A pesar de su
posición en contra de la tortura animal, la Administración habilitará La
Santamaría, pero solo cuando garantice la seguridad de los aficionados.
Un proyecto
(el 237 de 2014) que modificaba las funciones del IDRD para de esta manera
cumplir y acatar una de las providencias de la Corte Constitucional en el sentido
de que, si bien reconoce "la fiesta brava" como una tradición cultural,
igualmente le prohíbe a las entidades del Estado fomentar, publicitar y financiar
espectáculos donde haya crueldad, maltrato y muerte de los animales. Esto fue
negado en la Comisión de Gobierno del Concejo.
La
iniciativa fue aprovechada por opositores para presentarla ante la
opinión pública como un nuevo intento del Alcalde Petro para no permitir las
corridas de toros en Bogotá.
En realidad,
el proyecto presentado por la Administración no pretendía prohibir las corridas
de toros, sino modificar las
funciones del Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD),en el sentido
de suprimir de sus competencias el fomento
de esos espectáculos, en atención a los fallos de la Corte Constitucional, que si
bien reconocen que la fiesta brava es una tradición cultural,prohíbe que el
Estado participe.
