Bicitaxismo en Bogotá, un servicio importante ignorado por la política pública

En Bogotá cientos de bicitaxis ruedan a diario por barrios en los que el sistema de transporte no suple las necesidades de movilidad.
Foto: archivo Unimedios.

agenciadenoticias.unal.- El problema no es técnico ni tecnológico: es un proceso que requiere de una política pública”, concluye en su investigación Olga Carolina Solano Fino, estudiante de la maestría en Gobierno Urbano de la Universidad Nacional de Colombia (UNAL). Su trabajo, desarrollado entre 2023 y 2025, advierte que el bicitaxismo no ha sido gestionado por las autoridades distritales pese a su importancia en barrios populares, en donde cumple funciones fundamentales como alimentador del sistema BRT (sistema de autobús de transito rápido) o el transporte cotidiano local puerta a puerta.


Entre los principales obstáculos para su integración a la oferta formal de transporte en Bogotá, la magíster identifica: la falta de voluntad política del Concejo para regular el servicio; una normativa nacional (como la Resolución 3256 de 2018) cuya aplicación llevaría a desconocer la realidad territorial porque se diseñó sin considerar el contexto urbano, social y geográfico de Bogotá, y que terminó prohibiendo más del 50 % de los vehículos que operan hoy; la autogestión de asociaciones con intereses fragmentados ante la ausencia de control institucional; y los conflictos por el uso del espacio público, sin alternativas de parqueo ni rutas definidas.

Existe desconexión entre lo exigido por la norma y lo que ocurre en el territorio”, señala la investigadora. Por ejemplo, la Resolución permite solo tricimóviles eléctricos, dejando por fuera a casi todos los conductores que cuentan con motores de otro tipo, y cuya aplicación implicaría para ellos un proceso costoso que pocos podrán realizar, llevándolos probablemente a endeudarse, a convertirse en arrendatarios, o a perder su fuente de ingreso.

Además, aunque la norma exige que los bicitaxis circulen por el centro del carril, en la práctica lo hacen por ciclorrutas, andenes o zonas peatonales, donde encuentran espacio disponible. “Esta contradicción normativa genera choques territoriales y demuestra que el diseño legal no se adapta a la realidad urbana”, recalca la magíster.

El caso de Bogotá es aún más crítico porque la ciudad tiene compromisos de movilidad urbana sostenible como el Plan de Ordenamiento Territorial “Bogotá Reverdece 2022–2035”, el cual promueve el uso de modos no motorizados y la intermodalidad con enfoque territorial y social, pero sigue excluyendo de su sistema oficial un servicio reconocido y usado por la ciudadanía, especialmente en zonas con urbanización informal, alta densidad poblacional y poca cobertura del SITP.

De la inacción a la resistencia normativa

De acuerdo con los periodos descritos, se pasó de una inacción nacional de 18 años a una acción tardía forzada por la presión ciudadana: fue solo hasta la Sentencia T-442 de 2013, en la que participaron activamente varias asociaciones de bicitaxistas, que se impulsó la expedición de la Resolución 3256 de 2018.

Mientras el Distrito promueve la bicicleta como símbolo de movilidad urbana

sostenible, ignora la solución que viene ofreciendo el bicitaxismo.

Sin embargo, cinco años después, con la Resolución 137609 de 2023, Bogotá apenas ha regulado la circulación de estos vehículos en algunas vías específicas, debido a las fricciones que su operación genera con otros actores viales (peatones, ciclistas, conductores de otros vehículos, pasajeros o agentes de tránsito). Mientras tanto, el Concejo de Bogotá ha frenado cualquier intento de avanzar en una política local: los 29 proyectos de acuerdo sobre el tema han sido archivados sin pasar de la primera instancia, y catorce de ellos fueron radicados solo en los últimos tres años, es decir, casi el 50 % del total.

A su vez, el Ministerio de Transporte no definió sino hasta 2024 los lineamientos para la homologación de los vehículos, aspecto que el Distrito había señalado como uno de los principales obstáculos para avanzar en su formalización como política pública.

¿Por qué Bogotá no formaliza el bicitaxi?

En el trabajo se identificaron 16 factores críticos agrupados en tres dimensiones: operacional, organizacional y territorial. Para sustentarlos, la estudiante desarrolló un análisis detallado de la normatividad nacional y distrital, revisó experiencias internacionales de formalización en ciudades como Nueva York, Londres o Austin, y realizó un estudio de caso en dos localidades emblemáticas de la ciudad: Kennedy y Ciudad Bolívar.

Allí observó el funcionamiento del servicio en puntos como Patio Bonito, Madelena y la carrera 86 con calle 10, zonas en las que estos vehículos fungen como alimentadores del sistema TransMilenio o como transporte cotidiano local. Las diferencias entre ambos sectores también evidencian la necesidad de aplicar un enfoque territorial: mientras Madelena cuenta con andenes amplios y ciclorrutas planificadas, Patio Bonito presenta una marcada concentración de población de bajos ingresos y personas migrantes, además de aceras estrechas.

El bicitaxismo es una respuesta local que presta un servicio más

eficiente que el del transporte formal.

Foto: archivo Unimedios.

“Este contexto explica no solo la alta demanda de un transporte asequible y flexible como el bicitaxismo, sino también los riesgos que enfrentan peatones y conductores en su tránsito diario”, señala la investigadora.

Ella también realizó un sondeo a 58 conductores organizados e independientes, a quienes les preguntó por sus condiciones laborales, su percepción sobre la posibilidad de formalizarse y los principales obstáculos que enfrentan para operar.

“Siete conductores manifestaron miedo a perder sus ingresos si la norma les exige cambiar de vehículo, o someterse a perder la forma en que operan, pues les implicaría limitarse a puntos establecidos y perderían el ingreso extra por acarreos o viajes largos”, explica.

Bicitaxis que prestan servicio de alimentación entre el Portal Américas y Patio

Bonito, en la localidad de Kennedy.

Imagen elaborada por la magíster Olga Carolina Solano Fino.

Sin embargo, 52 dijeron estar dispuesto a ser formalizados, por el cansancio de las inmovilizaciones continuas a su vehículo y sus malas condiciones laborales. La realidad socioeconómica de los conductores evidencia que ellos no cuentan con los recursos económicos para cumplir los requisitos técnicos, como el cambio del vehículo o la adquisición de una licencia. Esto agravaría el desempleo en el sector y favorecería el arriendo de bicitaxis, una práctica que precariza aún más su trabajo porque reducen sus ingresos actuales.

Durante su trabajo de campo la investigadora evidenció que, ante la falta de regulación, muchas asociaciones de bicitaxistas se han organizado por su cuenta, cada una con sus propias reglas, recorridos y formas de operar. Han distribuido el territorio observando 3 tipos de organizaciones: una tipo monopolio, en Madelena, con una única asociación; las asociaciones en competencia en Kennedy, que cuentan con su zona de parqueo y puntos de recogida; y los independientes, cuyas rutas no son claras y no cuentan con un control sobre el servicio.
Esta complejidad en la prestación del servicio complica aún más cualquier intento de integrarlas al sistema oficial. “En Bogotá no hay una sola forma de hacer bicitaxismo, cada grupo trabaja según la estructura morfológica y el espacio público con que cuentan”, afirma.

Otro punto crítico es la exigencia de una licencia de funcionamiento, que excluiría a los migrantes, adultos mayores o trabajadores informales sin documentación, quienes han encontrado en este servicio una fuente de ingresos asequible. “Si no se piensa una política que tenga en cuenta estas trayectorias, se corre el riesgo de formalizar a costa de expulsar”, advierte la magíster.

El bicitaxismo no ha sido gestionado por las autoridades distritales, pese a

su importancia en barrios populares.

Imagen elaborada por la magíster Olga Carolina Solano Fino.

Mientras el Distrito promueve la bicicleta como símbolo de movilidad urbana sostenible, ignora una realidad que ya está en marcha, y es que el bicitaxismo es un actor urbano que cumple una función social clara, sobre todo en sectores populares en donde los desplazamientos para hacer el mercado, ir al colegio, al trabajo o al centro comercial es suplido por este modo de transporte.

La investigación propone que, en vez de perseguir el servicio, se construya una política pública que lo reconozca, regule y articule a la red oficial. Para eso, dice la autora, es necesario dejar de ver el bicitaxi como un “problema informal” y empezar a verlo como una solución que surgió desde el territorio para llenar los vacíos del Estado.

La Maestría en Gobierno Urbano es un programa gestionado académicamente por el Instituto de Estudios Urbanos (IEU) y forma parte de la oferta de la Facultad de Ciencias Económicas de la UNAL.

Fibra de coco fortalece los suelos donde crece el arándano

En los últimos años el arándano se ha convertido en uno de los cultivos más prometedores de Colombia.
Foto: ERMAL META/AFP
agenciadenoticias.unal.- El fertirriego es una técnica que combina riego y fertilización en un solo paso y se ha convertido en una de las claves para el cultivo eficiente del arándano. Así, los nutrientes se disuelven en el agua y llegan directamente a las raíces a través de tuberías, mangueras y goteros, lo cual permite nutrir cada planta con precisión y sin desperdicios.

El ingeniero agrícola Carlos González Murillo, profesor de la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional de Colombia (UNAL) Sede Bogotá, experto en fertirriego sobre sustratos, ha trabajado por más de 10 años en esta área y compartió su experiencia durante una charla ofrecida en la XXV Agroexpo, en donde presentó avances y recomendaciones para aplicar esta técnica en cultivos como flores, y más recientemente en arándanos.

Profesor Carlos Alberto González Murillo, del Departamento
de Ingeniería Civil y Agrícola de la UNAL.
Foto: María Fernanda Londoño de la Hoz, Unimedios.
Esta técnica funciona especialmente bien cuando se cultiva sobre sustratos artificiales como la fibra de coco, la cascarilla de arroz o la corteza de pino. Estos materiales permiten crear camas sobre el suelo, que protegen las raíces de enfermedades y ofrecen condiciones más controladas. En el caso del arándano, la fibra de coco es ideal porque tiene un pH ajustable —perfecto para esta planta, que prefiere suelos entre 4,5 y 5,5—, y además facilita la aireación y la retención de agua sin generar encharcamientos

“Este tipo de producción sobre sustrato comenzó a expandirse en Colombia debido a la necesidad de enfrentar problemas como el hongo Fusarium oxysporum, que afecta cultivos en suelo tradicional, especialmente en flores como el clavel y la rosa. Dicho microorganismo ataca las raíces y bloquea el transporte de agua y nutrientes en la planta causando marchitamiento; aunque una de las plantas que más ataca es el plátano, aún no se usan sustratos en sus suelos”, explica el experto.

Las técnicas de riego son fundamentales para tener cultivos más productivos.
Fotos: Foto: archivo Unimedios
Comenta además que “empezamos a trabajar en esto cuando una de las principales empresas floricultoras del país llegó a la Universidad buscando soluciones, pues a los dos o tres años sus cultivos en suelo estaban perdiendo productividad”.

“Desde entonces el uso de sustratos ha demostrado ser una herramienta eficaz; hoy entre un 40 y 50 % de los cultivos de rosa y clavel se siembran en sustratos como fibra de coco o cascarilla de arroz, y esa misma tecnología se está empezando a aplicar con éxito en el arándano”, destaca.

Estas técnicas surgieron para combatir la acción del hongo Fusarium oxysporum
en los cultivos de clavel y rosa.
Por ejemplo en Sotaquirá (Boyacá) ya hay unas 120 hectáreas de arándano sembradas en sustrato, y se espera que en los próximos años esa cifra llegue a las 300 hectáreas, gracias a los buenos resultados que ha demostrado esta técnica.

Fórmula para un cultivo más eficiente

El potencial del sustrato de fibra de coco es notable: puede durar entre 2 y 4 años sin perder sus propiedades físicas, permite una alta densidad de siembra, mejora la eficiencia del riego y reduce el uso de fertilizantes.

El coco y sus derivados, entre ellos la fibra, son aliados perfectos para
los cultivos de arándano en el país.
“Además el país tiene condiciones climáticas y geográficas ideales para producir esta fibra localmente, en particular en regiones como el Pacífico colombiano o el departamento del Cesar, lo que evitaría depender de importaciones desde países como India o Indonesia”, anota el ingeniero González.

Agregó que otros cultivos estratégicos, como el aguacate Hass o el cannabis medicinal, también se beneficiarían del uso de sustratos y fertirriego, aunque aún falta investigación adaptada a cada uno.

El cannabis medicinal también se beneficiaría de esta técnica, pero aún hace
falta más investigación en Colombia.
“Es fundamental que todos los productores comprendan que si tienen sustratos homogéneos pueden aplicar cantidades iguales de agua y nutrientes, lo que hace más eficiente todo el sistema. Ese es el corazón del fertirriego: la uniformidad y el control”, explica.

Según la agencia gubernamental Procolombia, el arándano es un cultivo que ha logrado cuadruplicar su producción desde el 2019; además en 2023 Colombia exportó más de 638 kilos de este alimento, generando más 3,3 millones de dólares.

Por eso, tener cada vez más una mejor producción de arándano es fundamental para los productores, lo cual ya se está implementando en lugares como Sotaquirá y Tenjo (Cundinamarca), con el conocimiento aportado por el profesor González y su equipo de trabajo, quienes ofrecen una técnica para potenciar de manera importante la capacidad de este cultivo para soportar suelos que no tienen la acidez que necesita, fortalecer las raíces y la respiración de la planta, y por ende sus frutos.







Boyacá y Cundinamarca son dos de los departamentos en donde ya hay empresas que utilizan sustratos para producir arándano.



Seguridad y confianza...

Mujer señalada de hurtar más de 400 millones de pesos a hombres utilizando sustancias tóxicas fue asegurada

Las acciones investigativas de la Fiscalía General de la Nación, permitieron la judicialización de Melisa Porras Domínguez, señalada de cometer cuantiosos robos en Bogotá, suministrando sustancias tóxicas a sus víctimas.

En este sentido, una fiscal adscrita a la Unidad de Hurtos de la Seccional Bogotá corrió traslado al escrito de acusación contra la procesada por los delitos de hurto calificado y hurto por medios informáticos; ambas conductas agravadas. Los cargos no fueron aceptados por la mujer.

El material de prueba en poder de la Fiscalía evidencia que Porras Domínguez, presuntamente, hacía uso de plataformas de citas para contactar a las víctimas, además de intercambiar contenido fotográfico para ganarse su confianza, utilizando distintos perfiles con seudónimos como ´Salomé’, ‘Alejandra’, ‘Gabriela’ y ‘Erika’.

Posteriormente, acordaba encuentros presenciales, en las viviendas de los ciudadanos donde, al parecer, les suministraba alguna bebida en la que eran mezclados medicamentos psicotrópicos para adormecer a las víctimas y dejarlas en estado de indefensión.

De esta manera les hurtaba las pertenencias de valor, dinero en efectivo y de sus cuentas bancarias. En el curso de la investigación se estableció que la procesada habría cometido 11 robos en esta modalidad, por una cuantía superior a los 400.000.000 de pesos.

Un juez con función de control de garantías accedió a la solicitud de la Fiscalía y privó de la libertad a Melisa Porras Domínguez en un establecimiento carcelario.

La captura de la investigada fue materializada a través de una orden judicial en el barrio El Paraíso en Ciudad Bolívar, en el sur de Bogotá, por el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI).

Kennedy, bajo el dominio del microtráfico: 6 estructuras y 11 bandas criminales operan en la localidad

Marcas de zonas, reclutamiento de jóvenes y control territorial forman parte de la lógica empresarial del microtráfico en Bogotá.
Foto: Juan Barreto / AFP.
Con cerca de 8 millones de habitantes, Bogotá afronta una de las formas más persistentes y destructivas del crimen urbano. Lejos de reducirse a expendios ocultos en zonas marginales, el microtráfico se ha consolidado como una economía paralela que infiltra instituciones, se adapta al entorno y transforma el espacio urbano. En este escenario, Kennedy, Ciudad Bolívar y Bosa concentran dinámicas delictivas cada vez más organizadas y peligrosas, con una expansión que afecta la vida cotidiana de millones de ciudadanos.

Según informes periodísticos y de la Policía Metropolitana, en Kennedy operan al menos 6 estructuras criminales y 11 bandas que disputan el control del negocio de las drogas. Entre ellas figuran redes transnacionales como el Tren de Aragua y combos locales en expansión como Los Satanás, Los Aguaceros, Los Boyacos y Muñeca Roja. Este entramado criminal ha diversificado sus formas de operar, y hoy ocupa parques, colegios, zonas comerciales y conjuntos residenciales como escenarios habituales para el microtráfico.

Los puntos de expendio de drogas –conocidos como “ollas”– no se concentran solo en sectores marginales: ahora la modalidad son los parques, entornos escolares, zonas comerciales y hasta conjuntos residenciales que se usan como escenarios para la comercialización de drogas mediante la modalidad de microtráfico. Allí se identificó un área geográfica continua donde se acopia la droga que llega del interior del país, la llamada “Puerta 6” de Corabastos, en donde se han identificado, por ejemplo, disputas violentas entre grupos por el control del negocio que evidencian la sofisticación y territorialización de este fenómeno.
Cotidianidad del barrio María Paz, en la localidad de Kennedy,
en donde operan múltiples bandas criminales.
Foto: Luigi Giovanny Silva Vizcaya, magíster Gobierno Urbano de la UNAL.
Luigi Giovanny Silva Vizcaya, magíster en Gobierno Urbano de la Universidad Nacional de Colombia (UNAL), quien ha investigado el tema, afirma que Kennedy cumple con las condiciones ideales para la expansión del microtráfico: alta población joven, espacios públicos desprotegidos, niveles de desempleo superiores al promedio distrital, y desconfianza generalizada en las autoridades. Además, su ubicación facilita la circulación hacia otras zonas críticas como Ciudad Bolívar y Bosa, lo que convierte la localidad en un nodo articulador del negocio.

Añade que, hay estudios que revelan que después del desmantelamiento del Bronx en 2016, al menos 14 nuevos centros de microtráfico se consolidaron en Bogotá, de los cuales 3 están en Kennedy. La cadena de valor criminal se ha fragmentado para dificultar su persecución: desde los grandes distribuidores hasta los jíbaros, cada actor cumple una función específica en esta economía ilegal.

"El microtráfico representa no solo un problema de seguridad, también es una economía paralela que compite con las legales. Se estima que en operativos realizados por la Policía Metropolitana de Bogotá en 2023 se incautaron en Kennedy y Bosa más de 550 kilos de marihuana lista para ser distribuida en la ciudad, mercancía valorada en más de $2.000 millones", explica el magíster de la UNAL.

¿Por qué crece el microtráfico en Bogotá?

Según el experto, la expansión del microtráfico no se puede explicar solo por el aumento de la demanda de drogas, pues además existen factores estructurales que lo facilitan, como corrupción institucional, ineficacia judicial, fallas en la prevención del consumo y una débil presencia del Estado en los territorios. A esto se suma el uso político del problema, que muchas veces se aborda desde una visión represiva más que preventiva.

Además, los narcos trajeron la droga a las ciudades con la misma rentabilidad, pues gastan menos en la seguridad que implica sacarla al exterior, pierden menos mercancía en incautaciones y su precio varía según el estrato social del consumidor. En 2015 se identificaron 7.982 usuarios consumidores en Kennedy, 9.177 en Bosa y 6.497 en Ciudad Bolívar, panorama que debió aumentar en la última década.

Kennedy, Ciudad Bolívar y Bosa son centros estratégicos de
acopio y distribución de estupefacientes en el centro del país.
Foto: archivo Unimedios.
"Los grupos delincuenciales han aprendido a adaptarse a estos vacíos. Subcontratan bandas locales, utilizan menores de edad para evadir penas, y cuentan con redes de protección institucional que les permiten operar con relativa impunidad. En muchos casos la comunidad prefiere guardar silencio por miedo o porque obtiene ingresos indirectos de estas economías ilícitas", señala.

Por ello, en su investigación revela que el problema del microtráfico en Bogotá, y en particular en Kennedy, no se resolverá solo con más policías, allanamientos o bloques de seguridad. Se requiere una estrategia integral que articule seguridad, justicia, salud pública y desarrollo social. La perspectiva de seguridad humana propone abordar no solo la ausencia institucional, sino también la violencia directa y las condiciones estructurales que permiten su reproducción.

Esto implica invertir en prevención del consumo, fortalecer la confianza institucional, recuperar espacios públicos, promover la empleabilidad juvenil y garantizar el acceso a oportunidades dignas para quienes hoy solo encuentran ingresos en la economía criminal. También es clave diferenciar entre pequeños distribuidores y estructuras organizadas, para enfocar los esfuerzos de manera más efectiva en su comercialización y distribución.

El microtráfico estimula otros delitos como el hurto, la extorsión y el homicidio.
Foto: archivo Unimedios
La ciudadanía también tiene un rol clave: denunciar, organizarse, recuperar espacios, educar a los jóvenes y exigir resultados. La lucha contra el microtráfico no se gana solo con operativos, vigilancia y castigo, sino con comunidades empoderadas que no toleren la normalización del delito, por el amor a su barrio, su localidad, con espacios geográficos urbanos ordenados y seguros con un desarrollo local amplio, con inversión social.

"Kennedy, Ciudad Bolívar y Bosa no pueden seguir siendo laboratorios de abandono institucional y renta criminal. La ciudad entera debe preguntarse qué está dispuesta a hacer para recuperar estos territorios, no con miedo, sino con dignidad y corresponsabilidad", expresa el investigador Silva.

Alerta por mala medicación de adultos mayores en Bogotá

En hospitales y clínicas de Bogotá habría errores en la prescripción de medicamentos
a adultos mayores.
Foto: archivo Unimedios.
agenciadenoticias.unal.- La investigación, liderada por Juan Esteban Cepeda Santamaría, magíster en Farmacología de la Universidad Nacional de Colombia (UNAL), se enfocó en 280 adultos mayores de 70 años hospitalizados en servicios de urgencias o geriatría. Todos presentaban enfermedades crónicas como hipertensión arterial, diabetes, insuficiencia cardíaca o infecciones respiratorias, y eran pacientes polimedicados, es decir que tomaban entre 5 y 20 medicamentos al momento de su ingreso. Esta situación, que a menudo pasa desapercibida, representa un riesgo clínico alto si no hay un seguimiento riguroso.

La intervención incluyó un acompañamiento clínico integral: conciliación de medicamentos al ingreso, revisión diaria de las prescripciones, formulación del plan de egreso y orientación tanto al paciente como a su cuidador. Gracias a este proceso se identificaron 426 problemas relacionados con el uso de medicamentos. Entre los más frecuentes estaban la duplicidad terapéutica —es decir el uso simultáneo de varios fármacos con el mismo propósito—, prescripciones erróneas y omisión de medicamentos necesarios.

Errores comunes que pueden costar vidas

La investigación ahondó en la polifarmacia, un término que hace referencia
a los pacientes que toman más de 5 medicamentos al día.
Foto: archivo Unimedios.

Entre los medicamentos mal usados o duplicados se identificaron varios principios activos clasificados según el tipo de enfermedad. En el manejo de patologías cardiovasculares se encontraron errores con fármacos como losartán, carvedilol y metoprolol; en infecciones, con antibióticos como piperacilina/tazobactam y ampicilina + sulbactam; y en salud mental con medicamentos como quetiapina, sertralina, memantina y risperidona. También se detectaron fallos en la prescripción de tratamientos para enfermedades gastrointestinales y dolores agudos.

El estudio también evidenció errores en el uso de anticolinérgicos (medicamentos utilizados para tratar asma, incontinencia urinaria o Párkinson), que no se estaban administrando en las dosis apropiadas para adultos mayores con insuficiencia renal. Esta combinación de dosis inadecuadas y prescripciones incorrectas podría generar efectos adversos a largo plazo. Asimismo se identificó la omisión de anticoagulantes en pacientes con patologías cardiovasculares, lo que incrementa el riesgo de eventos trombóticos.

También se detectaron problemas que parecerían menores pero que resultan clínicamente relevantes, como la prescripción de tabletas a pacientes con dificultades para deglutir, horarios de administración poco claros y fórmulas médicas que los cuidadores no lograban interpretar sin acompañamiento profesional.

Los errores en la prescripción pueden derivar en situaciones críticas, como que un paciente con deterioro cognitivo severo reciba un antipsicótico de alto riesgo sin el monitoreo adecuado, lo cual aumenta la probabilidad de caídas o eventos cerebrovasculares. Otro ejemplo es el de un adulto mayor con insuficiencia renal avanzada que recibe un medicamento sin ajuste de dosis, lo que eleva el riesgo de toxicidad. Estos escenarios se pueden prevenir si los adultos mayores hospitalizados cuentan con el acompañamiento clínico riguroso de un farmacéutico.

Entre las enfermedades más frecuentes de estos pacientes están las
infecciones respiratorias y las insuficiencias cardíacas.
 Foto: archivo Unimedios.
Según el magíster Cepeda, “el 67,3 % de las recomendaciones clínicas realizadas por el farmacéutico fueron aceptadas por los médicos tratantes, lo que refleja un alto nivel de confianza y colaboración interdisciplinaria”. El impacto se midió con el Índice de Adecuación de los Medicamentos (MAI), herramienta que evalúa la calidad de las prescripciones, el cual se redujo en un 26,4 % en el grupo que recibió la intervención. En otras palabras, los tratamientos se volvieron más seguros, pertinentes y comprensibles para los pacientes.

Aunque el estudio se adelantó entre octubre de 2022 y diciembre de 2023 en un hospital de cuarto nivel altamente especializado, sus conclusiones tienen un alcance mucho mayor. La investigación demuestra que la ausencia del farmacéutico en la toma de decisiones clínicas no es un detalle menor, sino una brecha de seguridad que puede —y debe— ser corregida en el sistema de salud colombiano.

El trabajo del farmacéutico en el acompañamiento del tratamiento de los paciente
es indispensable y permite reducir los errores en la prescripción de medicamentos.
Foto: archivo Unimedios.

Actualmente muchos adultos mayores son hospitalizados, tratados y dados de alta con esquemas terapéuticos complejos, costosos, y muchas veces inadecuados. Esto no ocurre por negligencia médica sino porque el sistema de salud todavía no reconoce plenamente el papel del farmacéutico clínico en el cuidado directo del paciente.

La tesis demuestra con evidencia que el rol del farmacéutico clínico no es complementario, sino esencial. “No se trata solo de conocer moléculas, sino de comprender cómo envejece el cuerpo, cómo cambia la función renal con la edad, cómo se acumulan ciertos fármacos en tejidos deteriorados, y sobre todo cómo traducir una fórmula médica en instrucciones claras que una familia pueda aplicar en casa”, anota el investigador.

Juan Esteban Cepeda Santamaría, magíster en Farmacología - UNAL.
Foto: Juan Esteban Cepeda Santamaría.
Advierte además que este es un problema económico. El actual desabastecimiento de medicamentos en Colombia –calificado como alarmante por el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima)– ha dejado a pacientes crónicos sin acceso a unos 15 fármacos esenciales. “En este contexto, la presencia del farmacéutico clínico se vuelve indispensable para optimizar recursos, ajustar tratamientos disponibles y proteger la salud del paciente”, subraya.

Los hallazgos del magíster Cepeda, cuya investigación fue dirigida por el profesor Jorge Augusto Díaz Rojas, del Departamento de Farmacia de la UNAL, cobra aún más relevancia ante las proyecciones de la Organización Mundial de la Salud, que estiman que para 2050 el 22 % de la población mundial será mayor de 60 años. Mejorar los protocolos de atención a esta población no es opcional: es una necesidad urgente para los sistemas de salud de hoy y del futuro.

Efectivo...

 

Judicializado presunto responsable de abusar sexualmente a su hijastra en Bogotá

El hombre fue capturado por uniformados de la Policía Nacional en la vereda San Jacinto
Por solicitud de la Fiscalía General de la Nación, un juez de control de garantías impuso medida de aseguramiento en establecimiento carcelario contra un hombre señalado de abusar sexualmente de la hija de su compañera sentimental, en hechos ocurridos en Kennedy, en el sur de Bogotá entre febrero y abril del año en curso.

De acuerdo con la denuncia recibida, el procesado, al parecer, aprovechaba que la víctima, de 8 años, quedaba a su cuidado y la agredía sexualmente; además, la intimidaba con quitarles la vida a sus familiares si contaba lo que sucedía.

Una fiscal de la Seccional Bogotá le imputó los delitos de acceso carnal violento con menor de 14 años y actos sexuales con menor de 14 años, ambas conductas agravadas. El procesado no aceptó cargos.

El hombre fue capturado por uniformados de la Policía Nacional en la vereda San Jacinto de Rovira (Tolima), a donde aparentemente habría huido luego de que fuera denunciado por los familiares de la víctima.

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La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.

Restaurar para Sanar

Colombia es uno de los países del mundo con mayor número de víctimas por minas antipersonal, con más de 12.553 personas afectadas desde 1990, según datos del Grupo de Acción contra Minas Antipersonal (AICMA). Actualmente, cerca del 17 % del territorio nacional presenta algún nivel de afectación, poniendo en riesgo a numerosas comunidades.

En el marco del Día Internacional de Sensibilización contra las Minas, se inaugura la exposición “Restaurar para Sanar: por una Colombia en Paz”, este9 de abril a las 4:00 p.m. en la sede de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) -Cra. 7#63-44- en Bogotá. La muestra, que estará abierta hasta el 9 de mayo, ofrece un recorrido inmersivo por siete estaciones interactivas que permiten conocer de cerca la labor humanitaria de la Acción Integral Contra las Minas Antipersonal en desminado humanitario, educación en riesgo de minas antipersonal (ERM) y asistencia integral a las víctimas (AIV). Además, resalta el poder de la memoria y la resiliencia de las comunidades más afectadas.

La exposición cuenta con espacios temáticos que incluyen una simulación de un área de operaciones de desminado humanitario, muestras de los materiales utilizados en talleres de prevención, mapas que ilustran las zonas de mayor afectación, una muestra de piezas de arte comunitario con testimonios desde los territorios. Uno de los espacios más impactantes es el Museo de Prótesis de la Fundación CIREC, que exhibe piezas artesanales donadas por sobrevivientes y muestra cómo, a través de la rehabilitación integral, se reconstruyen vidas y se recupera la esperanza.

La ceremonia de inauguración contará con la presencia de Alejandro Ramelli, magistrado presidente de la JEP; Andrés Goyeneche, coordinador del Grupo AICMA; y víctimas del conflicto armado, quienes compartirán sus testimonios y mensajes de resiliencia. Sus intervenciones destacarán la fortaleza de una Colombia que, pese a las adversidades, sigue en pie y lucha por la paz.

“Reparar para Sanar” es un ejercicio de memoria, reconocimiento y transformación. Una invitación abierta a todos los ciudadanos para reflexionar sobre el impacto de las minas antipersonal y el compromiso que, como sociedad, debemos asumir frente a la paz y la reparación.

Fiscalía judicializa a presunto responsable de lanzar una granada en el centro de Bogotá

La Fiscalía General de la Nación judicializó a Enderson Jesús Torres Nova, como presunto responsable de lanzar una granada que dejó dos personas heridas y un perro muerto, el pasado 23 de febrero, en el sector de San Bernardo, en la localidad de Santa Fe, en el centro de Bogotá.

El hombre, de nacionalidad venezolana, fue presentado ante un juez de control de garantías e imputado por los delitos de terrorismo; tentativa de homicidio; fabricación, tráfico y porte de armas, municiones de uso restringido, de uso privativo de las Fuerzas Armadas o explosivos; y maltrato animal agravado.

Los cargos no fueron aceptados por el procesado, que deberá cumplir medida de aseguramiento en establecimiento carcelario.

Los elementos materiales probatorios obtenidos por un fiscal especializado de la Seccional Bogotá dan cuenta de que Torres Nova haría parte de una red delictiva que sostiene una disputa violenta por el control de las actividades de narcomenudeo en el sector de San Bernardo.

En ese sentido, habría sido el encargado de activar y lanzar la granada contra un grupo de personas. Unidades de la Policía Nacional lograron su captura a pocas cuadras del lugar del ataque.

La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.


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