La actitud intransigente del alcalde
mayor de Bogotá no solo crea resistencia entre la gente sino que lleva a
errores que impiden su progreso. Los colegios por concesión y la contaminación
de los buses son dos pruebas muy tangibles.
Ángel Pérez Martínez*
Enrique Peñalosa logró que el Concejo
de Bogotá le autorizara el uso de vigencias futuras para que trece nuevos
colegios puedan funcionar durante los próximos diez años (2019 a 2028) bajo la
modalidad de concesión a operadores privados. Con esto da continuidad a uno de
los programas que había comenzado en su primer gobierno.
Es lo mismo que ha hecho Peñalosa en
relación con Transmilenio, con el metro o con las propuestas de renovación
urbana, decisiones con las cuales nos demuestra que volvió para terminar una
obra de gobierno que había sido prevista desde 1998.
Pero la terquedad del Alcalde también
implica rigidez o inflexibilidad. Una vez elegido, Peñalosa no intentó negociar
ningún tipo de acuerdo con los 34.889 docentes oficiales de Bogotá, ni con el
resto de la comunidad, es decir, lo 800.000 estudiantes y más de 1.200.000
padres de familia que se benefician de los colegios oficiales.
Es más: Peñalosa optó por el modelo
de colegios en concesión a sabiendas de que no era del agrado de los docentes
oficiales, quienes lo consideran un paso hacia la privatización. Así perdió el aval de gran parte del profesorado en Bogotá -y
en resto de Colombia-.
Educación
desigual
Según la Secretaría de Educación, los
colegios por concesión cuentan con un mejor clima escolar, vínculos más
estrechos con instituciones de educación superior y registran tasas de
deserción menores que la que de los colegios públicos.
Sin embargo, la Asociación Distrital
de Educadores (ADE) afirma que las condiciones laborales para los profesores de
esos colegios son injustas, pues tienen que trabajar los sábados y los contratos
son a término definido, de modo que reciben salario 10 meses al año.
En Bogotá los niños maltratados, desplazados y con atraso van a los colegios oficiales, mientras que los pobres más hábiles se pelean por un cupo
en los colegios en concesión.
Si bien estos colegios ofrecen mejores condiciones para los estudiantes que las instituciones oficiales, su efecto para el sistema educativo es mínimo, pues mantienen los altos niveles de desigualdad que caracterizan a nuestra ciudad. Así, en Bogotá los niños maltratados, desplazados y con atraso van a los colegios oficiales, mientras que los pobres más hábiles se pelean por un cupo en los colegios en concesión.
La lista de exclusiones no termina
ahí. En 2004, el entonces alcalde Garzón denunció que, de 710 sedes educativas
oficiales, 434 podían derrumbarse en cualquier momento. Así mismo, el entonces
alcalde señaló que más de 120.000 estudiantes no tenían donde estudiar, de
manera que su administración tuvo que reconstruir y dotar más de 200 sedes
educativas y construir 40 colegios oficiales nuevos. Con una inversión de más
de 2 billones de pesos, esa administración logró mejorar la educación de más de
300.000 estudiantes. En contraste, para 2004 los colegios en concesión sólo
atendían 25.000 estudiantes.
Estados
Unidos: un mal modelo
Los colegios en concesión son una
copia del modelo educativo estadounidense. A finales del siglo pasado, este
país obtuvo pésimos resultados en las pruebas internacionales TIMMS y PISA, lo
cual llevó al gobierno a reformar su sistema educativo.
Para comenzar, los estadounidenses
convencieron al mundo de que invertir más en educación no necesariamente
produce buenos resultados; el gobierno colombiano compró esta idea sin mayor
discusión. En ese entonces, Estados Unidos invertía 7.000 dólares por
estudiante en la educación oficial, mientras que Colombia gastaba menos de
1.000 dólares por niño. Actualmente Estados Unidos gasta 11.000 dólares por
estudiante, mientras que Colombia se mantiene en la misma cifra del siglo
pasado.
La segunda decisión del gobierno
estadounidense fue avanzar en la privatización de la educación oficial básica y
media mediante los colegios en concesión (charter schools). Este modelo tenía dos
propósitos: reducir costos y mejorar la calidad de la educación, lo que debería
reflejarse mejores resultados en las pruebas internacionales.
Sobre los costos, un estudio llevado a cabo por la Universidad de Harvard encontró que
en 14 áreas metropolitanas de Estados Unidos los estudiantes de los colegios en
concesión reciben en promedio 5.721 dólares menos por estudiante que las
escuelas públicas tradicionales.
