Equipo Colombia Plural.- Lo que debía ser una visita familiar terminó en una noche de violencia y angustia. Álvaro David Cruz llegó junto a su esposa al barrio Villa Gloria (segundo sector), en Bogotá, para recoger a su hija, quien se encontraba al cuidado de su abuela. Horas después, según denuncia su familia, Álvaro David tuvo que ser trasladado de urgencia a un hospital con graves fracturas en una de sus piernas, ocasionadas durante una presunta agresión de varios integrantes de la Policía Nacional.
Los hechos ocurrieron el sábado 17 de octubre de 2026, aproximadamente a las 8:30 p.m.. En las inmediaciones de la vivienda se registraba un altercado entre varios jóvenes. De acuerdo con el testimonio de los familiares, ni Álvaro ni su esposa participaban en la confrontación. Sin embargo, aseguran que terminaron siendo víctimas de una intervención policial que, lejos de protegerlos, habría puesto en riesgo su integridad física.
Según el relato de la esposa de Álvaro David Cruz, varios uniformados comenzaron a agredir a integrantes de su familia sin que existiera una razón aparente para hacerlo. La mujer denuncia haber recibido tres golpes con un bolillo policial. Su hijo de 15 años, al observar lo que estaba sucediendo, intentó intervenir para protegerla, pero también habría sido golpeado por los agentes.
Fue entonces cuando Álvaro se acercó a los uniformados para pedirles que detuvieran las agresiones. Según la familia, les explicó que no tenían ninguna relación con el altercado que se desarrollaba en el sector y que únicamente habían llegado al lugar para recoger a su hija.
Su intervención, lejos de detener la violencia, habría desencadenado una agresión todavía más grave. De acuerdo con la denuncia, aproximadamente seis policías se abalanzaron sobre Álvaro y comenzaron a golpearlo en la cabeza y distintas partes del cuerpo. La familia sostiene que los agentes continuaron agrediéndolo pese a sus intentos de explicar que no estaba involucrado en ninguna confrontación.
Los familiares identifican particularmente a dos uniformados. Uno de ellos, conocido con el apodo de «El Guarachero», es señalado como presunto responsable de las lesiones más graves sufridas por Álvaro en una de sus piernas. Otro policía, según el mismo relato, lo habría sujetado mientras se producían los golpes. Estas acusaciones deberán ser esclarecidas mediante una investigación que permita determinar la identidad, participación y eventual responsabilidad de cada uno de los agentes involucrados.
«Lo va a matar»: los videos que podrían resultar determinantes
Uno de los elementos más preocupantes de la denuncia es la existencia de registros audiovisuales que, según la familia, documentan parte de la actuación policial.
En uno de los videos aportados por los denunciantes, estos identifican al patrullero David Sandoval como uno de los uniformados presentes durante los hechos. De acuerdo con la descripción del material entregada por la familia, una persona que registra la situación con su teléfono celular intenta detener la agresión y advierte repetidamente:
—Lo va a matar, lo va a matar.
La respuesta atribuida al patrullero resulta especialmente inquietante:
—¿Y cuál es el problema?
De confirmarse la autenticidad del registro, la identidad de quien pronuncia esas palabras y el contexto en el que fueron expresadas, el video podría constituir un elemento relevante para establecer las circunstancias de la intervención policial y la conducta de los agentes.
La gravedad de esa expresión no reside únicamente en su contenido, sino también en lo que podría revelar sobre la actitud de un funcionario público frente al riesgo que enfrentaba una persona sometida a una intervención policial.
Corresponderá a las autoridades competentes examinar el material audiovisual original, establecer su integridad, identificar a los participantes y contrastar las imágenes con los testimonios y demás elementos probatorios.
Denegación de la atención médica
Tras la presunta agresión, Álvaro David Cruz quedó gravemente lesionado. Según la denuncia familiar, los agentes de policía no solicitaron asistencia médica ni gestionaron su traslado a un centro hospitalario, a pesar de las evidentes afectaciones físicas que presentaba. Fueron sus propios familiares quienes tuvieron que auxiliarlo y trasladarlo por sus propios medios hasta un hospital.
Además de esclarecer cómo se produjeron las fracturas, la investigación deberá establecer si existió una omisión en el deber de prestar o gestionar atención médica oportuna a una persona lesionada durante un procedimiento policial. La ausencia de asistencia inmediata, de ser confirmada, constituiría un aspecto especialmente relevante para evaluar la actuación de los uniformados y las obligaciones institucionales de protección de la vida y la integridad personal.
Una mujer y un adolescente entre las presuntas víctimas
La denuncia no se limita a las graves lesiones sufridas por Álvaro David Cruz. La familia también exige que se investiguen las agresiones que habrían sufrido su esposa y su hijo de 15 años.
La presencia de un adolescente entre las presuntas víctimas exige especial atención de las autoridades. En Colombia, la Constitución reconoce la prevalencia de los derechos de los niños, niñas y adolescentes y establece obligaciones reforzadas para su protección frente a cualquier forma de violencia. Del mismo modo, las denuncias de agresión contra la mujer deben ser investigadas con la debida diligencia y teniendo en cuenta las circunstancias particulares en las que ocurrieron.
En este caso, la reconstrucción de los hechos deberá determinar por qué personas que, según sus testimonios, no participaban en el altercado terminaron sometidas a una intervención policial presuntamente violenta.
El uso de la fuerza no puede convertirse en un mecanismo de castigo
La actuación de la fuerza pública está sometida a límites constitucionales y a estándares nacionales e internacionales de derechos humanos. Los principios de legalidad, necesidad, proporcionalidad, precaución y rendición de cuentas deben orientar cualquier intervención que implique el uso de la fuerza. Así lo señalaron a Colombia Plural entidades sociales como la Fundación Nicolás Neira, Campaña Nacional Contra La Brutalidad Policial, Kinorama, DH Colombia y Poemapa, que conocieron la denuncia de la familia. En una comunicación con este medio, señalaron que “incluso cuando los agentes enfrentan situaciones de alteración del orden público, su obligación consiste en proteger la vida, preservar la integridad de las personas y emplear únicamente la fuerza que resulte legalmente justificada y estrictamente necesaria”.
Es decir, que una intervención policial no autoriza agresiones indiscriminadas ni el empleo de la violencia como represalia contra quienes cuestionan un procedimiento o solicitan protección para sus familiares.
Si las circunstancias denunciadas llegan a comprobarse, los hechos podrían dar lugar a responsabilidades individuales de naturaleza disciplinaria y penal, cuya determinación corresponde a las autoridades competentes. También sería necesario establecer si existieron fallas en los mecanismos de supervisión, control y atención a las personas afectadas durante el procedimiento.
Una familia que exige justicia y garantías de protección
Los familiares de Álvaro David Cruz reclaman que las autoridades identifiquen a todos los uniformados que participaron en el operativo y adelanten una investigación independiente, exhaustiva y oportuna.
Solicitan que se incorporen los videos disponibles, se recojan los testimonios de los testigos, se examinen los registros médicos, y se establezca la secuencia de los hechos que condujeron a las graves lesiones. También piden que se investiguen las agresiones denunciadas contra la esposa y el hijo adolescente, así como la presunta falta de asistencia médica inmediata.
La familia ha expresado, además, su preocupación por posibles represalias y solicita garantías efectivas de seguridad para quienes denunciaron los hechos y puedan aportar información a la investigación. Las organizaciones consultadas insistieron en que “la identificación de los agentes, la preservación de las pruebas y la protección de las víctimas y los testigos serán fundamentales para garantizar una investigación efectiva”.
