San Juan de Dios; reparación de una deuda histórica con la salud pública, la ciencia y la memoria del país.

En un hecho histórico para la salud pública y el patrimonio cultural de Colombia, el Gobierno del presidente Gustavo Petro aprobó el Documento CONPES 4162 de 2025, que declara la recuperación del Hospital San Juan de Dios y del Instituto Materno Infantil como un proyecto de importancia estratégica para el país y como política de Estado.

La decisión, avalada por el Consejo Nacional de Política Económica y Social (CONPES) y el CONFIS, asegura la continuidad de los recursos y las inversiones necesarias hasta el año 2034, garantizando que la restauración del complejo hospitalario avance más allá del actual periodo de gobierno.

El documento, formulado por el Departamento Nacional de Planeación (DNP) en coordinación con el Ministerio de Salud y Protección Social y el Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes, contempla una inversión total de $1,67 billones de pesos, de los cuales $1,61 billones serán ejecutados por el Ministerio de Salud entre 2026 y 2034, y $61 mil millones por el Ministerio de las Culturas en 2027, mediante vigencias futuras.

El presidente Petro destacó que esta decisión marca un punto de inflexión en la defensa de lo público, la protección del patrimonio y la dignificación de la vida, al convertir en política de Estado una lucha ciudadana de más de dos décadas.

La ministra de las Culturas, Yannai Kadamani, resaltó que “gracias al trabajo conjunto entre la Nación y el Distrito, y al compromiso del Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes, muy pronto este patrimonio podrá ponerse al servicio de la salud y del bienestar colectivo. Es un paso más en nuestro propósito de que los espacios culturales sean también lugares de cuidado, vida y transformación”.

La directora del DNP, Natalia Irene Molina Posso, señaló que la aprobación de este documento demuestra el sentido social de la planeación:

“Cumplimos el compromiso del Plan Nacional de Desarrollo de devolverle al país el San Juan de Dios como patrimonio de todas y todos, y demostramos que recuperar lo público sí es posible cuando se responde a una demanda popular con voluntad política. Hoy dejamos un precedente: una lucha ciudadana puede convertirse en una política de Estado”.

Un patrimonio que vuelve a la vida

Fundado en 1564, el San Juan de Dios fue el primer hospital del país y uno de los más importantes de América Latina. En sus instalaciones se realizaron las primeras cirugías de alta complejidad, se formaron generaciones de médicos y se desarrollaron avances reconocidos internacionalmente, como el Método Madre Canguro en la década de 1970.

Su arquitectura combina elementos coloniales y republicanos con estructuras del siglo XX, y refleja cinco siglos de historia médica, científica y cultural. Por su valor patrimonial, fue declarado Bien de Interés Cultural de la Nación mediante la Ley 735 de 2002.

El CONPES 4162 define la hoja de ruta para su recuperación integral, que incluye estudios técnicos, reforzamiento estructural, adecuación de edificaciones, construcción de nuevos bloques hospitalarios y la dotación con equipos biomédicos y tecnología de última generación.

Un símbolo de salud y dignidad

La reapertura del complejo hospitalario beneficiará a más de 4,1 millones de personas, con una infraestructura proyectada de 600 camas, 180 consultorios y más de 100 espacios especializados, entre ellos quirófanos, UCI, laboratorios y salas de diagnóstico. Se estima que para 2034 se realicen cerca de 466 mil consultas especializadas anuales, consolidando al San Juan como centro nacional de atención de alta complejidad, docencia e investigación biomédica.

En diciembre de 2024 se entregó restaurado el Edificio Mantenimiento, que albergará el Centro Nacional de Simulación y Telesalud, dedicado a la formación médica y la innovación científica. Actualmente, trece edificios más se encuentran en obra, con entrega prevista para el primer semestre de 2026.

Con la aprobación del CONPES 4162 el Gobierno del Cambio reafirma que el patrimonio sí importa. Que los símbolos no se derriban: se restauran, se dignifican y se devuelven al pueblo.

La recuperación del San Juan de Dios no es solo la reapertura de un hospital, sino la reparación de una deuda histórica con la salud pública, la ciencia y la memoria del país.

Corte ordena solicitar estudio sobre amenaza y riesgo del barrio Los Alpes

Corte le ordenó a la Secretaría del Hábitat de Bogotá solicitar al Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático (IDIGER) un concepto técnico que evalúe las condiciones de amenaza y riesgo del barrio Los Alpes

La decisión de la Sala Quinta de Revisión obedece al estudio de una tutela que formularon cuatro ciudadanos quienes consideraron vulnerados sus derechos a la vivienda digna, la vida y la seguridad personal toda vez que no se realizaron las gestiones correspondientes para reubicarlos y garantizarles la vivienda en un lugar seguro en el que no se presente riesgo de derrumbe o destrucción.

La Sala amparó los derechos de los ciudadanos al considerar que el Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático (IDIGER), pese a tener conocimiento de que las viviendas de los accionantes están ubicadas en una zona de suelos de protección por riesgo, no ha definido si este se puede mitigar.

La Corte señaló que, en diciembre de 2020, la Alcaldía Mayor de Bogotá creó un programa que regula el reasentamiento de familias en caso de encontrarse en condiciones de alto riesgo no mitigable en la ciudad. Para la ejecución de dicho programa el IDIGER tiene la obligación de elaborar un concepto técnico por medio del cual recomiende la reubicación de hogares localizados en las zonas señaladas y establecer la prioridad de tal reasentamiento.

Si bien la Corte tiene claro que la entidad estatal realizó un diagnóstico técnico sobre los predios de los accionantes, lo cierto es que hasta la fecha no ha emitido un concepto técnico que establezca restricciones para la ocupación del suelo, ni mucho menos recomendaciones a las distintas autoridades para el uso de las zonas expuestas a condiciones de amenaza. El IDIGER basó su posición en que no recibió una orden expresa de la Secretaría del Hábitat.

Para la Corte resulta inadmisible y reprochable esa justificación debido a que existen pruebas que dan cuenta de la amenaza inminente que recae sobre un sector del barrio Los Alpes ubicado en el sur de Bogotá. Así las cosas, para la Sala, el IDIGER desconoció el deber de seguridad e integridad de los accionantes.

El Tribunal reiteró los deberes de prevención de desastres y reubicación a cargo de las autoridades locales. En su jurisprudencia, la Corte ha establecido que es obligación de las autoridades locales mantener completa y actualizada la información de las zonas de alto riesgo de deslizamientos o derrumbes y adoptar las medidas necesarias para lograr la reubicación de las personas que habiten en zonas en las que las condiciones del terreno amenacen sus derechos.

En consecuencia, en el caso concreto, la Sala amparó los derechos de los accionantes, le ordenó a la Secretaría Distrital de Hábitat que le solicite al IDIGER la elaboración de un concepto técnico que evalúe las condiciones de amenaza y riesgo del barrio Los Alpes.

Asimismo, le ordenó al IDIGER que rinda un concepto, en el cual deberá i) establecer si el riesgo al que se someten sus viviendas es susceptible de ser mitigado, y ii) en caso de que el riesgo no sea mitigable, recomendar que los accionantes sean incluidos en un programa de reasentamiento de hogares localizados en zonas de alto riesgo no mitigable del Distrito Capital de Bogotá.

Sentencia T-122 de 2024

M.P. Jorge Enrique Ibáñez Najar

Glosario jurídico:

Los deberes de prevención de desastres y reubicación a cargo de las autoridades locales: Del derecho fundamental a la vivienda digna se deriva la obligación a cargo del Estado de establecer las condiciones de asequibilidad y habitabilidad de la vivienda para las personas que viven en zonas de alto riesgo, imperativo que desarrolló el Legislador en diversas disposiciones (Sentencia T-122 de 2024).

El derecho a la vivienda digna: El artículo 51 de la Constitución Política dispone: “todos los colombianos tienen derecho a vivienda digna. El Estado fijará las condiciones necesarias para hacer efectivo este derecho y promoverá planes de vivienda de interés social, sistemas adecuados de financiación a largo plazo y formas asociativas de ejecución de estos programas de vivienda”.

Comunidad campesina de Sumapaz notificada como Sujeto de Reparación Colectiva

En una decisión considerada histórica para el campesinado colombiano, el Gobierno del Cambio, a través de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, notificó a la comunidad de Sumapaz su reconocimiento como Sujeto de Reparación Colectiva.

 La decisión le permite a la comunidad campesina de la localidad 20 de Bogotá -la más grande y rural de la capital del país- ser reconocida como víctima del conflicto armado y, por tanto, ser incluida en el Registro Único de Víctimas (RUV), y dar inicio a la construcción de un Plan Integral de Reparación Colectiva en el que participarán la comunidad, la Unidad para las Víctimas, la Alcaldía de Sumapaz y el Distrito.

El acto público de reconocimiento se realizó este domingo 10 de marzo en Placitas, vereda Santa Rosa, de Sumapaz, y contó con la participación de la comunidad, autoridades locales, la Alcaldía de Bogotá y la Unidad de Víctimas a nombre del Gobierno del Cambio.

Este reconocimiento marca un precedente para la atención y reparación de otras comunidades campesinas en el país que, como en el caso de Sumapaz, han sido afectadas por el conflicto armado y la violencia.

El año pasado el Gobierno del Cambio logró la aprobación en el Congreso de la República del Acto Legislativo 01 del 5 de julio de 2023 “por medio del cual se reconoce al campesinado colombiano como sujeto de especial protección constitucional".

En diciembre de 2022 se constituyó la Zona de Reserva Campesina de Sumapaz para fomentar y proteger la economía campesina de la localidad.

Patricia Tobón, directora de la Unidad de Víctimas, destacó en el evento que “este es el primer reconocimiento a un sujeto campesino para la reparación colectiva. Aquí ocurrieron muchos hechos de violencia en el marco del conflicto armado interno que no habían sido reconocidos. Por eso la comunidad llevaba muchos años exigiendo este reconocimiento".

Sumapaz, corredor estratégico

​La localidad 20 de Sumapaz es netamente rural y se ubica en el extremo sur del Distrito Capital de Bogotá. Limita al norte con la localidad de Usme, al sur con el departamento del Huila, al oriente con los municipios de Une, Gutiérrez y con el departamento del Meta, y al occidente con los municipios de Pasca, San Bernardo, Cabrera y Venecia.

Por muchos años fue considerado como un corredor estratégico por los grupos armados para transitar desde y hacia Bogotá y los Llanos Orientales, Huila y Meta.

Los habitantes de la localidad sufrieron múltiples hechos victimizantes a causa del conflicto armado como amenazas, asesinatos, minas antipersona, desplazamientos forzados, reclutamiento forzado, entre otros, además de daño ambiental.

Según la Unidad de Víctimas, la Resolución-Acto Administrativo reconoce cuatro categorías de derechos: a la libre asociación, ambiente sano, libre circulación y seguridad en lo que respecta a las afectaciones a los derechos colectivos.

Agrega la entidad que en el Acto Legislativo 01 de 2023 se otorgó al campesinado derechos colectivos como la educación de calidad con pertinencia, salud, servicios públicos domiciliarios, vías terciarias, tierra, territorio, ambiente sano, acceso e intercambio de semillas, recursos naturales y diversidad biológica, agua, participación reforzada, conectividad digital, mejora de infraestructura rural, extensión agropecuaria y empresarial, asistencia técnica y tecnológica para generar valor agregado y medios de comercialización para sus productos.

Javier Ordoñez, un año de su asesinato. La gente exige justicia y reformas a la policía.

En la tarde y noche del 9 de septiembre, se llevó a cabo una nueva jornada de protestas en diferentes sectores de Bogotá, esto al cumplirse un año el asesinato de Javier Ordóñez a manos de la Policía.

La gente se manifestó en 16 puntos de concentración, el Esmad intervino en seis de estos; en el sector de la intersección de Yomasa, en Usme, en los barrios aledaños al Portal Américas; en el CAI de la Gaitana, en Suba y en el CAI de Villa Luz, Engativá, lugar donde asesinaron a Javier Ordoñez. En estos lugares se presentaron los enfrentamientos entre manifestantes y fuerza pública.

Policias agreden a Javier Ordonez

En el barrio Villa Luz, localidad de Engativá, sector donde ocurrieron los hechos que dejaron como resultado el asesinato de Javier Ordóñez, la vía principal fue colmada por manifestantes.

En general, según reportes de TransMilenio, cuatro buses del sistema fueron pintados con grafitis y daños en sus vidrios.

Otros informes cuentan de 10 ciudadanos y tres menores de edad retenidos por la policía.

Habitantes del sector de Usme se quejaron porque TransMilenio tomó la decisión de retirar los servicios alimentadores, provocando que cientos de personas tuvieran que caminar largas distancias para llegar a sus hogares.

Las protestas comenzaron de manera pacífica en todos los puntos y se realizaron actividades artísticas y velatones, sin embargo, al caer la noche, según el secretario de Gobierno, Luis Ernesto Gómez, personas distribuidas en las cuatro localidades arremetieron contra la infraestructura pública y privada, por lo cual, el Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad) tuvo que intervenir.

El secretario de Gobierno mencionó que en el barrio Villa Luz fueron destruidos dos cajeros automáticos y al terminar las protestas se registraron cinco civiles, cuatro policías y un gestor de convivencia heridos. La totalidad de personas afectadas fueron atendidas por paramédicos y personas de la Secretaría de Salud que acompañaron las manifestaciones.

El funcionario Gómez también declaró en medios que para que los enfrentamientos cesen se espera que, “la justicia opere, lo que paso hace un año fueron homicidios por parte de la Policía”. Así mismo, el personero de Bogotá, Julián Pinilla Malagón, resaltó que, “no podemos convertir a Bogotá en un escenario de guerra, es importante que se respeten los derechos de todos los habitantes”.