El pasado 18 de marzo la CIDH había dictado medidas cautelares en favor de Gustavo Petro en las que pedía al Estado no ejecutar la decisión de la Procuraduría que lo destituyó e inhabilitó por 15 años.
Al día siguiente, sin embargo, Santos procedió a su destitución alegando que las medidas de la CIDH no eran obligatorias y pesaban más las decisiones de las autoridades colombianas.
“Es muy bienvenida la decisión del Tribunal Superior en el cumplimiento de las obligaciones internacionales del Estado”, dijo Álvarez en declaraciones a la prensa en Washington.
“Es muy bienvenida la decisión del Tribunal Superior en el cumplimiento de las obligaciones internacionales del Estado”, dijo Álvarez en declaraciones a la prensa en Washington.
El Secretario resaltó que para la Comisión era “de la mayor importancia subrayar que los derechos políticos son tutelares como cualquier otro derecho”.
Eso en directa alusión a otro argumento que utilizó el Gobierno colombiano para no acatar la decisión de la CIDH cuando sostuvo que solo las medidas cautelares relacionadas con el derecho a la vida y a la integridad física eran considerados de obligatorio cumplimiento.
Álvarez expresó su respeto por las autoridades judiciales colombianas y dijo estar consciente de que se está frente a un proceso “dinámico y en desarrollo” que podría cambiar a futuro. En ese sentido afirmó que la CIDH “continuaría monitoreando la situación”.
Álvarez expresó su respeto por las autoridades judiciales colombianas y dijo estar consciente de que se está frente a un proceso “dinámico y en desarrollo” que podría cambiar a futuro. En ese sentido afirmó que la CIDH “continuaría monitoreando la situación”.
