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Entra en funcionamiento el Sistema Restaurativo de la J.E.P.

Para restablecer los vínculos rotos por el conflicto armado, allanar el camino hacia la reconciliación y la construcción de la paz, la JEP implementará el Sistema Restaurativo. Esta instancia, que entrará en funcionamiento este martes, es un terreno fértil en el que brotarán acciones que contribuyen a restaurar y sanar el daño causado a las víctimas, las comunidades, el territorio y la sociedad.


A través de estos proyectos restaurativos, los responsables de graves crímenes que han aceptado responsabilidad, aportado verdad y vienen cumpliendo con sus obligaciones ante la Jurisdicción, empezarán a trabajar para impulsar las transformaciones que necesita Colombia para pasar la página de la violencia.

Comparecientes de las extintas Farc-EP y antiguos miembros de la fuerza pública realizarán, de manera anticipada, trabajos que podrán ser tomados en cuenta como parte de las sanciones que les imponga el Tribunal para la Paz. Otros, que no fueron seleccionados como máximos responsables, participarán en los proyectos como parte de sus obligaciones de restauración y de las condiciones que deben cumplir para resolver su situación legal.

El proyecto de restauración ecológica ‘Siembras de Vida’ marcará el inicio de esta nueva etapa para la Jurisdicción en el corredor ambiental Chingaza-Sumapaz. En total, el Sistema Restaurativo arranca con tres proyectos en diferentes regiones del país. Otro de ellos es ‘Horizontes Seguros’, el cual se desarrollará en Antioquia, específicamente en los municipios de Dabeiba, Mutatá, Frontino y Murindó, con el objetivo de promover la Educación en el Riesgo de Minas (ERM). El tercer proyecto restaurativo se desarrollará en Nariño, donde los comparecientes trabajarán en la construcción de infraestructura que permitirá el acceso y restauración de la Casa de la Sabiduría para el Pueblo Awá.

Durante el proceso de estructuración, preparación y alistamiento de estos tres proyectos con las víctimas, las comunidades, los comparecientes, el sector público y privado, así como la sociedad civil, se han acumulado importantes lecciones que contribuirán al desarrollo de otras iniciativas que complementarán las que ya están en marcha. Por eso, de acuerdo con el avance de los casos y las demandas de las víctimas, la Jurisdicción analiza la posibilidad de activar intervenciones restaurativas en materia de memoria histórica, búsqueda de personas dadas por desaparecidas y violencia sexual y violencias basadas en género.

Con el cierre del Examen Preliminar de la Corte Penal Internacional sobre la situación en Colombia, desde 2021 el Gobierno Nacional se comprometió a apoyar el avance de la Justicia Transicional Restaurativa de la JEP y a garantizar los recursos necesarios para la aplicación efectiva de las sanciones penales de naturaleza retributiva y restaurativa que el Tribunal para la Paz de la JEP imponga.

Sanar está en nuestra naturaleza

La localidad de Usme, en Bogotá, será el epicentro de ‘Siembras de Vida’, el primer proyecto restaurativo de la JEP que vinculará a 46 responsables de crímenes de guerra y de lesa humanidad en procesos de restauración ecológica en el corredor ambiental Chingaza-Sumapaz. Entre ellos, hay 12 responsables del Caso 03 (‘falsos positivos’), es decir, de los subcasos de Norte de Santander, Costa Caribe y Casanare, a quienes el Tribunal para la Paz les impondrá sanciones; y 34 partícipes no determinantes a los que la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas les resolverá su situación legal.

Bogotá es la principal ciudad receptora de víctimas del conflicto armado y la segunda con mayor población víctima residente, quienes exigen el restablecimiento de sus derechos. Sumado a ello, Usme, por ejemplo, experimentó un profundo impacto que dejó cicatrices en su tejido social. Este territorio, que era un corredor habitual de grupos armados, enfrentó estigmatización y adversidades que aún resuenan en la memoria colectiva de sus habitantes. De acuerdo con el Observatorio Distrital de Víctimas, a corte de junio de 2023, se registraron 19.951 víctimas, en su mayoría por hechos de desplazamiento forzado.

Durante este proyecto restaurativo podrá ser intervenidas hasta 15 hectáreas degradadas (150.000 m²) en tres terrenos ubicados en inmediaciones de la represa Chisacá, en el sur de Bogotá que hacen parte del corredor ambiental Chingaza-Sumapaz. Los 46 comparecientes trabajarán en horarios establecidos y monitoreados por la JEP en la siembra de especies nativas del sector: Garrocho, arrayán, salvio negro y sauco negro, que serán proveídas por el Jardín Botánico, cuyos expertos acompañarán el proceso. Así mismo, se realizarán labores de mantenimiento para evitar el reingreso de especies invasoras y el adecuado desarrollo del crecimiento de las especies arbóreas sembradas, en viveros, y se desarrollarán iniciativas de pedagogía de paz y memoria.

Este delicado trabajo implica un conocimiento riguroso de las metodologías y prácticas de restauración ecológica, temas en los que los comparecientes se están capacitando con la Fundación Natura, entidad que cuenta con más de 20 años de experiencia trabajando en los ecosistemas del país.

Víctimas, comparecientes, autoridades locales y comunidad internacional respaldan el primer proyecto restaurativo

El presidente de la JEP, el magistrado Roberto Carlos Vidal, el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán y Otty Patiño, Consejero Comisionado de Paz, encabezarán el lanzamiento de ‘Siembras de Vida’ en Usme. Este evento contará con la participación de líderes de la localidad, organizaciones de víctimas y sus representantes, y también asistirán diversas entidades que colaborarán en su implementación, incluyendo el Fondo Multidonante de la ONU para la Paz en Colombia, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), la Alta Consejería para los Derechos de las Víctimas, la Paz y la Reconciliación del Distrito, el Jardín Botánico, la Empresa de Acueducto de Bogotá y la Fundación Natura.

Este evento contará con la presencia de los comparecientes que trabajarán en el proyecto, entre los que se encuentran el mayor general (r) Henry William Torres Escalante, quien fue comandante de la XVI Brigada (de Casanare) entre diciembre de 2005 y junio de 2007; y el mayor (r) Gustavo Enrique Soto Bracamonte, quien fue comandante del Gaula Casanare entre 2006 y 2007. Ellos y otros 22 exintegrantes del Ejército, un funcionario del extinto DAS y dos terceros civiles, reconocieron su responsabilidad por ‘falsos positivos’ ante la JEP en 2023.

El Sistema Restaurativo activará otras líneas de trabajo

El Sistema Restaurativo que tiene su raíz en el modelo de Justicia Transicional Restaurativa de la JEP (atendiendo las demandas de las víctimas y lo contemplado en el Acuerdo Final de Paz y la Ley Estatutaria de Administración de Justicia de la Jurisdicción) estableció siete líneas de proyectos restaurativos en los que podrán trabajar los comparecientes que han aportado verdad y vienen cumpliendo con sus obligaciones:
1) Acción Integral contra las Minas (AICMA);
2) Medio ambiente, naturaleza y territorio;
3) Infraestructura rural y urbana,
4) Memorialización y reparación simbólica;
5) Educación, alfabetización y capacitación,
6) Búsqueda de personas dadas por desaparecidas, y
7) Daños diferenciales y macrovictimización.

Estas líneas de proyectos restaurativos serán un marco de referencia para la implementación de sanciones propias que impondrá la Sección de Primera Instancia para Casos de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad, del Tribunal para la Paz de la JEP y las medidas de reparación que impondrá la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas como parte de las condiciones que deben cumplir para resolver la situación legal de los partícipes no determinantes.

De los tres tipos de sanciones que impondrá la Jurisdicción Especial para la Paz, las sanciones propias o restaurativas son las únicas que no conducen a la cárcel, pero implican la restricción efectiva de libertades y derechos, y el cumplimiento de trabajos, obras y actividades con contenido reparador y restaurador que deben ser monitoreados y verificados para garantizar su efectivo cumplimiento. Estas sanciones tendrán una duración máxima de ocho años.

A la cárcel presunto abusador sexual de una adolescente en Bogotá

Por solicitud de la Fiscalía General de la Nación, un juez de control de garantías impuso medida de aseguramiento en establecimiento carcelario contra Cleber Moreno Moreno, presuntamente implicado en el abuso sexual del que fue víctima una menor de 16 años.

Los hechos ocurrieron en Bogotá el pasado 21 de febrero cuando la menor transitaba en la noche por una calle del barrio San Carlos de la localidad de Tunjuelito, sur de la capital.

Labores de policía judicial evidenciaron que la adolescente habría sido sorprendida por el procesado quien, se cree, la intimidó con un arma de fuego. A pesar de que la víctima intentó defenderse, fue sometida por la fuerza y agredida sexualmente en vía pública.

El posible agresor huyó en una motocicleta; mientras la víctima como pudo llegó a su casa donde les narró a sus familiares lo sucedido. De inmediato el caso fue puesto en conocimiento del Grupo Élite de Delitos Sexuales (GEDES) de la Seccional Bogotá.
Labores de policía judicial adelantadas de manera coordinada por la Sijin y del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de Bogotá evidenciaron el recorrido cumplido por el presunto atacante, para establecer las circunstancias que rodearon el abuso.

Una fiscal de la Seccional Bogotá imputó a Moreno Moreno el delito de acceso carnal violento. Cargo que no aceptó.

Información en poder de la Fiscalía da cuenta de la existencia de cinco agresiones sexuales más en las que el modus operandi fue similar. Ante esto el ente investigador adelanta las indagaciones para establecer si el ahora procesado podría o no estar implicado en estos hechos.
Información originada por la Fiscalía, se pública por razones de interés general.

Capturado y judicializado uno de los asaltantes de gastrobar en Usaquén

 Por: John Fredy Cortés.- La oportuna alerta ciudadana y la rápida acción de la Policía Metropolitana permitió la captura de Brayan Alexis Ceballos, implicado en un atraco perpetrado el pasado viernes 16 de febrero, en un restaurante de Usaquén.
 Así lo reconoció el secretario Distrital de Seguridad, César Restrepo, quien aseguró que “el resultado que se ha dado con la captura de este delincuente es la muestra que la integración de los esfuerzos de la Policía Nacional, en coordinación con los ciudadanos, con las personas de los establecimientos comerciales, garantiza el éxito en la lucha contra el delito”.

Restrepo señaló que las instituciones, en conjunto con la ciudadanía, deben consolidar los esfuerzos en materia de seguridad. “La integración entre la comunidad y la policía logra dar estos resultados y logrará dar más resultados hacia adelante. Es muy importante que sigamos integrándonos con ciudadanía, sector privado e instituciones para luchar contra el crimen y denunciar. Son las denuncias las que permiten como en este caso poner a los delincuentes a buen recaudo”, sostuvo.

Por su parte, el comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá, brigadier general José Daniel Gualdrón Moreno, explicó detalladamente cómo se llegó a la captura de este individuo. “Se trató del robo a mano armada en un establecimiento; gracias a la colaboración con la ciudadanía que nos dio información oportuna y a la rápida reacción de la ‘Patrulla Gourmet’, logramos la captura de este individuo que participó en el hecho”, afirmó el oficial.

Gualdrón señaló que “el sujeto, en su intento de huida, se subió a la motocicleta que había dejado al frente, sin pensar que un valiente ciudadano lo hiciera caer de la misma. De inmediato, los ciudadanos alertan a la patrulla de policía, que llega y captura a este individuo, trasladándolo a las instalaciones policiales para su judicialización”.

El alto oficial también afirmó que este sujeto, al no contar con ningún documento físico, trató de engañar a los funcionarios de investigación judicial con una identidad que no le correspondía. Una vez se realizaron las funciones de dactiloscopia, se enviaron las huellas dactilares al centro técnico de consulta en la Registraduría, donde se logró identificar a esta persona, quien registraba una orden de captura vigente emitida por el juzgado 17 de control de garantías de Medellín por los delitos de concierto para delinquir, falsedad marcaría, hurto calificado y agravado, y receptación.

Es importante resaltar que la motocicleta incautada en el procedimiento, después de la inspección por parte de los técnicos automotores, tenía sus números de identificación de chasis y motor regrabados o alterados; además, tendría una denuncia activa por hurto del 15 de abril del 2023 en el municipio de Bello, en Antioquia.

Este capturado fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la Nación y llevado ante un juez con funciones de Control de Garantías, quien profirió medida de aseguramiento en centro carcelario.

Acusan a presuntos miembros de banda extorsionista de transportadores del sur de Bogotá

El representante del ente acusador indicó que estas personas esperaban a sus víctimas en distintas partes de los trayectos que cubrían los buses, en especial en el paradero del barrio Potosí, al sur de la ciudad. Allí, amenazando con armas, obligaban a los conductores a cancelar cuotas de mil, dos mil y hasta cinco mil pesos por viaje.

También mediante amenazas los forzaban a comprar boletas para rifas ficticias, teniendo que cancelar sumas entre los 10 y los 20 mil pesos.

Mediante la infiltración de un agente especial del Gaula, se logró establecer que los integrantes de la banda conocida como Los Guarnizo, a quienes no cancelaban la cuota, los asaltaban, les dañaban sus vehículos e inclusive les cobraban una cuota doble.

Piden condena contra patrullero por muerte de mujer que no acató pare en retén

La Subdirección Seccional de Fiscalías de Bogotá pidió al Juzgado 37 Penal del Circuito,  que profiera sentencia condenatoria en contra del agente de Policía Didier Fabián Patiño Muñoz, como presunto autor intelectual del delito de homicidio.

Los hechos se registraron el 8 de marzo de 2010 cuando la diseñadora gráfica oriunda de Cúcuta (Norte de Santander), Adriana Janeth Jiménez Abella de 27 años de edad, daba un paseo con un grupo de amigos al sur de la capital en un vehículo particular, el cual al parecer llevaba sobrecupo.

Fiscalía envía a centro carcelario a banda dedicada al hurto de usuarios bancarios

Por solicitud de la Subdirección Seccional de Fiscalías de Bogotá, un juzgado de garantías profirió medida de aseguramiento consistente en detención preventiva en centro carcelario, en contra de cuatro integrantes de una organización delictiva dedicada a hurtar a los usuarios bancarios minutos después de hacer los retiros de dinero.

FGN - Los hechos se relacionan con la persecución que hacían los procesados, incluso, desde las ventanillas de las entidades financieras hasta los negocios o viviendas de los clientes bancarios para quitarles el efectivo con armas de fuego bajo amenazas de muerte.

La Fiscalía expuso al juez cuatro eventos en los que las víctimas relataron como les fue hurtado el dinero justo después de retirarlos de las sucursales bancarias.

El ente acusador reveló que desde una entidad financiera ubicada en Centro Comercial Centro Mayor, sur de la capital, fue perseguida una de las víctimas que se movilizaba en una motocicleta, y en un semáforo fue abordada por los presuntos delincuentes en motos de alto cilindraje. Luego con amenazas de muerte fueron directo al bolsillo superior izquierdo de la camisa que llevaba puesta, donde la víctima guardaba un millón 800 mil pesos que acaba de retirar.

“Es tal el grado de crueldad de estos sujetos que no respetaban, no tenían escrúpulos para disparar a las víctimas, incluso si habían niños de brazos en medio de su objetivo, agregó al fiscal al justificar la medida preventiva.

Fiscalía imputó cargos a contratista por el llamado carrusel de las ambulancias

El Fiscal 28 Especializado contra la Corrupción indicó que el Ingeniero fue la persona encargada de hacer el préstamo de 6 mil 700 millones de pesos a la Empresa Unión Temporal de Transporte Ambulatorio, para que esta se viera favorecida con el contrato 1229 del 2009, y lograr así la dotación de ambulancias para Bogotá, contrato pactado por un total de 67 mil millones de pesos. 

Igualmente, señaló que el dinero entregado por el imputado permitía repartir los 6 mil 700 millones de pesos a quienes tenían la potestad de otorgar el visto bueno al contrato, pese a no cumplir con los requisitos debidos.

Desarticulada organización dedicada a la estafa de automotores

La Dirección Seccional de Bogotá logró, con apoyo de la Dijín, la captura de 19 personas por los delitos de concierto para delinquir, fraude procesal, falsedad en documento público y privado, receptación, falsedad marcaria y estafa agravada. 

Dicha organización, que se hacía conocer como Blanca Nieves, se dedicaba a la rematriculación de vehículos hurtados en Colombia y países vecinos (Ecuador, Perú y Venezuela), utilizando nombres de personas fallecidas para ser registradas en el Sistema RUNT con ayuda de funcionarios del SIM de Bogotá; de esta manera hacían legales los documentos de los automotores y, posteriormente, los comercializaban.

Juez declaró ajustado a la ley los allanamientos realizados

Durante la audiencia reservada, fuertemente custodiada por agentes del CTI y de la Policía Judicial, el delegado del ente investigador acreditó con elementos materiales probatorios la presunta responsabilidad de los procesados en una serie de atentados ocurridos entre 2014 y 2015 en esta capital.


El fiscal delegado advirtió que los operativos  fueron efectuados con base en información corroborada, según la cual, en algunos inmuebles se encontraban camuflados panfletos, banderas alusivas al ELN, teléfonos satelitales y elementos para elaboración de artefactos explosivos artesanales.

Detenido el periodista Sergio Segura de la Agencia Colombia Informa

Segura es periodista y licenciado en Comunicación Social, especialista en temas de Conflicto y Paz, corresponsal de esta Agencia. Fue detenido en por la Policía Nacional. En el allanamiento a su domicilio fue incautado su archivo laboral. 

Sergio Segura, de 27 años, se desempeña como corresponsal en Bogotá de la Agencia Colombia Informa desde el año 2010. Recientemente había sido convocado a exponer en la Universidad Nacional en un Foro sobre Medios y Conflicto, en su carácter de especialista en el seguimiento a temas vinculados al conflicto y las negociaciones de paz.

Su detención tuvo lugar el miércoles 8 de julio a las 6 de la mañana, como parte de otras 14 órdenes de captura llevadas a cabo por la Fiscalía que involucran a dirigentes sociales y estudiantiles, en el marco de las investigaciones por las explosiones ocurridas días atrás en la capital del país.

Fiscalía acusó a homicida de niño de dos años

Ante un juez penal del circuito de Bogotá, con funciones de conocimiento, un fiscal de la Unidad de Vida acusó a Manuel Antonio Nova Cardozo, como presunto responsable del delito de homicidio agravado.

Durante la audiencia el fiscal del caso indicó que Nova Cardozo sería el presunto responsable de la muerte del menor de dos años A.F.Q.C., quien fue llevado de urgencia al hospital de Suba, donde llegó sin signos vitales. 

De acuerdo con la narración del fiscal, el menor había sido dejado con su padrastro, Nova Cardozo, ante la necesidad de la madre de salir a reclamar medicamentos en el norte de la capital.

Condenados por desvalijar camiones

Por solicitud de la Subdirección Seccional de Fiscalías de Bogotá, el Juzgado Tercero de Descongestión proferirá sentencia condenatoria en contra de José Javier Muñoz Lara y Fredy Andrés Salazar, provenientes de Tibaná (Boyacá), como autores materiales del delito de receptación.

Los hechos fueron los registrados en Usme, localidad al sur de la capital en donde investigadores del CTI de la Fiscalía hallaron un camión recién hurtado,  el cual estaba siendo desvalijado por los procesados con el fin de comercializar sus partes en el centro de la ciudad.

Por secuestro del hijo de un comerciante, mujer fue enviada a prisión

Luego de la imputación de cargos por parte de la Subdirección Seccional de Fiscalías de Bogotá, un juez envió a centro carcelario con medida de aseguramiento a Karina Arias Bustamante de 20 años de edad, por el delito de secuestro extorsivo de Raúl Torres, hijo de un comerciante mayorista de Corabastos. 
De acuerdo con el delegado de la Fiscalía, se trata de una joven peligrosa para la comunidad por pertenecer a una banda de secuestradores que tiene contactos con las FARC.

“Lo custodiaba en un metro cuadrado, amarrado de pies y manos y con una venda en la boca, además, le inyectaba escopolamina para mantenerlo sedado y que no reconociera a las personas que lo tenían privado de la libertad”, señaló el encargado del caso.

778 procesos fueron resueltos durante jornada de conciliación realizada por la Dirección Seccional Bogotá

La Direccion Seccional de la Fiscalía en Bogotá, durante la jornada de conciliación, logró  resolver un total de 778 procesos que se adelantaban en  la capital del país por delitos querellables.


Carmen Torres Malaver, Directora Seccional, indicó que de un total de 1281 diligencias que se convocaron para la jornada  especial, la seccional consiguió esa cifra gracias a la conciliación o el desistimiento de los denunciantes.

Continúan las detenciones en la localidad de Sumapaz

El día domingo primero de marzo, aproximadamente a las 6:00 a.m. en la vereda Las Vegas, corregimiento de San Juan de Sumapaz, localidad 20 de Bogotá D.C, fue detenido por miembros de la Fiscalía el campesino Ciro Ardila Táutiva mientras se dirigía a recoger un ganado, acusándolo de ser auxiliador de la guerrilla.

Sindicato de Trabajadores Agrícolas de Sumapaz - Ciro convive con su esposa que se encuentra en estado de embarazo y un hijo de 11 años en la vereda Nueva Granada, hace parte de la Junta de Acción Comunal y es integrante de la Asociación de Padres de Familia del Colegio del Campo Juan de la Cruz Varela sede El Tunal y sede El Salitre.

Petro le cumple a: LOS RECICLADORES, AL AMBIENTE Y A LA CORTE

La Corte Constitucional expidió el Auto 366 de 2014, sobre el cumplimiento de la sentencia de reciclaje y aseo por parte del la Administración Distrital.
El Auto del alto tribunal señala que:
Primero.– DECLARAR IMPROCEDENTE, conforme a las consideraciones de esta providencia, la solicitud de cumplimiento elevada por Nohra Padilla Herrera.
Segundo.– DECLARAR que la UAESP ha adelantado actuaciones encaminadas a darle cumplimiento a las órdenes y parámetros contemplados en la sentencia  T- 724 de 2003 y en los Autos 275 de 2011 y 268 de 2010. Por lo anterior, la insta a continuar con el proceso.  
Tercero.– SOLICITAR a la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico que, en el término de 72 horas, contadas a partir de la notificación de esta providencia, remita a esta Corporación la respuesta enviada a la UAESP frente a las discusiones en torno al marco tarifario que debe regir el servicio público domiciliario de aseo. En este sentido, solicitarle  que -en especial- delimite los motivos que sustentan el concepto “costo evitado” que plantea y por qué considera desacertado aquel esbozado por la UAESP.
Cuarto.- ENVIAR copias de esta providencia a la Superintendencia de Industria y Comercio, para que, conforme con lo señalado en el numeral 23, la tenga en cuenta en las actuaciones que adelante.  
ADJUNTAMOS EL AUTO COMPLETO.


Sentenciada por arrojar a su hijo recién nacido en un tejado

El Juez 40 Penal del Circuito de Bogotá, con funciones de conocimiento, condenó a 33 años y 4 meses de prisión a Cristina Ropero Téllez, por el delito de homicidio agravado.
En desarrollo de una audiencia de lectura de fallo, el juez dijo que halló culpable a la mujer de los hechos ocurridos el 5 de noviembre del 2012, en una residencia del barrio Suba-Rincón, al noroccidente de Bogotá.

Coronel y dos subintendentes de Policía seguirán presos por homicidio del joven grafitero Diego Felipe Becerra

El Juez 37 Penal del Circuito de Bogotá, con funciones de conocimiento, actuando como segunda instancia negó la petición de libertad al coronel de la Policía Jhon Henry Peña Riveros y los subintendentes de esa misma institución, Nelson Giovanny Tovar Pineda y Fleiber Leandro Zarabanda Payan, investigados dentro del proceso que se adelanta por la muerte  del menor grafitero Diego Felipe Becerra.

En su decisión, el juez respaldó la posición de la primera instancia, la cual cobijó con medida de aseguramiento en establecimiento carcelario a los procesados, el 23 de agosto del 2014.

El juzgador consideró que la petición de libertad era inviable porque los hechos fueron graves, así como la posición que asumieron los  tres imputados, quienes manipularon la escena del crimen, con el fin de encubrir la actuación del patrullero Wilmer Alarcón Vargas, quien disparó contra el menor de 17 años ocasionando su muerte, el 19 de agosto de 2011 en un sector de la Avenida Boyacá con  117, al noroccidente de Bogotá.

Fiscalía pide sentencia condenatoria contra exconcejal Orlando Parada

La Fiscalía Delegada ante la Corte Suprema de Justicia solicitó a un juez de conocimiento proferir sentencia condenatoria en contra del exconcejal de Bogotá Orlando Parada Díaz, acusado de los delitos de cohecho impropio y tráfico de influencias de servidor público agravado. 
Durante los alegatos de conclusión, el ente acusador advirtió que quedó suficientemente probado que el excabildante se benefició con la vinculación de 50 personas a la Unidad de la Malla Vial (UVM), a mediados del 2009, constituyéndose el delito tráfico de influencias.

En cuanto al delito de cohecho impropio, el ente acusador insistió en que Parada Díaz habría recibido cerca de 400 millones de pesos por parte de un tercero en septiembre de 2010, “Lesionó la administración pública al no actuar con pulcritud, transparencia y moralidad”, concluyó el delegado fiscal.

Asegurados tío y sobrino por descuartizar a comerciante

Javier Pinzón Camacho y su sobrino Brayan Grisales Pinzón fueron cobijados con medida de aseguramiento en establecimiento carcelario, por decisión de la Juez 71 Penal Municipal de Bogotá con función de control de garantías.

La juez en su veredicto apoyó la petición de la Fiscal 326 Seccional de la URI de Puente Aranda, la cual demostró que los dos imputados son un peligro para la sociedad y debido al monto de la pena a imponer era posible que estando en libertad no respondieran ante el estrado.

La fiscal del caso narró que los procesados son presuntos responsables del crimen del ciudadano de  36 años, Elber Giovanny Almanza, quien desapareció el 12 de noviembre de 2014 y dos días después, algunas partes de su cuerpo fueron halladas por las autoridades en dos bolsas plásticas.

Importante.

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