Compensación por tala de árboles en Bogotá no garantiza equilibrio ecológico

Entre 2016 y 2020 se registraron en Bogotá más de 105.000 intervenciones en
el arbolado urbano, entre talas, podas y traslados.
Foto: archivo Unimedios.

agenciadenoticias.unal.- El Manual de silvicultura urbana para Bogotá, presentado por la Secretaría de Ambiente de Bogotá, establece que toda intervención en el arbolado debe garantizar la continuidad de las relaciones ecosistémicas, pero la ciudad mantiene un déficit evidente frente a este principio.

La verificación en campo desarrollada por Laurenst Rojas Velandia, magíster en Gobierno Urbano de la Universidad Nacional de Colombia (UNAL), estableció que los árboles retirados en localidades densamente pobladas como Kennedy, Suba y Engativá fueron compensados con nuevas siembras en zonas periféricas como Usme y Sumapaz.

“Tales redistribuciones no garantizan la recuperación de beneficios ambientales en los barrios más afectados, donde la sombra, la regulación térmica y la calidad del aire son necesidades inmediatas”.

“El problema no es que se siembren árboles, sino que se siembran lejos de donde se talaron; así, la comunidad que perdió el beneficio ambiental nunca lo recupera. Un árbol en Usme no compensa la sombra que se perdió en Kennedy ni regula la temperatura en Suba o Engativá”, señala el investigador.

El sistema de compensación en la ciudad funciona a través de permisos de intervención autorizados por la Secretaría Distrital de Ambiente a entidades públicas, constructoras o particulares que requieren talar o trasladar árboles para obras y proyectos. Estas intervenciones se deben compensar con la siembra de nuevos ejemplares. Siendo así, la administración distrital advierte que por cada árbol talado se deben sembrar 8 nuevos.

Según la Organización Mundial de la Salud en el mundo debería existir al menos un árbol por cada tres habitantes, pero las cifras distritales muestran que en Bogotá la relación es de 0,17 árboles por cada habitante. La ciudad afronta un déficit de al menos 1.243.761 árboles para cumplir con la norma ambiental, y aunque la ciudad cuenta con 1.434.455 árboles, su población de más de 8 millones requiere cerca de 2,6 millones para alcanzar el equilibrio ecológico mínimo. 

Inconsistencias que ponen en duda la transparencia ambiental

Toda intervención en el arbolado debe garantizar la continuidad
de las relaciones ecosistémicas.
Foto: archivo Unimedios.

Para llegar a estos hallazgos, el magíster Rojas comparó los listados oficiales entregados por la Secretaría Distrital de Ambiente con recorridos de verificación en distintas localidades. Así confirmó que alrededor del 78 % de los árboles reportados sí estaban en el terreno, un 8 % no se pudo localizar por falta de datos claros, y el 13 % restante simplemente no existía en los sitios señalados, lo que evidencia inconsistencias en la compensación.

“Más que contar cuántos árboles se plantaron, los recorridos muestran que la información oficial tiene vacíos y no permite dimensionar claramente la efectividad de la compensación. Sin datos confiables, la ciudadanía no logra medir la magnitud de la pérdida ni exigir correctivos a las autoridades”, subraya el magíster.

El problema radica no solo en las cifras sino en la forma como se ejecuta la compensación, lo cual lleva a que el modelo, lejos de equilibrar el ecosistema urbano, se limite a cumplir un requisito administrativo de reposición numérica que no conserva las relaciones ecológicas propias de cada territorio.

Bogotá enfrenta un déficit de al menos 1.243.761 árboles para
cumplir con la norma ambiental.
Foto: María Fernanda Londoño, Unimedios.

También constató las dificultades para acceder a la información oficial sobre tala y compensación. Los registros entregados por las entidades responsables resultaron incompletos, y en varios casos presentaron inconsistencias que impidieron un seguimiento claro de los árboles reportados. La falta de datos precisos no solo obstaculizó el trabajo de verificación, sino que también expone un problema de transparencia en la gestión ambiental del Distrito.

“La política de transparencia debe garantizar que la información sea asequible y entendible para cualquier ciudadano. Sin datos claros, la participación ciudadana se reduce y la rendición de cuentas pierde eficacia”, afirma.

Dos visiones enfrentadas sobre el valor del árbol

La conceptualización del árbol en la política pública resultó ser otro elemento central del estudio. Según el magíster, existen dos visiones predominantes de este recurso ambiental: una “ecocapitalista”, que concibe el árbol como un bien que se valora por los beneficios económicos que produce, y una visión “ecológica”, que lo entiende como parte de un entramado vital con suelos, agua, fauna y clima.

Los árboles talados suelen reponerse en lugares distintos, sin seguimiento
claro y con limitaciones en el acceso a la información.
Foto: Laurenst Rojas Velandia, magíster en Gobierno Urbano de la UNAL

Según la jurisprudencia y los tratados internacionales revisados, la perspectiva adoptada en Colombia se acerca a la segunda; sin embargo en dicho modelo persisten las fracturas. Un ejemplo ilustrativo es la emblemática avenida 68, donde la ejecución de obras demandó la tala de cientos de árboles. Aunque se realizaron compensaciones en otras áreas, el impacto ambiental y social en los barrios afectados fue inmediato.

Casos como este muestran que la política actual no responde a las necesidades del entorno inmediato ni a las exigencias del Manual de silvicultura, que orienta la gestión del arbolado en la ciudad.

Ciudadanía y control social sobre la política ambiental

La investigación también destaca el papel de la ciudadanía en la evaluación de las políticas ambientales, planteando que el estudio no se reduce al voto, sino que implica exigir información, verificar resultados y cuestionar las decisiones de la administración. En ese sentido, la metodología propuesta le permite a cualquier persona ejercer control social sobre la gestión ambiental.

Laurenst Rojas Velandia, magíster en Gobierno Urbano de
la Universidad Nacional de Colombia.

Entre las recomendaciones se encuentran: articular la planeación urbana con los planes de siembra y capacitar a los funcionarios para facilitar el acceso ciudadano a los datos.

El magíster Rojas insiste en que el desafío para Bogotá es replantear el modelo de compensación y avanzar hacia una gestión ambiental que cumpla estándares internacionales, fortalezca la transparencia y promueva un verdadero control ciudadano.

Bicitaxismo en Bogotá, un servicio importante ignorado por la política pública

En Bogotá cientos de bicitaxis ruedan a diario por barrios en los que el sistema de transporte no suple las necesidades de movilidad.

Foto: archivo Unimedios.

agenciadenoticias.unal.- “El problema no es técnico ni tecnológico: es un proceso que requiere de una política pública”, concluye en su investigación Olga Carolina Solano Fino, estudiante de la maestría en Gobierno Urbano de la Universidad Nacional de Colombia (UNAL). Su trabajo, desarrollado entre 2023 y 2025, advierte que el bicitaxismo no ha sido gestionado por las autoridades distritales pese a su importancia en barrios populares, en donde cumple funciones fundamentales como alimentador del sistema BRT (sistema de autobús de transito rápido) o el transporte cotidiano local puerta a puerta.

Entre los principales obstáculos para su integración a la oferta formal de transporte en Bogotá, la magíster identifica: la falta de voluntad política del Concejo para regular el servicio; una normativa nacional (como la Resolución 3256 de 2018) cuya aplicación llevaría a desconocer la realidad territorial porque se diseñó sin considerar el contexto urbano, social y geográfico de Bogotá, y que terminó prohibiendo más del 50 % de los vehículos que operan hoy; la autogestión de asociaciones con intereses fragmentados ante la ausencia de control institucional; y los conflictos por el uso del espacio público, sin alternativas de parqueo ni rutas definidas.

“Existe desconexión entre lo exigido por la norma y lo que ocurre en el territorio”, señala la investigadora. Por ejemplo, la Resolución permite solo tricimóviles eléctricos, dejando por fuera a casi todos los conductores que cuentan con motores de otro tipo, y cuya aplicación implicaría para ellos un proceso costoso que pocos podrán realizar, llevándolos probablemente a endeudarse, a convertirse en arrendatarios, o a perder su fuente de ingreso.

Además, aunque la norma exige que los bicitaxis circulen por el centro del carril, en la práctica lo hacen por ciclorrutas, andenes o zonas peatonales, donde encuentran espacio disponible. “Esta contradicción normativa genera choques territoriales y demuestra que el diseño legal no se adapta a la realidad urbana”, recalca la magíster.

El caso de Bogotá es aún más crítico porque la ciudad tiene compromisos de movilidad urbana sostenible como el Plan de Ordenamiento Territorial “Bogotá Reverdece 2022–2035”, el cual promueve el uso de modos no motorizados y la intermodalidad con enfoque territorial y social, pero sigue excluyendo de su sistema oficial un servicio reconocido y usado por la ciudadanía, especialmente en zonas con urbanización informal, alta densidad poblacional y poca cobertura del SITP.

De la inacción a la resistencia normativa

De acuerdo con los periodos descritos, se pasó de una inacción nacional de 18 años a una acción tardía forzada por la presión ciudadana: fue solo hasta la Sentencia T-442 de 2013, en la que participaron activamente varias asociaciones de bicitaxistas, que se impulsó la expedición de la Resolución 3256 de 2018.

Mientras el Distrito promueve la bicicleta como símbolo de movilidad urbana

sostenible, ignora la solución que viene ofreciendo el bicitaxismo.

Sin embargo, cinco años después, con la Resolución 137609 de 2023, Bogotá apenas ha regulado la circulación de estos vehículos en algunas vías específicas, debido a las fricciones que su operación genera con otros actores viales (peatones, ciclistas, conductores de otros vehículos, pasajeros o agentes de tránsito). Mientras tanto, el Concejo de Bogotá ha frenado cualquier intento de avanzar en una política local: los 29 proyectos de acuerdo sobre el tema han sido archivados sin pasar de la primera instancia, y catorce de ellos fueron radicados solo en los últimos tres años, es decir, casi el 50 % del total.

A su vez, el Ministerio de Transporte no definió sino hasta 2024 los lineamientos para la homologación de los vehículos, aspecto que el Distrito había señalado como uno de los principales obstáculos para avanzar en su formalización como política pública.

¿Por qué Bogotá no formaliza el bicitaxi?

En el trabajo se identificaron 16 factores críticos agrupados en tres dimensiones: operacional, organizacional y territorial. Para sustentarlos, la estudiante desarrolló un análisis detallado de la normatividad nacional y distrital, revisó experiencias internacionales de formalización en ciudades como Nueva York, Londres o Austin, y realizó un estudio de caso en dos localidades emblemáticas de la ciudad: Kennedy y Ciudad Bolívar.

Allí observó el funcionamiento del servicio en puntos como Patio Bonito, Madelena y la carrera 86 con calle 10, zonas en las que estos vehículos fungen como alimentadores del sistema TransMilenio o como transporte cotidiano local. Las diferencias entre ambos sectores también evidencian la necesidad de aplicar un enfoque territorial: mientras Madelena cuenta con andenes amplios y ciclorrutas planificadas, Patio Bonito presenta una marcada concentración de población de bajos ingresos y personas migrantes, además de aceras estrechas.

El bicitaxismo es una respuesta local que presta un servicio más

eficiente que el del transporte formal.

Foto: archivo Unimedios.

“Este contexto explica no solo la alta demanda de un transporte asequible y flexible como el bicitaxismo, sino también los riesgos que enfrentan peatones y conductores en su tránsito diario”, señala la investigadora.

Ella también realizó un sondeo a 58 conductores organizados e independientes, a quienes les preguntó por sus condiciones laborales, su percepción sobre la posibilidad de formalizarse y los principales obstáculos que enfrentan para operar.

“Siete conductores manifestaron miedo a perder sus ingresos si la norma les exige cambiar de vehículo, o someterse a perder la forma en que operan, pues les implicaría limitarse a puntos establecidos y perderían el ingreso extra por acarreos o viajes largos”, explica.

Bicitaxis que prestan servicio de alimentación entre el Portal Américas y Patio

Bonito, en la localidad de Kennedy.

Imagen elaborada por la magíster Olga Carolina Solano Fino.

Sin embargo, 52 dijeron estar dispuesto a ser formalizados, por el cansancio de las inmovilizaciones continuas a su vehículo y sus malas condiciones laborales. La realidad socioeconómica de los conductores evidencia que ellos no cuentan con los recursos económicos para cumplir los requisitos técnicos, como el cambio del vehículo o la adquisición de una licencia. Esto agravaría el desempleo en el sector y favorecería el arriendo de bicitaxis, una práctica que precariza aún más su trabajo porque reducen sus ingresos actuales.

Durante su trabajo de campo la investigadora evidenció que, ante la falta de regulación, muchas asociaciones de bicitaxistas se han organizado por su cuenta, cada una con sus propias reglas, recorridos y formas de operar. Han distribuido el territorio observando 3 tipos de organizaciones: una tipo monopolio, en Madelena, con una única asociación; las asociaciones en competencia en Kennedy, que cuentan con su zona de parqueo y puntos de recogida; y los independientes, cuyas rutas no son claras y no cuentan con un control sobre el servicio.

Esta complejidad en la prestación del servicio complica aún más cualquier intento de integrarlas al sistema oficial. “En Bogotá no hay una sola forma de hacer bicitaxismo, cada grupo trabaja según la estructura morfológica y el espacio público con que cuentan”, afirma.

Otro punto crítico es la exigencia de una licencia de funcionamiento, que excluiría a los migrantes, adultos mayores o trabajadores informales sin documentación, quienes han encontrado en este servicio una fuente de ingresos asequible. “Si no se piensa una política que tenga en cuenta estas trayectorias, se corre el riesgo de formalizar a costa de expulsar”, advierte la magíster.

El bicitaxismo no ha sido gestionado por las autoridades distritales, pese a

su importancia en barrios populares.

Imagen elaborada por la magíster Olga Carolina Solano Fino.

Mientras el Distrito promueve la bicicleta como símbolo de movilidad urbana sostenible, ignora una realidad que ya está en marcha, y es que el bicitaxismo es un actor urbano que cumple una función social clara, sobre todo en sectores populares en donde los desplazamientos para hacer el mercado, ir al colegio, al trabajo o al centro comercial es suplido por este modo de transporte.

La investigación propone que, en vez de perseguir el servicio, se construya una política pública que lo reconozca, regule y articule a la red oficial. Para eso, dice la autora, es necesario dejar de ver el bicitaxi como un “problema informal” y empezar a verlo como una solución que surgió desde el territorio para llenar los vacíos del Estado.

La Maestría en Gobierno Urbano es un programa gestionado académicamente por el Instituto de Estudios Urbanos (IEU) y forma parte de la oferta de la Facultad de Ciencias Económicas de la UNAL.

Fibra de coco fortalece los suelos donde crece el arándano

En los últimos años el arándano se ha convertido en uno de los cultivos más prometedores de Colombia.
Foto: ERMAL META/AFP

agenciadenoticias.unal.- El fertirriego es una técnica que combina riego y fertilización en un solo paso y se ha convertido en una de las claves para el cultivo eficiente del arándano. Así, los nutrientes se disuelven en el agua y llegan directamente a las raíces a través de tuberías, mangueras y goteros, lo cual permite nutrir cada planta con precisión y sin desperdicios.

El ingeniero agrícola Carlos González Murillo, profesor de la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional de Colombia (UNAL) Sede Bogotá, experto en fertirriego sobre sustratos, ha trabajado por más de 10 años en esta área y compartió su experiencia durante una charla ofrecida en la XXV Agroexpo, en donde presentó avances y recomendaciones para aplicar esta técnica en cultivos como flores, y más recientemente en arándanos.

Profesor Carlos Alberto González Murillo, del Departamento
de Ingeniería Civil y Agrícola de la UNAL.
Foto: María Fernanda Londoño de la Hoz, Unimedios.

Esta técnica funciona especialmente bien cuando se cultiva sobre sustratos artificiales como la fibra de coco, la cascarilla de arroz o la corteza de pino. Estos materiales permiten crear camas sobre el suelo, que protegen las raíces de enfermedades y ofrecen condiciones más controladas. En el caso del arándano, la fibra de coco es ideal porque tiene un pH ajustable —perfecto para esta planta, que prefiere suelos entre 4,5 y 5,5—, y además facilita la aireación y la retención de agua sin generar encharcamientos

“Este tipo de producción sobre sustrato comenzó a expandirse en Colombia debido a la necesidad de enfrentar problemas como el hongo Fusarium oxysporum, que afecta cultivos en suelo tradicional, especialmente en flores como el clavel y la rosa. Dicho microorganismo ataca las raíces y bloquea el transporte de agua y nutrientes en la planta causando marchitamiento; aunque una de las plantas que más ataca es el plátano, aún no se usan sustratos en sus suelos”, explica el experto.

Las técnicas de riego son fundamentales para tener cultivos más productivos.
Fotos: Foto: archivo Unimedios

Comenta además que “empezamos a trabajar en esto cuando una de las principales empresas floricultoras del país llegó a la Universidad buscando soluciones, pues a los dos o tres años sus cultivos en suelo estaban perdiendo productividad”.

“Desde entonces el uso de sustratos ha demostrado ser una herramienta eficaz; hoy entre un 40 y 50 % de los cultivos de rosa y clavel se siembran en sustratos como fibra de coco o cascarilla de arroz, y esa misma tecnología se está empezando a aplicar con éxito en el arándano”, destaca.

Estas técnicas surgieron para combatir la acción del hongo Fusarium oxysporum
en los cultivos de clavel y rosa.

Por ejemplo en Sotaquirá (Boyacá) ya hay unas 120 hectáreas de arándano sembradas en sustrato, y se espera que en los próximos años esa cifra llegue a las 300 hectáreas, gracias a los buenos resultados que ha demostrado esta técnica.

Fórmula para un cultivo más eficiente

El potencial del sustrato de fibra de coco es notable: puede durar entre 2 y 4 años sin perder sus propiedades físicas, permite una alta densidad de siembra, mejora la eficiencia del riego y reduce el uso de fertilizantes.

El coco y sus derivados, entre ellos la fibra, son aliados perfectos para
los cultivos de arándano en el país.

“Además el país tiene condiciones climáticas y geográficas ideales para producir esta fibra localmente, en particular en regiones como el Pacífico colombiano o el departamento del Cesar, lo que evitaría depender de importaciones desde países como India o Indonesia”, anota el ingeniero González.

Agregó que otros cultivos estratégicos, como el aguacate Hass o el cannabis medicinal, también se beneficiarían del uso de sustratos y fertirriego, aunque aún falta investigación adaptada a cada uno.

El cannabis medicinal también se beneficiaría de esta técnica, pero aún hace
falta más investigación en Colombia.

“Es fundamental que todos los productores comprendan que si tienen sustratos homogéneos pueden aplicar cantidades iguales de agua y nutrientes, lo que hace más eficiente todo el sistema. Ese es el corazón del fertirriego: la uniformidad y el control”, explica.

Según la agencia gubernamental Procolombia, el arándano es un cultivo que ha logrado cuadruplicar su producción desde el 2019; además en 2023 Colombia exportó más de 638 kilos de este alimento, generando más 3,3 millones de dólares.

Por eso, tener cada vez más una mejor producción de arándano es fundamental para los productores, lo cual ya se está implementando en lugares como Sotaquirá y Tenjo (Cundinamarca), con el conocimiento aportado por el profesor González y su equipo de trabajo, quienes ofrecen una técnica para potenciar de manera importante la capacidad de este cultivo para soportar suelos que no tienen la acidez que necesita, fortalecer las raíces y la respiración de la planta, y por ende sus frutos.

Boyacá y Cundinamarca son dos de los departamentos en donde ya hay empresas que utilizan sustratos para producir arándano.

Seguridad y confianza...

Mujer señalada de hurtar más de 400 millones de pesos a hombres utilizando sustancias tóxicas fue asegurada

Las acciones investigativas de la Fiscalía General de la Nación, permitieron la judicialización de Melisa Porras Domínguez, señalada de cometer cuantiosos robos en Bogotá, suministrando sustancias tóxicas a sus víctimas.

En este sentido, una fiscal adscrita a la Unidad de Hurtos de la Seccional Bogotá corrió traslado al escrito de acusación contra la procesada por los delitos de hurto calificado y hurto por medios informáticos; ambas conductas agravadas. Los cargos no fueron aceptados por la mujer.

El material de prueba en poder de la Fiscalía evidencia que Porras Domínguez, presuntamente, hacía uso de plataformas de citas para contactar a las víctimas, además de intercambiar contenido fotográfico para ganarse su confianza, utilizando distintos perfiles con seudónimos como ´Salomé’, ‘Alejandra’, ‘Gabriela’ y ‘Erika’.

La Fiscalía puso en evidencia el actuar ilegal de Melisa Porras Domínguez, quien estaría involucrada en cuantiosos hurtos en los que a las víctimas les fueron suministradas sustancias toxicas para ponerlas en estado de indefensión. La procesada acordaba encuentros con los… pic.twitter.com/vMoRZaDKpk

— Fiscalía Colombia (@FiscaliaCol) July 3, 2025

Posteriormente, acordaba encuentros presenciales, en las viviendas de los ciudadanos donde, al parecer, les suministraba alguna bebida en la que eran mezclados medicamentos psicotrópicos para adormecer a las víctimas y dejarlas en estado de indefensión.

De esta manera les hurtaba las pertenencias de valor, dinero en efectivo y de sus cuentas bancarias. En el curso de la investigación se estableció que la procesada habría cometido 11 robos en esta modalidad, por una cuantía superior a los 400.000.000 de pesos.

Un juez con función de control de garantías accedió a la solicitud de la Fiscalía y privó de la libertad a Melisa Porras Domínguez en un establecimiento carcelario.

La captura de la investigada fue materializada a través de una orden judicial en el barrio El Paraíso en Ciudad Bolívar, en el sur de Bogotá, por el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI).