Noviembre 13 de 2013
Una crisis estructural afecta la contratación de las alcaldías locales y sus Fondos de Desarrollo Local, y se manifiesta recurrentemente cuatrienio tras cuatrienio. Lo que está reventando al respecto en la administración Petro es más profundo que una rivalidad entre el actual y el anterior secretarios de gobierno.
Ojalá que lo que está ocurriendo en las alcaldías locales fuera una puja burocrática entre el secretario de Gobierno, Guillermo Alfonso Jaramillo, y el ex secretario Guillermo Asprilla. Es mucho más complicado que eso. Por supuesto que hay tensiones y rivalidades entre los dos Guillermos y que ambos pueden tener apuestas para los comicios del año entrante, pero los dos son honrados y no andan en el plan de devorarse la torta de las alcaldías.
Al año o año y medio de haber comenzado cada período de gobierno, empiezan a multiplicarse las referencias de corrupción en esas alcaldías, y sobre todo en sus Fondos de Desarrollo Local (FDL), cuyo monto pasa de medio billón de pesos al año para las 20 localidades.
Peñalosa enfrentó el problema creando las Unidades Ejecutivas Locales (UEL), oficinas de control de la contratación de los FDL adscritas a las secretarías. Mockus mantuvo las UEL. Lucho Garzón también, aunque en su campaña habló de desmontarlas. Por informes de corrupción, en la mitad de su mandato despidió a todos los alcaldes locales y los reemplazó por mujeres. Samuel Moreno, como era de esperar, no encaró el problema. Clara López desmanteló las UEL, sin acudir a ningún mecanismo de reemplazo, lo que es inexplicable. Y ahora, a punto de cumplirse dos años del mandato de Petro, empiezan a proliferar los datos sobre falta de transparencia en las operaciones de las alcaldías.
Varias cosas explican esa recurrencia. En primer lugar, la forma como son designados los alcaldes locales: el alcalde mayor los escoge de una terna que le pasan los ediles. Es como si al burgomaestre lo designara el presidente de la República de una terna elaborada por los concejales. Llegaría lleno de compromisos con ellos [Ver “El sistema de selección de los alcaldes locales deja mucho que desear”].
Los FDL tienen un objeto amplísimo y los alcaldes un gran margen de maniobra para definir qué financian con sus recursos. La prohibición de hacer inversiones que generen gastos recurrentes (como los servicios públicos o la remuneración de médicos y maestros, que hay que comenzar a pagar desde que se construye un hospital o un colegio), es en principio racional, pero ha terminado orientando la plata de los fondos hacia proyectos volátiles. Por esa y otras causas los que se financian son dispersos, repetitivos y de bajo impacto económico y social. ¿Qué tal que el presupuesto de Bogotá se aplicara a un fondo de libre disposición y sin gastos recurrentes, manejado por un alcalde mayor “ternado” por los concejales? Esa es la lógica en lo local.
La discrecionalidad con que cuentan los alcaldes para manejar los fondos facilita las presiones de las Juntas Administradoras Locales (JAL). Es frecuente oír que algunos ediles se asocian con funcionarios de los organismos de control para apretar más, y que estos funcionarios también actúan por cuenta propia. Circulan anécdotas sobre miembros de las JAL que aconsejan a los alcaldes terminar su período “con platica” para poder pagar su defensa en las investigaciones fiscales y disciplinarias que se les vendrán, y que de pasada “ayuden” a los propios ediles.
Con el paso del tiempo se han ido conformando redes de funcionarios y ex funcionarios de alcaldías y de fundaciones y asociaciones que tienen vínculos con ediles y concejales. Son redes que acumulan mucha experiencia en la contratación local y recurren a prácticas poco transparentes para sacar tajada de los FDL. Las fundaciones suelen tener un objeto social muy abierto y contratar actividades muy disímiles, con varias alcaldías a la vez, lo que siembra serias dudas sobre la calidad del servicio que prestan.
Por fortuna hay alcaldes y colaboradores suyos con resorte moral para no ceder a las tentaciones, y muchos ediles rectos, que hacen su papel en la vigilancia de los recursos públicos. De manera que no pueden hacerse generalizaciones y aplicarlas a todos los casos. Sin embargo, eso no puede ocultar los flagelos de que adolece la contratación local.
Es triste que los FDL naden en dinero –los hay con más presupuesto que algunas Secretarías Distritales– mientras las alcaldías carecen de medios para costear las funciones específicas del gobierno local: aplicar las normas sobre seguridad y convivencia, construcciones, espacio público, ruido, escombros, etc., etc.
La Secretaría de Gobierno coordina en teoría las alcaldías locales, pero no se da abasto. Valdría la pena pensar en crear una Secretaría de Seguridad y Convivencia y concentrar la de Gobierno en las relaciones políticas y con el Concejo y en dar soporte a los gobiernos locales.
El Gobierno de Petro ha intentado racionalizar los FDL. Les ordenó destinar el 40% de sus recursos a la malla vial local y les prohibió costear comedores comunitarios –los que financiaban eran un desastre– y becas en entidades educativas, contratadas en gran medida con instituciones de garaje. Pero se requiere una reingeniería más amplia de las alcaldías y sus fondos de desarrollo, que podría implicar reformas legales. Habría que redefinir las funciones de las alcaldías, trasladar buena parte de los recursos de los fondos a costear las funciones específicas del gobierno local, profundizar la delimitación de las líneas de inversión, crear un registro de entidades contratistas unificado para toda la ciudad, prohibir nuevas contrataciones con las incumplidas, reducir los casos en que se puede acudir a la contratación directa o “a dedo”, designar interventores desde la Alcaldía Mayor, y pactar y monitorear los impactos de cada proyecto.
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