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Entra en funcionamiento el Sistema Restaurativo de la J.E.P.

Para restablecer los vínculos rotos por el conflicto armado, allanar el camino hacia la reconciliación y la construcción de la paz, la JEP implementará el Sistema Restaurativo. Esta instancia, que entrará en funcionamiento este martes, es un terreno fértil en el que brotarán acciones que contribuyen a restaurar y sanar el daño causado a las víctimas, las comunidades, el territorio y la sociedad.


A través de estos proyectos restaurativos, los responsables de graves crímenes que han aceptado responsabilidad, aportado verdad y vienen cumpliendo con sus obligaciones ante la Jurisdicción, empezarán a trabajar para impulsar las transformaciones que necesita Colombia para pasar la página de la violencia.

Comparecientes de las extintas Farc-EP y antiguos miembros de la fuerza pública realizarán, de manera anticipada, trabajos que podrán ser tomados en cuenta como parte de las sanciones que les imponga el Tribunal para la Paz. Otros, que no fueron seleccionados como máximos responsables, participarán en los proyectos como parte de sus obligaciones de restauración y de las condiciones que deben cumplir para resolver su situación legal.

El proyecto de restauración ecológica ‘Siembras de Vida’ marcará el inicio de esta nueva etapa para la Jurisdicción en el corredor ambiental Chingaza-Sumapaz. En total, el Sistema Restaurativo arranca con tres proyectos en diferentes regiones del país. Otro de ellos es ‘Horizontes Seguros’, el cual se desarrollará en Antioquia, específicamente en los municipios de Dabeiba, Mutatá, Frontino y Murindó, con el objetivo de promover la Educación en el Riesgo de Minas (ERM). El tercer proyecto restaurativo se desarrollará en Nariño, donde los comparecientes trabajarán en la construcción de infraestructura que permitirá el acceso y restauración de la Casa de la Sabiduría para el Pueblo Awá.

Durante el proceso de estructuración, preparación y alistamiento de estos tres proyectos con las víctimas, las comunidades, los comparecientes, el sector público y privado, así como la sociedad civil, se han acumulado importantes lecciones que contribuirán al desarrollo de otras iniciativas que complementarán las que ya están en marcha. Por eso, de acuerdo con el avance de los casos y las demandas de las víctimas, la Jurisdicción analiza la posibilidad de activar intervenciones restaurativas en materia de memoria histórica, búsqueda de personas dadas por desaparecidas y violencia sexual y violencias basadas en género.

Con el cierre del Examen Preliminar de la Corte Penal Internacional sobre la situación en Colombia, desde 2021 el Gobierno Nacional se comprometió a apoyar el avance de la Justicia Transicional Restaurativa de la JEP y a garantizar los recursos necesarios para la aplicación efectiva de las sanciones penales de naturaleza retributiva y restaurativa que el Tribunal para la Paz de la JEP imponga.

Sanar está en nuestra naturaleza

La localidad de Usme, en Bogotá, será el epicentro de ‘Siembras de Vida’, el primer proyecto restaurativo de la JEP que vinculará a 46 responsables de crímenes de guerra y de lesa humanidad en procesos de restauración ecológica en el corredor ambiental Chingaza-Sumapaz. Entre ellos, hay 12 responsables del Caso 03 (‘falsos positivos’), es decir, de los subcasos de Norte de Santander, Costa Caribe y Casanare, a quienes el Tribunal para la Paz les impondrá sanciones; y 34 partícipes no determinantes a los que la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas les resolverá su situación legal.

Bogotá es la principal ciudad receptora de víctimas del conflicto armado y la segunda con mayor población víctima residente, quienes exigen el restablecimiento de sus derechos. Sumado a ello, Usme, por ejemplo, experimentó un profundo impacto que dejó cicatrices en su tejido social. Este territorio, que era un corredor habitual de grupos armados, enfrentó estigmatización y adversidades que aún resuenan en la memoria colectiva de sus habitantes. De acuerdo con el Observatorio Distrital de Víctimas, a corte de junio de 2023, se registraron 19.951 víctimas, en su mayoría por hechos de desplazamiento forzado.

Durante este proyecto restaurativo podrá ser intervenidas hasta 15 hectáreas degradadas (150.000 m²) en tres terrenos ubicados en inmediaciones de la represa Chisacá, en el sur de Bogotá que hacen parte del corredor ambiental Chingaza-Sumapaz. Los 46 comparecientes trabajarán en horarios establecidos y monitoreados por la JEP en la siembra de especies nativas del sector: Garrocho, arrayán, salvio negro y sauco negro, que serán proveídas por el Jardín Botánico, cuyos expertos acompañarán el proceso. Así mismo, se realizarán labores de mantenimiento para evitar el reingreso de especies invasoras y el adecuado desarrollo del crecimiento de las especies arbóreas sembradas, en viveros, y se desarrollarán iniciativas de pedagogía de paz y memoria.

Este delicado trabajo implica un conocimiento riguroso de las metodologías y prácticas de restauración ecológica, temas en los que los comparecientes se están capacitando con la Fundación Natura, entidad que cuenta con más de 20 años de experiencia trabajando en los ecosistemas del país.

Víctimas, comparecientes, autoridades locales y comunidad internacional respaldan el primer proyecto restaurativo

El presidente de la JEP, el magistrado Roberto Carlos Vidal, el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán y Otty Patiño, Consejero Comisionado de Paz, encabezarán el lanzamiento de ‘Siembras de Vida’ en Usme. Este evento contará con la participación de líderes de la localidad, organizaciones de víctimas y sus representantes, y también asistirán diversas entidades que colaborarán en su implementación, incluyendo el Fondo Multidonante de la ONU para la Paz en Colombia, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), la Alta Consejería para los Derechos de las Víctimas, la Paz y la Reconciliación del Distrito, el Jardín Botánico, la Empresa de Acueducto de Bogotá y la Fundación Natura.

Este evento contará con la presencia de los comparecientes que trabajarán en el proyecto, entre los que se encuentran el mayor general (r) Henry William Torres Escalante, quien fue comandante de la XVI Brigada (de Casanare) entre diciembre de 2005 y junio de 2007; y el mayor (r) Gustavo Enrique Soto Bracamonte, quien fue comandante del Gaula Casanare entre 2006 y 2007. Ellos y otros 22 exintegrantes del Ejército, un funcionario del extinto DAS y dos terceros civiles, reconocieron su responsabilidad por ‘falsos positivos’ ante la JEP en 2023.

El Sistema Restaurativo activará otras líneas de trabajo

El Sistema Restaurativo que tiene su raíz en el modelo de Justicia Transicional Restaurativa de la JEP (atendiendo las demandas de las víctimas y lo contemplado en el Acuerdo Final de Paz y la Ley Estatutaria de Administración de Justicia de la Jurisdicción) estableció siete líneas de proyectos restaurativos en los que podrán trabajar los comparecientes que han aportado verdad y vienen cumpliendo con sus obligaciones:
1) Acción Integral contra las Minas (AICMA);
2) Medio ambiente, naturaleza y territorio;
3) Infraestructura rural y urbana,
4) Memorialización y reparación simbólica;
5) Educación, alfabetización y capacitación,
6) Búsqueda de personas dadas por desaparecidas, y
7) Daños diferenciales y macrovictimización.

Estas líneas de proyectos restaurativos serán un marco de referencia para la implementación de sanciones propias que impondrá la Sección de Primera Instancia para Casos de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad, del Tribunal para la Paz de la JEP y las medidas de reparación que impondrá la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas como parte de las condiciones que deben cumplir para resolver la situación legal de los partícipes no determinantes.

De los tres tipos de sanciones que impondrá la Jurisdicción Especial para la Paz, las sanciones propias o restaurativas son las únicas que no conducen a la cárcel, pero implican la restricción efectiva de libertades y derechos, y el cumplimiento de trabajos, obras y actividades con contenido reparador y restaurador que deben ser monitoreados y verificados para garantizar su efectivo cumplimiento. Estas sanciones tendrán una duración máxima de ocho años.

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