El alcalde Gustavo Petro afirmó ante la Procuraduría que en el caso de las basuras NO HUBO CORRUPCIÓN, NI INEPTITUD y solicitó el archivo de la investigación disciplinaria abierta en su contra.
El alegato jurídico del alcalde señala que los convenios de la EAAB y la UAESP y la utilización excepcional de volquetas para la recolección de basuras estaban permitidos por la ley y NO se afectó el ambiente de la ciudad pese a los traumatismos presentados.
Afirma también que la propia Procuraduría sabía de los traumatismos que se iban a presentar por la decisión de los operadores privados de NO devolver al Distrito los equipos para la prestación del servicio.
Al demostrar que los cargos formulados por la Procuraduría no tienen sustento jurídico, el abogado del alcalde recalcó que no existe en el voluminoso expediente prueba alguna contra el alcalde de que el cambio en el modelo de recolección de basuras lo haya ordenado con el ánimo de causar daño a la ciudad y perjuicio a los ciudadanos.
Por el contrario, con base en estudios técnicos y testimonios de expertos, se demostró a la Procuraduría que el alcalde implementó un sistema transitorio de recolección de basuras para cumplir con lo ordenado por la Corte Constitucional, mejorando la cobertura y la calidad del servicio a la espera de que se haga una licitación para escoger los nuevos operadores.
El ex magistrado Julio César Ortiz Gutiérrez, insistió ante el ministerio público que la acción disciplinaria NO puede ser usada para coadministrar la ciudad y sostuvo que la Procuraduría ha desconocido la presunción de inocencia del alcalde Petro, ha prejuzgado y no ha reconocido las dudas razonables a favor del burgomaestre.
"El desacuerdo con un gobierno o el estilo de un gobernante lo deben castigar los electores no los encargados de vigilar las conductas para que no haya corrupción. Y este no es un caso de corrupción, ni de ineptitud", puntualiza el alegato del alcalde.
