Noviembre 13 de 2013
Una crisis estructural afecta la contratación de las alcaldías locales y sus Fondos de Desarrollo Local, y se manifiesta recurrentemente cuatrienio tras cuatrienio. Lo que está reventando al respecto en la administración Petro es más profundo que una rivalidad entre el actual y el anterior secretarios de gobierno.
Ojalá que lo que está ocurriendo en las alcaldías locales fuera una puja burocrática entre el secretario de Gobierno, Guillermo Alfonso Jaramillo, y el ex secretario Guillermo Asprilla. Es mucho más complicado que eso. Por supuesto que hay tensiones y rivalidades entre los dos Guillermos y que ambos pueden tener apuestas para los comicios del año entrante, pero los dos son honrados y no andan en el plan de devorarse la torta de las alcaldías.
Al año o año y medio de haber comenzado cada período de gobierno, empiezan a multiplicarse las referencias de corrupción en esas alcaldías, y sobre todo en sus Fondos de Desarrollo Local (FDL), cuyo monto pasa de medio billón de pesos al año para las 20 localidades.
Peñalosa enfrentó el problema creando las Unidades Ejecutivas Locales (UEL), oficinas de control de la contratación de los FDL adscritas a las secretarías. Mockus mantuvo las UEL. Lucho Garzón también, aunque en su campaña habló de desmontarlas. Por informes de corrupción, en la mitad de su mandato despidió a todos los alcaldes locales y los reemplazó por mujeres. Samuel Moreno, como era de esperar, no encaró el problema. Clara López desmanteló las UEL, sin acudir a ningún mecanismo de reemplazo, lo que es inexplicable. Y ahora, a punto de cumplirse dos años del mandato de Petro, empiezan a proliferar los datos sobre falta de transparencia en las operaciones de las alcaldías.
