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| José Cuesta Novoa |
Durante sesión plenaria del Concejo de Bogotá, el concejal José Cuesta Novoa puso en el centro del debate la defensa de la Soberanía del Agua en Bogotá y alertó sobre el riesgo de que intereses extranjeros tengan incidencia sobre el agua y los ecosistemas que sostienen la vida de la capital.
Cuesta cuestionó un video en el que se habla de la llegada de una “avanzada israelita” y señaló que esta situación debe encender las alarmas frente a la soberanía hídrica de Bogotá. El concejal manifestó su preocupación por las decisiones del gobierno de Abelardo de la Espriella y por la posibilidad de que su política abra las puertas a intereses extranjeros sobre un bien común esencial para la vida.
En ese contexto, Cuesta puso la mirada sobre Mekorot, empresa estatal israelí dedicada a la gestión del agua, y recordó su creciente participación en proyectos hídricos de América Latina.
Argentina constituye, para el concejal, un antecedente que debe ser observado con especial atención. En la provincia de Río Negro, en la Patagonia, Mekorot participó en la elaboración del Plan Maestro para el Sector Hídrico, luego de un convenio suscrito en 2022 y un posterior contrato de consultoría. En diciembre de 2025, el Gobierno provincial presentó oficialmente el plan elaborado por la empresa israelí.
Para Cuesta, este antecedente plantea una pregunta fundamental para Bogotá: ¿quién decide sobre el agua y bajo qué intereses se planifica su futuro?
“Mekorot viene por el Páramo de Sumapaz”, afirmó el concejal, al advertir que Bogotá no puede permitir que actores privados o extranjeros tengan capacidad de decisión sobre un bien común esencial para garantizar la vida y el bienestar de sus habitantes.
El cabildante recordó que aproximadamente el 50 % del territorio de Bogotá corresponde a la localidad de Sumapaz, donde se encuentra el páramo más grande del mundo y una de las principales fuentes de agua de la capital. También recordó que durante la década de los noventa existieron intereses de una empresa transnacional francesa sobre este territorio y que la organización de las comunidades campesinas y de los movimientos sociales fue fundamental para defender el páramo.
“La discusión no es solamente sobre Sumapaz. La discusión es sobre quién tiene el poder de decidir sobre el agua de Bogotá. Y esa es una discusión de soberanía”, sostuvo Cuesta.
En ese sentido, el concejal planteó la necesidad de avanzar en una política de Soberanía del Agua en Bogotá, que reconozca el agua como bien común y derecho fundamental, garantice su gestión pública y fortalezca la participación de las comunidades en las decisiones que afectan las fuentes hídricas de la ciudad.
Cuesta pidió a la Administración Distrital explicar qué mecanismos existen para impedir que el agua de Bogotá pueda quedar comprometida mediante convenios, contratos o acuerdos con empresas extranjeras.
El concejal advirtió que esta discusión ocurre mientras Bogotá enfrenta estrés hídrico y los efectos de la crisis climática, lo que hace indispensable proteger los ecosistemas que garantizan el abastecimiento de agua para la ciudad.
Para Cuesta, el agua no puede convertirse en una mercancía ni estar subordinada a intereses económicos. Su protección debe estar vinculada a la defensa de la vida.
Finalmente, defendió el carácter público de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá y llamó a fortalecerla como institución garante del derecho fundamental al agua.
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