Entra en funcionamiento el Sistema Restaurativo de la J.E.P.

Para restablecer los vínculos rotos por el conflicto armado, allanar el camino hacia la reconciliación y la construcción de la paz, la JEP implementará el Sistema Restaurativo. Esta instancia, que entrará en funcionamiento este martes, es un terreno fértil en el que brotarán acciones que contribuyen a restaurar y sanar el daño causado a las víctimas, las comunidades, el territorio y la sociedad.

A través de estos proyectos restaurativos, los responsables de graves crímenes que han aceptado responsabilidad, aportado verdad y vienen cumpliendo con sus obligaciones ante la Jurisdicción, empezarán a trabajar para impulsar las transformaciones que necesita Colombia para pasar la página de la violencia.

Comparecientes de las extintas Farc-EP y antiguos miembros de la fuerza pública realizarán, de manera anticipada, trabajos que podrán ser tomados en cuenta como parte de las sanciones que les imponga el Tribunal para la Paz. Otros, que no fueron seleccionados como máximos responsables, participarán en los proyectos como parte de sus obligaciones de restauración y de las condiciones que deben cumplir para resolver su situación legal.

El proyecto de restauración ecológica ‘Siembras de Vida’ marcará el inicio de esta nueva etapa para la Jurisdicción en el corredor ambiental Chingaza-Sumapaz. En total, el Sistema Restaurativo arranca con tres proyectos en diferentes regiones del país. Otro de ellos es ‘Horizontes Seguros’, el cual se desarrollará en Antioquia, específicamente en los municipios de Dabeiba, Mutatá, Frontino y Murindó, con el objetivo de promover la Educación en el Riesgo de Minas (ERM). El tercer proyecto restaurativo se desarrollará en Nariño, donde los comparecientes trabajarán en la construcción de infraestructura que permitirá el acceso y restauración de la Casa de la Sabiduría para el Pueblo Awá.

Durante el proceso de estructuración, preparación y alistamiento de estos tres proyectos con las víctimas, las comunidades, los comparecientes, el sector público y privado, así como la sociedad civil, se han acumulado importantes lecciones que contribuirán al desarrollo de otras iniciativas que complementarán las que ya están en marcha. Por eso, de acuerdo con el avance de los casos y las demandas de las víctimas, la Jurisdicción analiza la posibilidad de activar intervenciones restaurativas en materia de memoria histórica, búsqueda de personas dadas por desaparecidas y violencia sexual y violencias basadas en género.

Con el cierre del Examen Preliminar de la Corte Penal Internacional sobre la situación en Colombia, desde 2021 el Gobierno Nacional se comprometió a apoyar el avance de la Justicia Transicional Restaurativa de la JEP y a garantizar los recursos necesarios para la aplicación efectiva de las sanciones penales de naturaleza retributiva y restaurativa que el Tribunal para la Paz de la JEP imponga.

Sanar está en nuestra naturaleza

La localidad de Usme, en Bogotá, será el epicentro de ‘Siembras de Vida’, el primer proyecto restaurativo de la JEP que vinculará a 46 responsables de crímenes de guerra y de lesa humanidad en procesos de restauración ecológica en el corredor ambiental Chingaza-Sumapaz. Entre ellos, hay 12 responsables del Caso 03 (‘falsos positivos’), es decir, de los subcasos de Norte de Santander, Costa Caribe y Casanare, a quienes el Tribunal para la Paz les impondrá sanciones; y 34 partícipes no determinantes a los que la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas les resolverá su situación legal.

Bogotá es la principal ciudad receptora de víctimas del conflicto armado y la segunda con mayor población víctima residente, quienes exigen el restablecimiento de sus derechos. Sumado a ello, Usme, por ejemplo, experimentó un profundo impacto que dejó cicatrices en su tejido social. Este territorio, que era un corredor habitual de grupos armados, enfrentó estigmatización y adversidades que aún resuenan en la memoria colectiva de sus habitantes. De acuerdo con el Observatorio Distrital de Víctimas, a corte de junio de 2023, se registraron 19.951 víctimas, en su mayoría por hechos de desplazamiento forzado.

Durante este proyecto restaurativo podrá ser intervenidas hasta 15 hectáreas degradadas (150.000 m²) en tres terrenos ubicados en inmediaciones de la represa Chisacá, en el sur de Bogotá que hacen parte del corredor ambiental Chingaza-Sumapaz. Los 46 comparecientes trabajarán en horarios establecidos y monitoreados por la JEP en la siembra de especies nativas del sector: Garrocho, arrayán, salvio negro y sauco negro, que serán proveídas por el Jardín Botánico, cuyos expertos acompañarán el proceso. Así mismo, se realizarán labores de mantenimiento para evitar el reingreso de especies invasoras y el adecuado desarrollo del crecimiento de las especies arbóreas sembradas, en viveros, y se desarrollarán iniciativas de pedagogía de paz y memoria.

Este delicado trabajo implica un conocimiento riguroso de las metodologías y prácticas de restauración ecológica, temas en los que los comparecientes se están capacitando con la Fundación Natura, entidad que cuenta con más de 20 años de experiencia trabajando en los ecosistemas del país.

Víctimas, comparecientes, autoridades locales y comunidad internacional respaldan el primer proyecto restaurativo

El presidente de la JEP, el magistrado Roberto Carlos Vidal, el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán y Otty Patiño, Consejero Comisionado de Paz, encabezarán el lanzamiento de ‘Siembras de Vida’ en Usme. Este evento contará con la participación de líderes de la localidad, organizaciones de víctimas y sus representantes, y también asistirán diversas entidades que colaborarán en su implementación, incluyendo el Fondo Multidonante de la ONU para la Paz en Colombia, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), la Alta Consejería para los Derechos de las Víctimas, la Paz y la Reconciliación del Distrito, el Jardín Botánico, la Empresa de Acueducto de Bogotá y la Fundación Natura.

Este evento contará con la presencia de los comparecientes que trabajarán en el proyecto, entre los que se encuentran el mayor general (r) Henry William Torres Escalante, quien fue comandante de la XVI Brigada (de Casanare) entre diciembre de 2005 y junio de 2007; y el mayor (r) Gustavo Enrique Soto Bracamonte, quien fue comandante del Gaula Casanare entre 2006 y 2007. Ellos y otros 22 exintegrantes del Ejército, un funcionario del extinto DAS y dos terceros civiles, reconocieron su responsabilidad por ‘falsos positivos’ ante la JEP en 2023.

El Sistema Restaurativo activará otras líneas de trabajo

El Sistema Restaurativo que tiene su raíz en el modelo de Justicia Transicional Restaurativa de la JEP (atendiendo las demandas de las víctimas y lo contemplado en el Acuerdo Final de Paz y la Ley Estatutaria de Administración de Justicia de la Jurisdicción) estableció siete líneas de proyectos restaurativos en los que podrán trabajar los comparecientes que han aportado verdad y vienen cumpliendo con sus obligaciones:

1) Acción Integral contra las Minas (AICMA);

2) Medio ambiente, naturaleza y territorio;

3) Infraestructura rural y urbana,

4) Memorialización y reparación simbólica;

5) Educación, alfabetización y capacitación,

6) Búsqueda de personas dadas por desaparecidas, y

7) Daños diferenciales y macrovictimización.

Estas líneas de proyectos restaurativos serán un marco de referencia para la implementación de sanciones propias que impondrá la Sección de Primera Instancia para Casos de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad, del Tribunal para la Paz de la JEP y las medidas de reparación que impondrá la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas como parte de las condiciones que deben cumplir para resolver la situación legal de los partícipes no determinantes.

De los tres tipos de sanciones que impondrá la Jurisdicción Especial para la Paz, las sanciones propias o restaurativas son las únicas que no conducen a la cárcel, pero implican la restricción efectiva de libertades y derechos, y el cumplimiento de trabajos, obras y actividades con contenido reparador y restaurador que deben ser monitoreados y verificados para garantizar su efectivo cumplimiento. Estas sanciones tendrán una duración máxima de ocho años.

Cannabis medicinal en Bogotá: determinan rendimiento y alcance en tres variedades

 Además de estar presente como producto en pomadas, cremas o gotas con compuestos activos que alivian el dolor muscular, combaten el insomnio y tratan padecimientos graves, su uso se ha expandido hacia escenarios como el textil, cosmético, y de alimentos y bebidas, y las exportaciones han ido creciendo, con un gran salto entre 2020 y 2021.

En tres variedades de Cannabis sativa sembradas en la Sabana de

Bogotá se determinaron las condiciones en que la planta obtienen

más nutrientes.

Fotos: Wendy Andrea Ladino Fandiño, magíster en Ciencias

Agrarias de la UNAL

Agencia de noticias UNAL.- En este contexto, y debido al vacío de información en cuanto al rendimiento fisiológico y fenológico de la planta, la investigadora Wendy Andrea Ladino Fandiño, magíster en Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional de Colombia (UNAL), evalúo la siembra, en condiciones de suelo y sustrato, de tres variedades de Cannabis sativa que se producen en la Sabana: Souce cauca, Higthcol y Calotoweed, con el interés de trazar una hoja de ruta para que los productores obtengan cultivos de la mejor calidad posible, y evitar pérdidas económicas por desconocimiento.

 La investigación se adelantó en la finca El Candil, en inmediaciones del Humedal de La Conejera, en Suba. Allí se sembraron, en junio de 2020, las tres variedades proporcionadas por una reconocida empresa de este sector, a partir de plántulas de 4 semanas de edad. Todo se realizó en condiciones de invernadero con una temperatura promedio de 17 oC, humedad relativa de 76,21 %, y luz tanto natural como artificial.

En el estudio se analizaron parámetros del crecimiento de la planta, de su composición química

y de la producción de cannabinoides.

 La clave está en el sustrato en el que se sembraron las plantas: en algunos tratamientos se realizaron en el suelo del invernadero, que tiene una textura francoarcillosa, mientras que en otros se implementó un sustrato comercial a base de 70 % de fibra de coco y 30 % de perlita. Después se trasplantaron a materas plásticas y allí se hizo un seguimiento riguroso de todas sus características fisiológicas, químicas y de rendimiento.

 Según la magíster, “solo teníamos información de otras investigaciones en torno al cáñamo, que aunque es la misma especie tiene características diferentes, por lo que la escala se ajustó para el cannabis medicinal de las variedades usadas en el estudio, determinando 5 etapas principales y los días en que ocurren, que van desde el crecimiento vegetativo (desarrollo de las hojas, formación de brotes laterales y elongación del tallo) hasta la formación del fruto (desarrollo y maduración).

Las plantas se dividieron en dos grupos, el primero se sembró en condiciones de suelo y el segundo

en sustrato comercial.

Por otro lado, se recolectaron ramas, incluyendo hojas y tallos, a los 15, 30, 46, 60 y 90 días después del trasplante, para realizar análisis completos de nutrientes. Se determinó que el sustrato retiene una mayor cantidad de nutrientes (iones) comparado con las condiciones de suelo; además, se estableció la curva de extracción de estos nutrientes en las condiciones del experimento, lo cual es un aporte valioso, aunque requiere de más investigaciones.

Sin embargo, ocurrió algo interesante, y es que las plantas sembradas en el sustrato presentaron estrés nutricional y producían más cannabidiol, lo cual no sucedió en las plantas que estaban en el suelo del invernadero, que tenían un mejor porte visual, pero no un mejor rendimiento en estos compuestos.

Estos hallazgos ayudarían a tener mejores rendimientos en los cultivos para la producción de aceites,

cremas y pomadas medicinales de Cannabis sativa. Foto: archivo Unimedios.

 “Se observó que las plantas de estas variedades de cannabis ‘aman’ el nitrógeno, por lo que, a diferencia de otros cultivos como el de papa, tomate o las flores, necesitan cantidades mucho mayores; así, se necesitan planes de fertilización acordes con estas necesidades, y que eviten la acumulación de otros minerales como hierro, cobre y zinc, que no son los más indicados para su desarrollo medicinal”, indica la investigadora Ladino.

Añade que, “aunque este es un sector competitivo en el país, se sabe poco sobre el cultivo; la información que tenemos sobre parámetros de cosecha en general viene de otros países de Europa, o de Canadá, que tiene un gran desarrollo en este campo, por lo que es necesario determinar qué ocurre en las condiciones de cultivo en el trópico, y del rendimiento de los extractos y la flor de esta planta”.

Los algoritmos de machine learning aportan al reconocimiento de cultivos ilícitos.

Según el Ministerio de Justicia y del Derecho, a septiembre de 2023 el país registraba 31,7 hectáreas de cultivo de plantas de cannabis no psicoactivo, y 19,4 que sí lo son. La legalización del cannabis para uso medicinal se dio a penas en 2016, por lo que es una industria en crecimiento que aún está consolidando muchas bases, aunque en el país este cultivo se ha dado desde hace mucho tiempo, pero la ilegalidad ha opacado las investigaciones sobre su rendimiento.

A la cárcel presunto abusador sexual de una adolescente en Bogotá

Por solicitud de la Fiscalía General de la Nación, un juez de control de garantías impuso medida de aseguramiento en establecimiento carcelario contra Cleber Moreno Moreno, presuntamente implicado en el abuso sexual del que fue víctima una menor de 16 años.

Los hechos ocurrieron en Bogotá el pasado 21 de febrero cuando la menor transitaba en la noche por una calle del barrio San Carlos de la localidad de Tunjuelito, sur de la capital.

Labores de policía judicial evidenciaron que la adolescente habría sido sorprendida por el procesado quien, se cree, la intimidó con un arma de fuego. A pesar de que la víctima intentó defenderse, fue sometida por la fuerza y agredida sexualmente en vía pública.

El posible agresor huyó en una motocicleta; mientras la víctima como pudo llegó a su casa donde les narró a sus familiares lo sucedido. De inmediato el caso fue puesto en conocimiento del Grupo Élite de Delitos Sexuales (GEDES) de la Seccional Bogotá.

Labores de policía judicial adelantadas de manera coordinada por la Sijin y del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de Bogotá evidenciaron el recorrido cumplido por el presunto atacante, para establecer las circunstancias que rodearon el abuso.

Una fiscal de la Seccional Bogotá imputó a Moreno Moreno el delito de acceso carnal violento. Cargo que no aceptó.

Información en poder de la Fiscalía da cuenta de la existencia de cinco agresiones sexuales más en las que el modus operandi fue similar. Ante esto el ente investigador adelanta las indagaciones para establecer si el ahora procesado podría o no estar implicado en estos hechos.

Información originada por la Fiscalía, se pública por razones de interés general.

El mejor metro para Bogotá

Alocución del presidente de la República, Gustavo Petro Urrego

 Buenas noches.

Aquí me acompaña el ministro de Transporte, William Fernando Camargo, de Boyacá, y nuestra viceministra de Infraestructura, María Constanza García, de Cúcuta.

Con ellos venimos trabajando desde hace ya bastantes años, desde el año 2012. En la Bogotá Humana tuvieron puestos, tuvieron la experiencia de vigilar los estudios del metro subterráneo de Bogotá en aquel entonces.

Por eso hoy nos acompañan, porque ya en el Gobierno nacional –y ocho años después de haber dejado la Alcaldía–, estamos otra vez ante la discusión del metro de Bogotá, que se financia en un 70 por ciento –yo quisiera en un 100 por ciento– con los recursos del presupuesto nacional. Es decir, con los dineros de todos y todas las colombianas.

Por eso prometí hacer esta presentación de este estudio.

Hace un par de días les dije que íbamos a explicarles a ustedes las principales conclusiones que nos arroja este estudio, de bastantes hojas y páginas, que hizo la Sociedad Colombiana de Ingenieros (SCI) con respecto al metro de Bogotá.

La Sociedad Colombiana de Ingenieros, por ley, es la asesora del Gobierno Nacional en estas materias. Estamos hablando de una asociación sin ánimo de lucro, con reconocimiento en el sector de más de 125 años, y que para este caso empleó 36 expertos internacionales y nacionales, entre ellos Ginés de Rus, economista reconocido mundialmente, experto en análisis de costo-beneficio y de la economía del transporte.

Este análisis costo-beneficio es fundamental para saber si un proyecto es bueno o es malo, o compararlo entre varios proyectos.

El documento, que aquí está, evaluó condiciones económicas, geotecnia, estructuras, túneles, operaciones, demanda, condiciones ambientales, urbanísticas, entre otras, para determinar lo que gana la sociedad con las diferentes alternativas del proyecto de metro versus los costos que tiene la sociedad para hacer cada una de estas alternativas. Se trata de escoger la mejor.

Dado que el proyecto robusto del metro subterráneo que estudiamos en nuestra administración bogotana, y yo como alcalde de la Bogotá Humana, y que llegaba hasta la Calle 127, fue completamente desechado por las administraciones posteriores, decidimos no estudiarlo más.

Se perdieron 135 mil millones de pesos, de entrada, en unos estudios muy bien hechos, que se le entregaron al entonces Gobierno nacional, pero que nos engañaron, cambiaron los proyectos en el Distrito e irreversiblemente se perdió.

 Ese proyecto ya no se puede construir hoy.

La pérdida del proyecto que se diseñó en mi Alcaldía, según este mismo estudio que se hace ahora, representa una pérdida para la sociedad bogotana de 8 billones de pesos, 8 millones de millones de pesos.

Ahora se trata de reducir esta enorme afectación, que suma la disminución de productividad de la ciudad durante todo este tiempo, el desmejoramiento de la calidad de vida de todos sus habitantes y los tiempos perdidos de vida en el transporte, de tiempo, de viaje, durante estos 8 años.

Al no haber hecho el proyecto de la Bogotá Humana, se perdieron 8 billones de pesos para la sociedad bogotana.

El estudio de la Sociedad de Ingenieros se desarrolló durante más de seis meses y se evaluaron 9.820 documentos técnicos, que nos permiten comparar, principalmente, dos opciones de metro para Bogotá.

Uno, el que se viene desarrollando, el que se puso en contra del proyecto del metro subterráneo, del cual ya no hablaremos más: completamente elevado, con 16 estaciones, que inicia en Bosa, sube por la avenida Primero de Mayo y toma la Caracas hasta la calle 72, a donde llega siempre de manera elevada.

Ese es el proyecto que actualmente se está semi-construyendo. Allí se articularía al segundo tramo, subterráneo este, y que está en un proceso prelicitatorio y que va hasta Suba.

Nosotros presentamos una nueva alternativa de metro, que vamos a llamar mixto, que proponemos conservando el tramo que se está construyendo en la actual administración, desde el patio-taller en Bosa hasta la estación Antonio Nariño, cerca al centro de Bogotá, en donde se vuelve subterráneo –es nuestra propuesta–, para llegar hasta la carrera 13, y por ahí seguir hasta la calle 72, en el norte de la ciudad.

La nueva alternativa mixta tendría dos estaciones más.

Hoy podemos reducir esa pérdida de los 8 billones de pesos provocada por suspender el proyecto de metro subterráneo a 3 billones de pérdidas, si escogemos el proyecto de metro mixto, según como se puede concluir del estudio de la Sociedad Colombiana de Ingenieros.

Es decir, que hoy el mejor metro para Bogotá es el metro mixto, que no tiene su primera estación subterránea en la estación de la Hortua. Comienza la subterranización en la estación Antonio Nariño, la estación de la Hortua es en la calle primera, y toma la carrera 13 por ahí hacia el norte.

El estudio de la Sociedad Ingenieros arroja dos indicadores finales para los dos proyectos, que es lo que quiero presentarles.

Se denomina uno la TIR (Tasa Interna de Retorno). Y un segundo correlacionado con esa TIR, que se llama Valor Presente Neto.

¿Qué significan esos indicadores?

La llamada TIR es como la rentabilidad que recibirá toda la sociedad bogotana por hacer el proyecto. Puede compararse con el porcentaje de ganancia que obtiene alguien al montar el negocio y compararlo con otro: cuál es más rentable.

Las conclusiones del estudio indican que la rentabilidad TIR de ambos proyectos, proyectada durante 30 años, es 9.5 por ciento. En ambos da igual, tienen la misma rentabilidad.

El proyecto actualmente desarrollado por la Alcaldía, desde los tiempos de Peñalosa, hace ocho años, y la propuesta que presentamos, que es ese mismo proyecto, pero subterranizándolo en la estación Antonio Nariño, y cogiendo subterráneo de la calle 72 por toda la carrera 13, dan la misma rentabilidad social: 9.5 por ciento.

Pero cuando se examina el otro indicador, el Valor Presente Neto (VPN, le ponen los técnicos), que significa la sumatoria de beneficios sociales en 30 años –podría haber sido un siglo, porque las líneas de metro duran mucho, la de Londres tiene 150 años, pero aquí evaluamos los primeros 30 años–,

cuando se suman esos beneficios sociales y se le quitan los costos del proyecto en el mismo periodo da una cifra, una sumatoria, que es el beneficio total, la ganancia total de la sociedad, traducida a pesos del 2022, para que podamos entenderlo, como si se tratara una cifra actual, el estudio indica que el proyecto mixto tiene un saldo favorable de un billón 600 mil millones de pesos, mientras el actual proyecto de la Alcaldía, el llamado metro elevado, solo da un billón de pesos.

Es decir, la ganancia social en 30 años de la propuesta que le hacemos a la alcaldía y a Bogotá es un 60 por ciento superior a la propuesta actual del gobierno.

En otras palabras, si la administración del Distrito rechaza la propuesta del Gobierno nacional sobre la alternativa mixta la sociedad bogotana perderá un 77 por ciento de posibles beneficios que se expresan en diferentes variables y que aumentaría esa pérdida en la medida que el tiempo de uso del metro se extienda por décadas, quizás por un siglo hacia adelante.

Voy a explicarles algunas de las variables que se comparan en este estudio.

Si se hace mixto el metro, el tiempo de viaje que usaría la ciudadanía disminuiría en un 77 por ciento en toda la ciudad respecto al proyecto de metro elevado hoy.

Horas que los ciudadanos podrán aprovechar para ser más productivos, compartir con sus familias y tener mejor calidad de vida.

Los beneficios ambientales para la ciudad son superiores en la opción mixta, son menores las emisiones contaminantes y generan menos impacto económico que las del proyecto elevado en la Caracas.

El proyecto mixto ahorra 10 mil millones de pesos en emisiones, mientras que el elevado apenas 6.500.

Con la construcción del proyecto mixto se reduce la afectación en la movilidad y en el sistema de transporte y, por ende, en los desplazamientos de los y las ciudadanas.

La obra del metro elevado, al realizarse sobre la vía, requiere más cierres viales que generan mayor congestión, trancones y cierre de estaciones del transporte masivo de toda la ciudad.

Las zonas bajo la gran estructura elevada son oscuras y solitarias, por lo que se pueden convertir en lugares más inseguros, de difícil tránsito para los peatones.

Este espacio público deja de estar libre para el disfrute de la ciudadanía. Habrá menos opciones de plazoletas, ciclorrutas, espacios verdes para el bienestar de las personas que habitan los barrios que atraviesa.

Con la opción mixta podremos conectar el tramo 2, que va desde la estación de la calle 72 hacia Suba, sin que los usuarios tengan que hacer transbordo y perder tiempo.

Este tema es absolutamente clave que Bogotá lo sepa, porque por mantener elevado el metro de la Caracas, al llegar a la calle 72 llega con 20 metros de altura sobre la superficie, pero también en ese mismo punto llega el tramo 2 desde Suba, subterráneo, a 22 metros de profundidad.

Significa una distancia en altura entre las dos estaciones de 42 metros, para hacer la correspondencia. Para personas de edad o enfermas, esto puede significar la pérdida de media hora de tiempo de viaje yendo de una estación a otra. Y para las más jóvenes, de 15 minutos, al menos.

Para centenares de miles de personas todos los días, durante años, durante décadas e incluso durante más de un siglo, esto vuelve inocuo e inservible el metro.

Se trata de una verdadera falla de planificación con la gente, con el dinero, público, con la ciudad, porque la demora entre las dos estaciones quita el tiempo que el metro debería ahorrar si se tomaran, por ejemplo, buses.

Algo similar sucede en la estación Antonio Nariño, donde comienza la pendiente ascendente de la ciudad hacia los Cerros Orientales.

En la alternativa elevada, el metro tiene que subir en pendiente, hacer este movimiento. En cambio, en la alternativa de subterranizar, precisamente donde comienza la colina, la opción mixta simplemente va a nivel, y entra con la misma pendiente hacer subterráneo al interior de la colina del borde oriental.

Esto hace que el costo operacional de todos los años que dure la línea del metro, es decir más de un siglo, el metro elevado sería mucho más alto que los costos operacionales del mixto que proponemos, y se reflejará inmediatamente las tarifas que se cobren a los pasajeros.

Lo que hemos mostrado no es un capricho mío. Son expertos de talla mundial y nacional los que, con base en el estudio, nos permiten extraer estas conclusiones.

A la Agencia Jurídica del Estado le solicito que adelante las actuaciones que sean necesarias para defender los recursos del Presupuesto General de la Nación, y que con estos podamos financiar un mejor metro para Bogotá. Todavía es posible.

Si se escoge la alternativa mixta no es que haya que detener las construcciones actualmente en proceso. Todo el extremo occidental, que esto es lo que se está construyendo, sigue igual. Solo hay que variar cuando se va llegando al centro, que todavía no es.

Todavía es posible mejorar la calidad de vida de millones de ciudadanos y ciudadanas, trabajadores, estudiantes, que a diario destinan tres y hasta cuatro horas de su vida y hasta más en sus recorridos.

Le entregaremos completo este estudio al alcalde de Bogotá y a los órganos de control de la Nación.

Prometí financiar un 100 por ciento el mejor tramo para Bogotá y estoy dispuesto a cumplir mi palabra. Los expertos han hablado y la ciudadanía ya conoce, a partir de hoy, las conclusiones que podemos sacar de sus estudios.

Aún estamos a tiempo. Tenemos una oportunidad única aquí y ahora

Comunidad campesina de Sumapaz notificada como Sujeto de Reparación Colectiva

En una decisión considerada histórica para el campesinado colombiano, el Gobierno del Cambio, a través de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, notificó a la comunidad de Sumapaz su reconocimiento como Sujeto de Reparación Colectiva.

 La decisión le permite a la comunidad campesina de la localidad 20 de Bogotá -la más grande y rural de la capital del país- ser reconocida como víctima del conflicto armado y, por tanto, ser incluida en el Registro Único de Víctimas (RUV), y dar inicio a la construcción de un Plan Integral de Reparación Colectiva en el que participarán la comunidad, la Unidad para las Víctimas, la Alcaldía de Sumapaz y el Distrito.

El acto público de reconocimiento se realizó este domingo 10 de marzo en Placitas, vereda Santa Rosa, de Sumapaz, y contó con la participación de la comunidad, autoridades locales, la Alcaldía de Bogotá y la Unidad de Víctimas a nombre del Gobierno del Cambio.

Este reconocimiento marca un precedente para la atención y reparación de otras comunidades campesinas en el país que, como en el caso de Sumapaz, han sido afectadas por el conflicto armado y la violencia.

El año pasado el Gobierno del Cambio logró la aprobación en el Congreso de la República del Acto Legislativo 01 del 5 de julio de 2023 “por medio del cual se reconoce al campesinado colombiano como sujeto de especial protección constitucional".

En diciembre de 2022 se constituyó la Zona de Reserva Campesina de Sumapaz para fomentar y proteger la economía campesina de la localidad.

Patricia Tobón, directora de la Unidad de Víctimas, destacó en el evento que “este es el primer reconocimiento a un sujeto campesino para la reparación colectiva. Aquí ocurrieron muchos hechos de violencia en el marco del conflicto armado interno que no habían sido reconocidos. Por eso la comunidad llevaba muchos años exigiendo este reconocimiento".

Sumapaz, corredor estratégico

​La localidad 20 de Sumapaz es netamente rural y se ubica en el extremo sur del Distrito Capital de Bogotá. Limita al norte con la localidad de Usme, al sur con el departamento del Huila, al oriente con los municipios de Une, Gutiérrez y con el departamento del Meta, y al occidente con los municipios de Pasca, San Bernardo, Cabrera y Venecia.

Por muchos años fue considerado como un corredor estratégico por los grupos armados para transitar desde y hacia Bogotá y los Llanos Orientales, Huila y Meta.

Los habitantes de la localidad sufrieron múltiples hechos victimizantes a causa del conflicto armado como amenazas, asesinatos, minas antipersona, desplazamientos forzados, reclutamiento forzado, entre otros, además de daño ambiental.

Según la Unidad de Víctimas, la Resolución-Acto Administrativo reconoce cuatro categorías de derechos: a la libre asociación, ambiente sano, libre circulación y seguridad en lo que respecta a las afectaciones a los derechos colectivos.

Agrega la entidad que en el Acto Legislativo 01 de 2023 se otorgó al campesinado derechos colectivos como la educación de calidad con pertinencia, salud, servicios públicos domiciliarios, vías terciarias, tierra, territorio, ambiente sano, acceso e intercambio de semillas, recursos naturales y diversidad biológica, agua, participación reforzada, conectividad digital, mejora de infraestructura rural, extensión agropecuaria y empresarial, asistencia técnica y tecnológica para generar valor agregado y medios de comercialización para sus productos.