicación de la cláusula penal pecuniaria, lo que ha aplicado es una sanción por incumplimiento a las obligaciones contractuales, por no haber presentado un plan de trabajo y un plan de contingencia actualizado

El contratista debió haber aplicado entre 87 y 90 metros cúbicos diarios y no cumplió. Por lo tanto se le declaró incumplimiento y se multó con la suma 650 millones de pesos.

3. En la propuesta económica quedó establecido que el contratista aplicará 15.684 metros cúbicos (que equivaldría a tapar 220 mil huecos de un metro cuadrado). Sin embargo, a la fecha han aplicado 197.16 metros cúbicos.

4. El contratista pidió una suspensión del contrato por 45 días. La fecha vence el próximo 5 de septiembre, lo que quiere decir que a partir del 6 de septiembre debe presentar un plan de trabajo y tiene 72 días para que cumpla con el objeto del contrato
Si no ejecuta los compromisos establecidos incurrirá en incumplimiento dando lugar a la aplicación de las normas que en materia contractual así lo establecen. (Ley 80 de 1992, Ley 1150 de 2007 y demás decretos reglamentarios.) Para el caso, sería una sanción pecuniaria del 10% del valor del contrato.

5. Las acciones de movilidad que técnicamente no pasen las pruebas de calidad, NO se pagarán.  
A la fecha no se ha desembolsado ni un solo peso a la firma Green Patcher Colombia SAS. 
Sin embargo, se ha comprobado que algunas de la acciones de movilidad presentan grumos de emulsión y no una mezcla homogénea. En tal sentido, los grumos ceden con el calor.

6. Los grumos son residuos pequeños y dispersos superficialmente, que se cuelan en la mezcla por falta de homogenización de la misma y en temperaturas altas, se ablandan, pero no significa que la estructura se derrita. 
Son residuos que se irán con el tiempo, pero que lo que está debajo es material rígido, que es de alta duración y se pudo corroborar ante los medios de comunicación que nos acompañaron el sábado 7 de junio de 2014, en el recorrido que hicimos en Usaquén, donde trabajaba la máquina", afirmó el ingeniero Juan Carlos Abreo Beltrán, Director encargo de la UMV.

Cordialmente,
COMUNICACIONES UAERMV

Prorroga del SIM se dio cuando Petro estaba fuera del cargo

El alcalde Mayor de Bogotá, Gustavo Petro, salió al paso a las críticas por la prórroga sin licitación del contrato del Sistema de Información de Movilidad, SIM, que algunos concejales consideran va en detrimento de la ciudad.

El Alcalde explicó que la Alcaldía no tuvo conocimiento de la prórroga del SIM y que las investigaciones apuntan a que las negociaciones se dieron a puerta cerrada en febrero, sin licitación pública, y que las comunicaciones públicas se pusieron en conocimiento el 10 de abril, cuando el alcalde Mayor estaba fuera de su cargo.

"No tenía la capacidad por obvias razones de tener una respuesta sobre el particular", dijo.

"El dueño del SIM que había sido contratado en otras administraciones aprovechó la debilidad institucional a la que condujeron ciertos funcionarios del Estado, para sacar un provecho en un contrato que para nosotros es leonino y el Distrito está actuando, es la orden que recibió la secretaría de la Movilidad, de rehacerlo o de lo contrario buscarían los medios judiciales para que se rehaga", explicó el Alcalde.

En relación al contrato entregado en Consesión a la firma EUCOL, que tiene que ver con la instalación y explotación de más de mil paraderos de buses el Alcalde señaló sobre las críticas del concejal Carlos Vicente de Roux, que fue la directora del DADEP, Blanca Durán, la que tuvo la responsabilidad de redireccionar y examinar la propuesta que surgía del gobierno de Samuel Moreno, que había contratado una firma que debía estructurar la licitación sobre las necesidades del SITP en relación a los paraderos.

El examen de la empresa que hoy defiende el concejal Carlos Vicente de Roux dio unas rentas muy inferiores para el Distrito, pero Blanca Durán logró la renegociación del contrato.

"Es decir el Distrito Capital salió ganando primero porque logró los paraderos del SIPT sin que estuvieran contemplados, y segundo porque las rentas que ha captado el Distrito por el uso de publicidad son sustancialmente superiores a todos los procesos contractuales que el Distrito ha tenido en el pasado incluido ese contrato e incluido el estudio que el gobierno de Samuel Moreno hizo para licitar", dijo.

Finalmente el Alcalde concluyó que prorrogar o no prorrogar un contrato depende de las circunstancias.

Las prórrogas de mega contratos desfavorables para Bogotá están cortadas con la misma tijera

Las prórrogas de contratos leoninos que están haciendo carrera en esta administración siguen un mismo formato, muy inconveniente para la ciudad. No se trata de casos aislados, como lo muestran los paraderos del SITP, el registro de automotores y conductores y las fases I y II de Transmilenio.

Carlos Vicente de Roux. - El 4 de marzo pasado Gustavo Petro se subió en el techo de una camioneta y le dio la cara a la multitud que protestaba por el mal servicio de Transmilenio (TM) en el Portal de Suba. Desde allí le pidió apoyo a la gente para modificar los contratos con las empresas operadoras. “A nosotros –señaló– no nos conviene tener los contratos firmados hace 10 años, prorrogados indefinidamente”. Sin embargo, él mismo había autorizado ocho meses atrás una prórroga de tres años, muy favorable para las empresas. Y tres meses más adelante, en junio, intentaría nombrar como gerente de Transmilenio S. A. al presidente del gremio de los grandes transportadores, amigo cercano del abogado de las operadoras en la negociación de la prórroga.
Este caso no es único. La práctica de prorrogar mega contratos desequilibrados para la ciudad en vez de aprovechar su vencimiento para sacarlos a licitación y poner a competir a muchos oferentes en provecho de la ciudad, fue criticada en el informe sobre el carrusel suscrito por Petro, Avellaneda y de Roux. Sin embargo, ha hecho carrera en el actual gobierno.

En febrero de 2013 venció el contrato de 2001 en que la Defensoría del Espacio Público, DADEP, entregó en concesión a la firma EUCOL la instalación y explotación de 1.113 paraderos de buses y otro mobiliario urbano. La administración lo prolongó, sin sacarlo a licitación.

Las renegociaciones de contratos desbalanceados siguen el mismo formato. No están acompañadas de un clima de discusión técnica dentro de las entidades. Hubo un gerente de Transmilenio S. A. al que se le crispaban los nervios de sólo oír hablar contra la prórroga. Otro trasladó el tema a unas consultorías externas de alto nivel que recomendaron hacer la licitación, pero las desatendió olímpicamente.

Se trabaja con los datos de los propios contratistas y no se hacen estudios serios de costos y rentabilidades para orientar las negociaciones. Se desconoce que la inversión de los empresarios (en buses, instalaciones…) ya se encuentra amortizada, lo que dispara la rentabilidad y ameritaría rebajas radicales en el precio de los servicios.

Es patética la falta de un estudio sobre la rentabilidad de los paraderos de EUCOL. El que hizo la Secretaría de Movilidad para justificar la renegociación del contrato de registro de automotores también es muy inquietante. No formula una estimación propia de los costos de operación, y concluye que el concesionario obtendrá una rentabilidad tan ajustada (9.5% real al año), que parecería inexplicable que se haya echado encima un contrato de tanta responsabilidad.

LE EXIGIRÁN EXPLICACIONES A HOLLMAN MORRIS

Concejal William Moreno
Por iniciativa presentada por el Concejal William Moreno, se realizará en los próximos días un debate en el Concejo de Bogotá, donde el Gerente del Canal Capital tendrá que responder por los presuntos señalamientos de presiones indebidas a periodistas del Canal.

HOLLMAN MORRIS
El debate se realizará tras la salida de los Periodistas Mauricio Arroyave, Manuel Salazar y Diego Betancourt del programa de opinión “El Primer Café”, quienes denunciaron imposiciones del Gerente del Canal que atentan contra la autonomía periodística de los conductores del programa y la equidad informativa

Consejo de Estado Sentencia al Rio Bogotá

El Concejal Diego García expuso en el Concejo de Bogotá las razones por las cuales la sentencia emanada por el Consejo de Estado, NO busca salvar el rio Bogotá; en cambio, se dirige especialmente al beneficio del negocio de la energía generada por este cuerpo de agua a favor de los intereses de la multinacional EMGESA Y ENDESA.
Diego García
Luego de  20 años, el fallo proferido, ordena 76 acciones que deben cumplir las entidades de orden nacional y regional, los industriales, comerciantes y ciudadanía en general. La salvación del rio no fue la prioridad, por esta razón, la administración distrital, entes de control y organizaciones del comité de verificación, allegaron sendos memoriales a los magistrados para advertir la inconveniencia técnica, jurídica y financiera, de construir la planta de tratamiento de aguas residuales - PTAR Canoas. Esto debido al bombeo de aguas que alcanzan una profundidad de 69 metros y que no resuelve los impactos negativos de la contaminación del Rio.

Directora del Sena, Gina Parody a responder por calumnia

 Acercándose la tercera citación a la directora del SENA Gina Parody por parte de la Fiscalía para que responda por delito de calumnia contra Concejal William Moreno. 

“He sido entrevistado en varios medios de comunicación hablando sobre temas de vivienda en Bogotá. Qué casualidad que se esté animando este tema, ad portas de la imputación de cargos a Gina Parody por sus calumnias injuriosas en mi contra”. Manifiesta el Concejal William Moreno.

La Directora del SENA Gina Parody debe a comparecer al juzgado para imputación de cargos por calumnia contra el Concejal William Moreno, el miércoles 7 de Mayo de 2014, a las 2:00 pm, en los juzgados de la Calle 16 No. 7-39 Piso 1- Edificio Convida.

La Bogotá que deja Petro en cifras

Jorge Iván González*
 ​Aunque muchos analistas- incluso en esta revista- hacen un balance negativo sobre su alcaldía, las estadísticas en áreas como el PIB, el empleo, la construcción, la competitividad y la pobreza favorecen al exalcalde. Aquí, un balance de cada una de ellas.

Buenas estadísticas
Entre las críticas que se le han hecho a la administración Petro, figura en forma  reiterada la “parálisis” que padeció la ciudad. Igualmente se insiste en la “caída” de la actividad económica durante estos años.

Bogotá pasó a ocupar el primer puesto en reducir la incidencia de la pobreza.

Esas apreciaciones no son ciertas. Si se miran de cerca las estadísticas de la capital se encuentra que no solo mejoraron las variables económicas en 2012 y 2013 sino que Bogotá pasó a ocupar el primer puesto en reducir la incidencia de la pobreza.

“El caso Petro”: ¿aprenderemos las lecciones?

  

   En este caso se cruzan intereses políticos, económicos y personales y van quedando lecciones importantes sobre la democracia y las instituciones colombianas. Urge revisar los poderes del procurador y reflexionar sobre los actos de algunas Cortes.

El espinoso camino de Petro
   La trayectoria política de Gustavo Petro ilustra bien el tránsito exitoso de algunos líderes entre la acción armada y la lucha electoral. Petro fue un guerrillero del M-19 que se plegó al proceso de paz del presidente Barco (1986-1990), entregó las armas, se desmovilizó, fue cobijado por el indulto y se propuso impulsar su proyecto de sociedad mediante las elecciones.

   Durante años se ha sometido a los procesos democráticos, fue varias veces elegido en corporaciones y ejerció con honestidad y  competencia el cargo de Senador. Como congresista adelantó debates de control decisivos para desenmascarar conductas criminales, y logró que la justicia sancionara hechos tan graves como los de la “parapolítica”, el paramilitarismo y los abusos de grupos guerrilleros. Sus denuncias lo proyectaron como uno de los congresistas más serios y eficaces, pero también le granjearon enemigos que no pudieron perdonar su independencia.

   Fue candidato presidencial; fundó el movimiento Progresistas  y, tras las elecciones de 2010, enfiló baterías contra los corruptos del denominado “carrusel de la contratación”. Petro ganó las elecciones de 2011 y pasó del Congreso a la alcaldía de Bogotá. El segundo cargo del país en manos de un exguerrillero y un fuerte opositor de la clase política tradicional.
Bolsas de basura en la troncal de la Caracas. 
Foto: Oneris Daniel Rico García

Hay que sacar al alcalde
   - Desde el comienzo de su gestión,  Petro sufrió los ataques de sus malquerientes, que han buscado por todos los medios sacarlo del cargo y acabar con su carrera política.
   - Le endilgaron el delito de pánico económico por proponer la fusión de las empresas públicas de Bogotá.
   · Demandaron su elección con el argumento peregrino de que Petro estaba inhabilitado por haber sido condenado a pena privativa de la libertad por posesión ilegal de armas, según fallo de un tribunal penal militar. Partían del error de suponer que este delito no tenía conexidad evidente  con el delito político de rebelión por el cual fue indultado: no en vano los guerrilleros se llaman “alzados en armas”. 
   · Después quisieron frustrar en el Concejo su proyecto de reforma del Plan de Ordenamiento Territorial y criticaron sus decisiones en forma sistemática.
   · Tiempo después se le acusó por haber cumplido un fallo de la Corte Constitucional sobre la recolección de basuras en Bogotá. El alcalde decidió trasladar la prestación de este servicio público a una empresa pública: ésta debería ser la regla general, así  el procurador diga que eso implicaba una violación a la libre empresa.
   · Frente a la decisión de Petro aparecieron los saboteadores que inundaron la ciudad con desperdicios para causar una crisis. ¿Quiénes estaban tras el sabotaje? Yo no puedo decirlo con certeza, pero cabe preguntarse ¿a quién beneficiaba una ciudad sucia en esos días de diciembre de 2012? No precisamente al alcalde; pero lograron inculparlo del caos.
Para sacar al alcalde adoptaron dos estrategias
simultáneas: el proceso disciplinario en la Procuraduría 

   · Para sacar al alcalde adoptaron dos estrategias simultáneas: el proceso disciplinario en la Procuraduría y la revocatoria del mandato.  ¿Quiénes y por qué?;  ¿A quién beneficiaba la eliminación política de Petro?

Decisión muy discutible
   Vino después la decisión del procurador Ordóñez, precedida por la investigación parcializada y donde se dieron muchas violaciones del debido proceso.

   En esta decisión se irrespetó el principio constitucional de legalidad. Las conductas endilgadas y no demostradas a Petro -ser “mal alcalde”, en palabras del propio procurador (fuente) ante los medios, y haber violado la libre empresa por entregar lo público a entidades públicas- no constituyen faltas disciplinarias. En todo caso, si fueran faltas, no serían gravísimas, como las calificó la Procuraduría. No daban lugar a la destitución, y de ninguna manera a una inhabilidad de quince años para ejercer cargos públicos.
   ¿Hubo errores del alcalde? Puede ser; depende del  enfoque para evaluar este tipo de actuaciones. Los neoliberales rampantes dirán que entregar cualquier servicio público a una empresa pública es un error, pero otra cosa pensaría quien pretenda hacer real el Estado Social de Derecho o cumplir una sentencia de la Corte Constitucional.
   Pero en gracia de discusión, digamos que hubo errores. Si los errores ameritan juzgar y sancionar disciplinaria y políticamente a quienes los cometen, ¿cuál debió ser la  suerte de quienes permitieron los ilícitos en la cárcel “la Catedral”? ¿o la de quienes efectuaron el despeje del Caguán? ¿O la del procurador por designar en su Despacho a familiares de magistrados competentes para postularlo o de congresistas llamados a reelegirlo, o por haber desacatado sentencias de la Corte Constitucional debido  a sus convicciones religiosas?


El mercado, la Constitución y el procurador
El Procurador General, Alejandro Ordóñez
​Foto: Procuraduría General de la Nación
   El procurador sostuvo (fuente) ante los medios que el alcalde no había seguido las órdenes de la Corte Constitucional y señaló que ese tribunal no le había ordenado contratar el  servicio con entidades estatales. Es decir, que la falta disciplinaria, calificada como “gravísima” y suficiente para destituir e inhabilitar al funcionario, consistió en realidad en  adoptar una decisión administrativa para ejecutar una política pública –ni más ni menos-.

   La sanción supone que la Constitución prohíbe confiar parcialmente  un servicio público a una entidad pública. El artículo 365 dice lo contrario: “los servicios públicos son inherentes a la finalidad social del Estado” (…) “…podrán ser prestados por el Estado, directa o indirectamente, por comunidades organizadas o por particulares”. La norma agrega que “en todo caso, el Estado mantendrá la regulación, el control y la vigilancia de dichos servicios”. Pero, para el procurador, confiar un servicio público a una empresa pública es falta disciplinaria porque se atenta contra la libre empresa.

   El procurador es capaz de transformar  la lista legal –taxativa- de las faltas disciplinarias (Código Disciplinario Único)  en un catálogo personal y arbitrariamente manejado  que incluye sus propios conceptos neo-liberales acerca de lo que debe ser lo público –prácticamente nada, o muy excepcional-  y lo que, por regla prácticamente obligatoria, debe ser lo privado.

   Este funcionario, a ciencia y paciencia de demócratas y juristas, ha venido acumulando un excesivo poder, un poder contra todos –incluido el pueblo-  en parte porque se lo otorga la Constitución, y en parte por el abuso de las atribuciones existentes, mediante  interpretaciones expansivas, como lo demuestran este caso y el de Piedad Córdoba. El mensaje es claro: funcionario que no comulgue con los criterios personales del Procurador, en materia política, administrativa, económica, filosófica o religiosa, está perdido.
En lo tocante a la competencia del procurador, el artículo 323 de la Constitución estipula que “En los casos taxativamente señalados por la ley, el Presidente de la República suspenderá o destituirá al Alcalde Mayor”. Y aunque se diga que el Presidente no tiene más  camino que cumplir lo dispuesto por el procurador, me niego a admitir que el Jefe del Estado sea un firmón de cuanto le parezca decretar a la cabeza del Ministerio Público.
El procurador es capaz de transformar  la lista legal –taxativa- de las faltas disciplinarias (Código Disciplinario Único)  en un catálogo personal y arbitrariamente.
¿Y las altas cortes?
   Las actuaciones de las altas cortes no han sido claras ni transparentes.
 
   Por una parte la ponencia del magistrado Guillermo Vargas fue derrotada en la plenaria del Consejo de Estado. Aunque estaba muy bien documentada  no mereció un estudio serio y de fondo.
 
   Por otra parte dos altos tribunales –el Consejo de Estado y el Consejo Superior de la Judicatura- resolvieron que todo estaba bien. Decidieron que no cabía una protección transitoria mediante acción de tutela, aunque estuviera prevista en la Constitución para evitar un perjuicio irremediable como el que afronta el alcalde Petro. Dudosa decisión. 

   Tampoco estuvo bien que los magistrados que tienen familiares o relacionados nombrados por el procurador y que trabajan en la Procuraduría no hayan sido separados de la decisión. Quedaron en duda su transparencia e imparcialidad.

   En cuarto lugar habría recordar que uno de los principios esenciales de la democracia en lo que atañe a la administración de justicia es la denominada “autonomía funcional del juez”. Para explicarlo de manera simple, es algo así como aquello de que “cada alcalde manda en su año” (o “cada presidente en su período”). En materia de justicia significa que una vez radicado un asunto en cabeza de un cierto juez o tribunal, este debe contar con autonomía  para que todos los demás jueces o tribunales –incluidos sus superiores- le  permitan fallar  según su criterio, sobre la base de las pruebas existentes y de su interpretación del sistema jurídico aplicable.

   Si esto es claro en el Derecho interno, con mayor razón respecto de decisiones de tribunales  internacionales. Por eso no se debió -y fue irrespetuoso- enviar mensajes o instrucciones del Consejo de Estado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre una decisión que según el Pacto de San José es competencia exclusiva de esta Corte. 

   Esa actuación desconoce además el artículo 93 de la Constitución, según  el cual los derechos y libertades en ella contemplados se interpretan de conformidad con los Tratados Internacionales sobre Derechos Humanos ratificados por Colombia. Se olvidó también que la ley puede reglamentar el ejercicio de los derechos políticos por razones de edad, nacionalidad, residencia, idioma, instrucción, capacidad civil o mental, o condena, solo por “juez competente, en proceso penal”. Como el procurador no es un juez, carecía de competencia en este caso y el proceso que adelantó no fue judicial, ni penal, sino puramente administrativo.
Funcionario que no comulgue con los criterios personales del Procurador, en materia política, administrativa, económica, filosófica o religiosa, está perdido.

Lecciones
El “caso Petro” nos deja muchas lecciones:
   · El proceso irregular y la arbitraria sanción del procurador envían un pésimo mensaje a quien buscan salir del conflicto armado para acogerse a la democracia.
   · Deben ser revisadas –urgentemente- las desmedidas atribuciones del Procurador.
   · Los futuros procuradores deben examinar sus reales atribuciones, para evitar  abusos.
   · Los altos tribunales deben garantizar imparcialidad y transparencia en sus fallos. Es necesario que se expresen y acepten los impedimentos cuando existan posibles conflictos de intereses.
   · En Colombia -para mal de nuestra democracia- un ciudadano elegido por voto popular puede ser removido fácilmente por una autoridad administrativa sin explicaciones, sin fundamento ni competencia.

   Hay quienes afirman que en Colombia no hay “complots”. Pero, –como sucede con las brujas- "que los hay, los hay". Y muchas veces los complotados logran sus propósitos.


* Cofundador de Razón Pública. Para ver el perfil del autor, haga clik en este enlace.   

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