Sur joven y norte envejecido: la edad también divide a Bogotá


El envejecimiento de la población está transformando la forma en
que se organizan las ciudades.
Fotos: Archivo Unimedios
agenciadenoticias.unal.- El envejecimiento poblacional avanza más rápido de lo que la ciudad está preparada para asumir. Según el DANE, el porcentaje de personas mayores de 60 años en Colombia pasó del 9,2 % en 2005 al 15,9 % en 2024. Así mismo, en 2023 el Fondo de Población de las Naciones Unidas estimó que para 2051 el país alcanzará su punto máximo de población con una estructura marcadamente envejecida. En Bogotá, el índice de envejecimiento ya llegó a 72 personas mayores por cada 100 menores de 15 años, frente al promedio nacional, que es de 60.

Julieth Andrea Parra Hincapié, especialista en Análisis Espacial de la Universidad Nacional de Colombia (UNAL), explica que este cambio afecta no solo la forma en que se planifica la ciudad, sino también cómo se organiza la vida cotidiana, por ejemplo los servicios, la movilidad, los espacios públicos y la vivienda.

“Más allá de que seamos más adultos mayores, el problema es cómo respondemos como sociedad y como ciudad. Si no hay entornos asequibles, seguros y pensados para distintas edades, se profundiza la segregación etaria y aumentan los riesgos de aislamiento, especialmente en una etapa de la vida en la que el apoyo social es esencial”, señala.

Cómo se hizo el mapa de la edad

Además de los ingresos, en Bogotá la edad empieza a
marcar una nueva frontera urbana.
Para comprender cómo se distribuyen las generaciones en la capital, la investigadora analizó más de 2.700 secciones censales del Censo Nacional de Población y Vivienda 2018 del DANE, las cuales agrupan varias manzanas con características similares de tamaño, densidad y nivel socioeconómico. Este grado de detalle permitió observar dónde se concentran los diferentes grupos de edad —niños, jóvenes, adultos y adultos mayores— y cómo se relaciona esa distribución con la pobreza y la disponibilidad de servicios urbanos.

El estudio también incluyó una medición de accesibilidad y co-accesibilidad, es decir, cuánto pueden coincidir distintas generaciones en los mismos espacios urbanos. A partir de la distancia que una persona puede recorrer caminando en 10 minutos, la investigadora Parra calculó qué tan cerca están los habitantes de cada grupo etario de los principales servicios y espacios públicos, y en qué sectores hay más posibilidades de encuentro entre edades.

Además, con apoyo de herramientas de análisis espacial y sistemas de información geográfica (SIG), elaboró una serie de mapas que muestran los contrastes por edad, nivel de pobreza y acceso a equipamientos urbanos. Para ello cruzó la información poblacional con datos sobre parques, centros culturales, bibliotecas y polideportivos, identificados a partir de registros abiertos de la ciudad.

En barrios como Cedritos, Chicó o Galerías se concentra
población mayor, propietaria y con mejor acceso a servicios.
Así, evidenció que los niños y adolescentes se concentran en el sur y suroccidente —Bosa, Usme, Ciudad Bolívar y San Cristóbal—, en donde persisten altos niveles de pobreza multidimensional, es decir carencias que van más allá del ingreso y que incluyen limitaciones en educación, salud, vivienda, empleo y acceso a servicios básicos. Estas zonas también presentan menor disponibilidad de equipamientos urbanos como parques, centros culturales o centros asistenciales, lo que restringe las oportunidades de desarrollo y bienestar para las nuevas generaciones.

En contraste, el norte y el centro —Chapinero, Teusaquillo, Barrios Unidos, Chicó y Usaquén— concentran más adultos mayores (personas de 60 años o más), en su mayoría propietarios que han permanecido por décadas en barrios consolidados, con mejores condiciones de infraestructura, servicios públicos y espacio público de calidad.

Allí también hay más parques y centros culturales o comunitarios, lo que refleja una ciudad envejecida en sectores con más estabilidad económica y mayor acumulación de patrimonio, pero también con riesgo de aislamiento social, pues las dinámicas barriales cambian y cada vez hay menos presencia de familias jóvenes.

La segregación por edad no es un fenómeno aislado, se relaciona con el encarecimiento del suelo, el tipo de vivienda disponible y la capacidad de los hogares para permanecer en ciertos sectores. “Los adultos mayores permanecen en barrios tradicionales, con viviendas grandes y consolidadas, mientras que los hogares jóvenes, más numerosos y con menores ingresos, se desplazan hacia zonas periféricas en donde los costos son más bajos, pero también hay menos servicios”, amplía la especialista Parra.

En Colombia el porcentaje de personas mayores de 60 años
pasó del 9,2 % en 2005 al 15,9 % en 2024
Además, el estudio señala que la configuración física de las viviendas influye en esta brecha. Muchas casas en sectores antiguos —como Teusaquillo, Barrios Unidos o el nororiente capitalino— no se adaptan fácilmente a nuevas dinámicas familiares, lo que limita la movilidad residencial y refuerza la permanencia de los adultos mayores en barrios envejecidos.

Espacios sin mezcla generacional

Con respecto a la co-accesibilidad, la investigación mostró que las zonas con mayor presencia de adultos mayores son las que presentan menos mezcla generacional alrededor de parques, bibliotecas y centros culturales, especialmente en el centro y nororiente de Bogotá, en donde predominan los valores más bajos de co-accesibilidad.

“No se trata de que falten equipamientos, sino de que estos no propician el encuentro. Hay parques y bibliotecas, pero no necesariamente son espacios en los que coincidan distintas generaciones”, señala. En cambio, en el sur y suroccidente, donde vive la población más joven, la co-accesibilidad es mayor y hay más posibilidades de intercambio entre edades, lo que puede fortalecer el capital social y el sentido de comunidad.

“El mercado de vivienda agrava la segregación por edad. En los barrios en donde predomina la propiedad, como Chapinero o Teusaquillo, hay más adultos mayores y menos arriendo, lo que dificulta la llegada de nuevos hogares jóvenes. Reducir los tamaños de vivienda o promover proyectos que combinen distintos grupos etarios ayudaría a equilibrar esa composición”, advierte la especialista Parra .

Considera además que “el debate no pasa por eliminar la concentración etaria, sino por evitar que esta se traduzca en aislamiento. Tener grupos concentrados facilita planificar servicios, pero cuando las generaciones viven completamente separadas se rompe el tejido social. El intercambio entre edades es fundamental para fortalecer la empatía, el aprendizaje mutuo y el sentido de comunidad, aspectos que no se logran si cada grupo habita su propio fragmento de ciudad”.

De la planificación a la vida cotidiana

En Lucero, El Tunal o Candelaria La Nueva predominan familias
jóvenes en arriendo y con menos acceso a espacios públicos.
Entre las recomendaciones del estudio está incorporar en la planeación urbana criterios intergeneracionales: redes peatonales seguras, vivienda flexible y equipamientos que favorezcan el encuentro.

“Una ciudad amigable con las personas mayores también es una ciudad mejor para todos. Necesitamos barrios en donde los mayores puedan permanecer, pero en donde también se reciban nuevas generaciones; más parques, bibliotecas y redes peatonales que faciliten el movimiento y la interacción cotidiana”.

“Es urgente fortalecer el sistema de cuidado con una visión territorial. Durante una década invertimos en la primera infancia, ahora debemos pensar en el cuidado de la vejez, en cómo acompañar a quienes serán mayoría en pocos años”, menciona.

El estudio de la especialista Parra no solo revela una geografía invisible de la edad, sino que además pone sobre la mesa el desafío de diseñar ciudades que no aíslen por generaciones.

Con más de un millón de bogotanos que superan los 60 años y una expectativa de vida en aumento, pensar una ciudad intergeneracional deja de ser una opción y se convierte en una urgencia. “Si las generaciones no se encuentran, no se reconocen. Y una ciudad que no se reconoce a sí misma termina fragmentada”, concluye.





Con inversión de un billón de pesos para flota eléctrica de Bogotá, presidente Petro propuso reducir tarifas del transporte público

"Una movilidad acorde a mitigar la crisis climática y más
barata para la gente" Presidente Gustavo Petro.​
En el marco de su compromiso con la transición energética y la movilidad sostenible, el Gobierno Nacional anunció la cofinanciación para la adquisición de 269 buses eléctricos articulados y biarticulados de TransMilenio, con una inversión que asciende a un billón de pesos, recursos destinados a fortalecer el sistema de transporte público de la capital del país.​

El presidente Gustavo Petro destacó en su cuenta de X que con estos recursos el Distrito podrá comprar directamente los buses eléctricos, lo cual se traduce en reducir la tarifa técnica, evitando que el costo del vehículo se traslade al usuario.
“Si el Distrito compra los buses eléctricos con el billón que le damos, puede reducir la tarifa técnica y no pasar el costo fijo del bus a la tarifa al pasajero. Así tendríamos una movilidad acorde a mitigar la crisis climática y más barata para la gente", señaló el mandatario a través de su cuenta de X.
El convenio, suscrito entre el Gobierno Nacional y la Alcaldía Mayor de Bogotá, marca un hito al ser el primer acuerdo de cofinanciación de flota eléctrica que una ciudad alcanza con la nación.

El mandatario colombiano reiteró que este modelo puede ser replicado por otras ciudades con sistemas de transporte tipo solobús, permitiendo avanzar hacia una red de movilidad pública de bajas emisiones y menor costo para los usuarios.

Mediante este acuerdo el Gobierno reafirma su compromiso con la justicia social, la acción climática y la dignificación del transporte público en el país.

San Juan de Dios; reparación de una deuda histórica con la salud pública, la ciencia y la memoria del país.

En un hecho histórico para la salud pública y el patrimonio cultural de Colombia, el Gobierno del presidente Gustavo Petro aprobó el Documento CONPES 4162 de 2025, que declara la recuperación del Hospital San Juan de Dios y del Instituto Materno Infantil como un proyecto de importancia estratégica para el país y como política de Estado.

La decisión, avalada por el Consejo Nacional de Política Económica y Social (CONPES) y el CONFIS, asegura la continuidad de los recursos y las inversiones necesarias hasta el año 2034, garantizando que la restauración del complejo hospitalario avance más allá del actual periodo de gobierno.

El documento, formulado por el Departamento Nacional de Planeación (DNP) en coordinación con el Ministerio de Salud y Protección Social y el Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes, contempla una inversión total de $1,67 billones de pesos, de los cuales $1,61 billones serán ejecutados por el Ministerio de Salud entre 2026 y 2034, y $61 mil millones por el Ministerio de las Culturas en 2027, mediante vigencias futuras.

El presidente Petro destacó que esta decisión marca un punto de inflexión en la defensa de lo público, la protección del patrimonio y la dignificación de la vida, al convertir en política de Estado una lucha ciudadana de más de dos décadas.

La ministra de las Culturas, Yannai Kadamani, resaltó que “gracias al trabajo conjunto entre la Nación y el Distrito, y al compromiso del Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes, muy pronto este patrimonio podrá ponerse al servicio de la salud y del bienestar colectivo. Es un paso más en nuestro propósito de que los espacios culturales sean también lugares de cuidado, vida y transformación”.

La directora del DNP, Natalia Irene Molina Posso, señaló que la aprobación de este documento demuestra el sentido social de la planeación:

“Cumplimos el compromiso del Plan Nacional de Desarrollo de devolverle al país el San Juan de Dios como patrimonio de todas y todos, y demostramos que recuperar lo público sí es posible cuando se responde a una demanda popular con voluntad política. Hoy dejamos un precedente: una lucha ciudadana puede convertirse en una política de Estado”.

Un patrimonio que vuelve a la vida

Fundado en 1564, el San Juan de Dios fue el primer hospital del país y uno de los más importantes de América Latina. En sus instalaciones se realizaron las primeras cirugías de alta complejidad, se formaron generaciones de médicos y se desarrollaron avances reconocidos internacionalmente, como el Método Madre Canguro en la década de 1970.

Su arquitectura combina elementos coloniales y republicanos con estructuras del siglo XX, y refleja cinco siglos de historia médica, científica y cultural. Por su valor patrimonial, fue declarado Bien de Interés Cultural de la Nación mediante la Ley 735 de 2002.

El CONPES 4162 define la hoja de ruta para su recuperación integral, que incluye estudios técnicos, reforzamiento estructural, adecuación de edificaciones, construcción de nuevos bloques hospitalarios y la dotación con equipos biomédicos y tecnología de última generación.

Un símbolo de salud y dignidad

La reapertura del complejo hospitalario beneficiará a más de 4,1 millones de personas, con una infraestructura proyectada de 600 camas, 180 consultorios y más de 100 espacios especializados, entre ellos quirófanos, UCI, laboratorios y salas de diagnóstico. Se estima que para 2034 se realicen cerca de 466 mil consultas especializadas anuales, consolidando al San Juan como centro nacional de atención de alta complejidad, docencia e investigación biomédica.

En diciembre de 2024 se entregó restaurado el Edificio Mantenimiento, que albergará el Centro Nacional de Simulación y Telesalud, dedicado a la formación médica y la innovación científica. Actualmente, trece edificios más se encuentran en obra, con entrega prevista para el primer semestre de 2026.

Con la aprobación del CONPES 4162 el Gobierno del Cambio reafirma que el patrimonio sí importa. Que los símbolos no se derriban: se restauran, se dignifican y se devuelven al pueblo.

La recuperación del San Juan de Dios no es solo la reapertura de un hospital, sino la reparación de una deuda histórica con la salud pública, la ciencia y la memoria del país.

Compensación por tala de árboles en Bogotá no garantiza equilibrio ecológico

Entre 2016 y 2020 se registraron en Bogotá más de 105.000 intervenciones en
el arbolado urbano, entre talas, podas y traslados.
Foto: archivo Unimedios.
agenciadenoticias.unal.- El Manual de silvicultura urbana para Bogotá, presentado por la Secretaría de Ambiente de Bogotá, establece que toda intervención en el arbolado debe garantizar la continuidad de las relaciones ecosistémicas, pero la ciudad mantiene un déficit evidente frente a este principio.

La verificación en campo desarrollada por Laurenst Rojas Velandia, magíster en Gobierno Urbano de la Universidad Nacional de Colombia (UNAL), estableció que los árboles retirados en localidades densamente pobladas como Kennedy, Suba y Engativá fueron compensados con nuevas siembras en zonas periféricas como Usme y Sumapaz.

“Tales redistribuciones no garantizan la recuperación de beneficios ambientales en los barrios más afectados, donde la sombra, la regulación térmica y la calidad del aire son necesidades inmediatas”.

“El problema no es que se siembren árboles, sino que se siembran lejos de donde se talaron; así, la comunidad que perdió el beneficio ambiental nunca lo recupera. Un árbol en Usme no compensa la sombra que se perdió en Kennedy ni regula la temperatura en Suba o Engativá”, señala el investigador.

El sistema de compensación en la ciudad funciona a través de permisos de intervención autorizados por la Secretaría Distrital de Ambiente a entidades públicas, constructoras o particulares que requieren talar o trasladar árboles para obras y proyectos. Estas intervenciones se deben compensar con la siembra de nuevos ejemplares. Siendo así, la administración distrital advierte que por cada árbol talado se deben sembrar 8 nuevos.

Según la Organización Mundial de la Salud en el mundo debería existir al menos un árbol por cada tres habitantes, pero las cifras distritales muestran que en Bogotá la relación es de 0,17 árboles por cada habitante. La ciudad afronta un déficit de al menos 1.243.761 árboles para cumplir con la norma ambiental, y aunque la ciudad cuenta con 1.434.455 árboles, su población de más de 8 millones requiere cerca de 2,6 millones para alcanzar el equilibrio ecológico mínimo. 

Inconsistencias que ponen en duda la transparencia ambiental

Toda intervención en el arbolado debe garantizar la continuidad
de las relaciones ecosistémicas.
Foto: archivo Unimedios.
Para llegar a estos hallazgos, el magíster Rojas comparó los listados oficiales entregados por la Secretaría Distrital de Ambiente con recorridos de verificación en distintas localidades. Así confirmó que alrededor del 78 % de los árboles reportados sí estaban en el terreno, un 8 % no se pudo localizar por falta de datos claros, y el 13 % restante simplemente no existía en los sitios señalados, lo que evidencia inconsistencias en la compensación.

“Más que contar cuántos árboles se plantaron, los recorridos muestran que la información oficial tiene vacíos y no permite dimensionar claramente la efectividad de la compensación. Sin datos confiables, la ciudadanía no logra medir la magnitud de la pérdida ni exigir correctivos a las autoridades”, subraya el magíster.

El problema radica no solo en las cifras sino en la forma como se ejecuta la compensación, lo cual lleva a que el modelo, lejos de equilibrar el ecosistema urbano, se limite a cumplir un requisito administrativo de reposición numérica que no conserva las relaciones ecológicas propias de cada territorio.

Bogotá enfrenta un déficit de al menos 1.243.761 árboles para
cumplir con la norma ambiental.
Foto: María Fernanda Londoño, Unimedios.
También constató las dificultades para acceder a la información oficial sobre tala y compensación. Los registros entregados por las entidades responsables resultaron incompletos, y en varios casos presentaron inconsistencias que impidieron un seguimiento claro de los árboles reportados. La falta de datos precisos no solo obstaculizó el trabajo de verificación, sino que también expone un problema de transparencia en la gestión ambiental del Distrito.

“La política de transparencia debe garantizar que la información sea asequible y entendible para cualquier ciudadano. Sin datos claros, la participación ciudadana se reduce y la rendición de cuentas pierde eficacia”, afirma.

Dos visiones enfrentadas sobre el valor del árbol

La conceptualización del árbol en la política pública resultó ser otro elemento central del estudio. Según el magíster, existen dos visiones predominantes de este recurso ambiental: una “ecocapitalista”, que concibe el árbol como un bien que se valora por los beneficios económicos que produce, y una visión “ecológica”, que lo entiende como parte de un entramado vital con suelos, agua, fauna y clima.
Los árboles talados suelen reponerse en lugares distintos, sin seguimiento
claro y con limitaciones en el acceso a la información.
Foto: Laurenst Rojas Velandia, magíster en Gobierno Urbano de la UNAL

Según la jurisprudencia y los tratados internacionales revisados, la perspectiva adoptada en Colombia se acerca a la segunda; sin embargo en dicho modelo persisten las fracturas. Un ejemplo ilustrativo es la emblemática avenida 68, donde la ejecución de obras demandó la tala de cientos de árboles. Aunque se realizaron compensaciones en otras áreas, el impacto ambiental y social en los barrios afectados fue inmediato.

Casos como este muestran que la política actual no responde a las necesidades del entorno inmediato ni a las exigencias del Manual de silvicultura, que orienta la gestión del arbolado en la ciudad.

Ciudadanía y control social sobre la política ambiental

La investigación también destaca el papel de la ciudadanía en la evaluación de las políticas ambientales, planteando que el estudio no se reduce al voto, sino que implica exigir información, verificar resultados y cuestionar las decisiones de la administración. En ese sentido, la metodología propuesta le permite a cualquier persona ejercer control social sobre la gestión ambiental.

Laurenst Rojas Velandia, magíster en Gobierno Urbano de
la Universidad Nacional de Colombia.
Entre las recomendaciones se encuentran: articular la planeación urbana con los planes de siembra y capacitar a los funcionarios para facilitar el acceso ciudadano a los datos.

El magíster Rojas insiste en que el desafío para Bogotá es replantear el modelo de compensación y avanzar hacia una gestión ambiental que cumpla estándares internacionales, fortalezca la transparencia y promueva un verdadero control ciudadano.

Buscar en BOGOTÁ - RED METROnet.

Importante.

San Juan de Dios; reparación de una deuda histórica con la salud pública, la ciencia y la memoria del país.

En un hecho histórico para la salud pública y el patrimonio cultural de Colombia , el Gobierno del presidente Gustavo Petro aprobó el Docume...

AGENCIA DIGITAL

AGENCIA DIGITAL