“Consideramos que éste
es un mensaje que le envía el Procurador al Juez, para que no levante la
suspensión del POT. Tal vez no es coincidencia que el Procurador vuelva con un
tema que ya se encuentra en manos del Juez”, manifestó el secretario Ardila.
por jcortes - El
secretario reiteró que desde el punto de vista jurídico y técnico la
Modificación del POT se encuentra dentro de la Constitución y ajustada a la Ley
y además se basa en estudios técnicos realizados antes y durante la actual
Administración. El funcionario añadió que el Decreto se expidió tras la falta
de respuesta definitiva por parte del Concejo de Bogotá después de los 90 días
reglamentarios. Recordó que el Decreto 364 (MePOT) sigue vigente aunque se
encuentre suspendido.
“Aspiramos a que se
levante la suspensión de la MePOT, eso va a beneficiar al Gobierno que llegue,
porque le va a entregar el marco normativo que facilita la gobernabilidad y la
toma decisiones en una ciudad que requiere un POT que responda a la lucha contra
la segregación, acabe con la tendencia a localizar poblaciones enteras en áreas
de riesgo, y contribuya a enfrentar los impactos del cambio y la variabilidad
climática sobre la ciudad, que serán muy fuertes”, anotó el funcionario.
Según el secretario
“la suspensión del Decreto 364 hace mucho más difícil disminuir los tiempos de
gestión de los proyectos de construcción, manteniendo condiciones de gestión
urbana anticuadas y muy poco eficientes”. El Decreto 190 (POT actual) no permite
localizar equipamientos como colegios, hospitales o centros de salud en áreas
de la ciudad donde se necesitan.
“El Decreto 190 forma parte de una visión de
ciudad constituida por piezas homogéneas, con usos únicos. Pero la ciudad no
funciona así, sino que su éxito reposa en la mezcla de usos. Tampoco presenta
un claro sistema para asegurar que la sociedad en su conjunto, por medio de su
administración, pueda captar una parte de las plusvalías generadas por las
ventajas de construir en altura, ni asegura los retornos de suelo para espacio
público y vivienda para los hogares con menor capacidad de pago. Una adecuación
más democrática y equitativa es necesaria”, anotó el vocero de la SDP.
