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| Entre 2016 y 2020 se registraron en Bogotá más de 105.000 intervenciones en el arbolado urbano, entre talas, podas y traslados. Foto: archivo Unimedios. |
agenciadenoticias.unal.- El Manual de silvicultura urbana para Bogotá, presentado por la Secretaría de Ambiente de Bogotá, establece que toda intervención en el arbolado debe garantizar la continuidad de las relaciones ecosistémicas, pero la ciudad mantiene un déficit evidente frente a este principio.
La verificación en campo desarrollada por Laurenst Rojas Velandia, magíster en Gobierno Urbano de la Universidad Nacional de Colombia (UNAL), estableció que los árboles retirados en localidades densamente pobladas como Kennedy, Suba y Engativá fueron compensados con nuevas siembras en zonas periféricas como Usme y Sumapaz.
“Tales redistribuciones no garantizan la recuperación de beneficios ambientales en los barrios más afectados, donde la sombra, la regulación térmica y la calidad del aire son necesidades inmediatas”.
“El problema no es que se siembren árboles, sino que se siembran lejos de donde se talaron; así, la comunidad que perdió el beneficio ambiental nunca lo recupera. Un árbol en Usme no compensa la sombra que se perdió en Kennedy ni regula la temperatura en Suba o Engativá”, señala el investigador.
El sistema de compensación en la ciudad funciona a través de permisos de intervención autorizados por la Secretaría Distrital de Ambiente a entidades públicas, constructoras o particulares que requieren talar o trasladar árboles para obras y proyectos. Estas intervenciones se deben compensar con la siembra de nuevos ejemplares. Siendo así, la administración distrital advierte que por cada árbol talado se deben sembrar 8 nuevos.
Según la Organización Mundial de la Salud en el mundo debería existir al menos un árbol por cada tres habitantes, pero las cifras distritales muestran que en Bogotá la relación es de 0,17 árboles por cada habitante. La ciudad afronta un déficit de al menos 1.243.761 árboles para cumplir con la norma ambiental, y aunque la ciudad cuenta con 1.434.455 árboles, su población de más de 8 millones requiere cerca de 2,6 millones para alcanzar el equilibrio ecológico mínimo.
Inconsistencias que ponen en duda la transparencia ambiental
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| Toda intervención en el arbolado debe garantizar la continuidad de las relaciones ecosistémicas. Foto: archivo Unimedios. |
“Más que contar cuántos árboles se plantaron, los recorridos muestran que la información oficial tiene vacíos y no permite dimensionar claramente la efectividad de la compensación. Sin datos confiables, la ciudadanía no logra medir la magnitud de la pérdida ni exigir correctivos a las autoridades”, subraya el magíster.
El problema radica no solo en las cifras sino en la forma como se ejecuta la compensación, lo cual lleva a que el modelo, lejos de equilibrar el ecosistema urbano, se limite a cumplir un requisito administrativo de reposición numérica que no conserva las relaciones ecológicas propias de cada territorio.
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| Bogotá enfrenta un déficit de al menos 1.243.761 árboles para cumplir con la norma ambiental. Foto: María Fernanda Londoño, Unimedios. |
“La política de transparencia debe garantizar que la información sea asequible y entendible para cualquier ciudadano. Sin datos claros, la participación ciudadana se reduce y la rendición de cuentas pierde eficacia”, afirma.
Dos visiones enfrentadas sobre el valor del árbol
La conceptualización del árbol en la política pública resultó ser otro elemento central del estudio. Según el magíster, existen dos visiones predominantes de este recurso ambiental: una “ecocapitalista”, que concibe el árbol como un bien que se valora por los beneficios económicos que produce, y una visión “ecológica”, que lo entiende como parte de un entramado vital con suelos, agua, fauna y clima.
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| Los árboles talados suelen reponerse en lugares distintos, sin seguimiento claro y con limitaciones en el acceso a la información. Foto: Laurenst Rojas Velandia, magíster en Gobierno Urbano de la UNAL |
Según la jurisprudencia y los tratados internacionales revisados, la perspectiva adoptada en Colombia se acerca a la segunda; sin embargo en dicho modelo persisten las fracturas. Un ejemplo ilustrativo es la emblemática avenida 68, donde la ejecución de obras demandó la tala de cientos de árboles. Aunque se realizaron compensaciones en otras áreas, el impacto ambiental y social en los barrios afectados fue inmediato.
Casos como este muestran que la política actual no responde a las necesidades del entorno inmediato ni a las exigencias del Manual de silvicultura, que orienta la gestión del arbolado en la ciudad.
Ciudadanía y control social sobre la política ambiental
La investigación también destaca el papel de la ciudadanía en la evaluación de las políticas ambientales, planteando que el estudio no se reduce al voto, sino que implica exigir información, verificar resultados y cuestionar las decisiones de la administración. En ese sentido, la metodología propuesta le permite a cualquier persona ejercer control social sobre la gestión ambiental.
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| Laurenst Rojas Velandia, magíster en Gobierno Urbano de la Universidad Nacional de Colombia. |
Entre las recomendaciones se encuentran: articular la planeación urbana con los planes de siembra y capacitar a los funcionarios para facilitar el acceso ciudadano a los datos.
El magíster Rojas insiste en que el desafío para Bogotá es replantear el modelo de compensación y avanzar hacia una gestión ambiental que cumpla estándares internacionales, fortalezca la transparencia y promueva un verdadero control ciudadano.
