Las prórrogas de mega contratos desfavorables para Bogotá están cortadas con la misma tijera

Las prórrogas de contratos leoninos que están haciendo carrera en esta administración siguen un mismo formato, muy inconveniente para la ciudad. No se trata de casos aislados, como lo muestran los paraderos del SITP, el registro de automotores y conductores y las fases I y II de Transmilenio.

Carlos Vicente de Roux. - El 4 de marzo pasado Gustavo Petro se subió en el techo de una camioneta y le dio la cara a la multitud que protestaba por el mal servicio de Transmilenio (TM) en el Portal de Suba. Desde allí le pidió apoyo a la gente para modificar los contratos con las empresas operadoras. “A nosotros –señaló– no nos conviene tener los contratos firmados hace 10 años, prorrogados indefinidamente”. Sin embargo, él mismo había autorizado ocho meses atrás una prórroga de tres años, muy favorable para las empresas. Y tres meses más adelante, en junio, intentaría nombrar como gerente de Transmilenio S. A. al presidente del gremio de los grandes transportadores, amigo cercano del abogado de las operadoras en la negociación de la prórroga.
Este caso no es único. La práctica de prorrogar mega contratos desequilibrados para la ciudad en vez de aprovechar su vencimiento para sacarlos a licitación y poner a competir a muchos oferentes en provecho de la ciudad, fue criticada en el informe sobre el carrusel suscrito por Petro, Avellaneda y de Roux. Sin embargo, ha hecho carrera en el actual gobierno.

En febrero de 2013 venció el contrato de 2001 en que la Defensoría del Espacio Público, DADEP, entregó en concesión a la firma EUCOL la instalación y explotación de 1.113 paraderos de buses y otro mobiliario urbano. La administración lo prolongó, sin sacarlo a licitación.

Las renegociaciones de contratos desbalanceados siguen el mismo formato. No están acompañadas de un clima de discusión técnica dentro de las entidades. Hubo un gerente de Transmilenio S. A. al que se le crispaban los nervios de sólo oír hablar contra la prórroga. Otro trasladó el tema a unas consultorías externas de alto nivel que recomendaron hacer la licitación, pero las desatendió olímpicamente.

Se trabaja con los datos de los propios contratistas y no se hacen estudios serios de costos y rentabilidades para orientar las negociaciones. Se desconoce que la inversión de los empresarios (en buses, instalaciones…) ya se encuentra amortizada, lo que dispara la rentabilidad y ameritaría rebajas radicales en el precio de los servicios.

Es patética la falta de un estudio sobre la rentabilidad de los paraderos de EUCOL. El que hizo la Secretaría de Movilidad para justificar la renegociación del contrato de registro de automotores también es muy inquietante. No formula una estimación propia de los costos de operación, y concluye que el concesionario obtendrá una rentabilidad tan ajustada (9.5% real al año), que parecería inexplicable que se haya echado encima un contrato de tanta responsabilidad.