Detectó la Contraloría General de la República: Hallazgos Fiscales por $7.836 millones en construcción de Nueva Torre de Control del Aeropuerto el Dorado
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Advierte también deficiencias en la construcción de la obra y en la consultoría para los estudios y diseños de la Torre.
Aparte de los atrasos e inoportunidad que hay en la entrega de las obras, se presentan mayores costos no previstos en la planeación del proyecto.
CGN - Cinco hallazgos fiscales por un total de $7.836 millones de pesos determinó la Contraloría General de la República al evaluar el manejo de los recursos públicos invertidos hasta agosto de 2014 en la construcción de la Torre de Control del Aeropuerto El Dorado.
La CGR dará traslado además a la Procuraduría General de la Nación de 12 hallazgos con presunta incidencia disciplinaria y consideró que hay inoportunidad e incertidumbre en la fecha de entrega de la obra y en la entrada en operación de la Torre de Control.
El organismo de control encontró deficiencias en la planeación del proyecto que han traído como consecuencia atrasos en su ejecución, de un año aproximadamente.
Los estudios y diseñados elaborados tanto para la construcción de la Torre de Control como para el Centro de Gestión Aeronáutica de Colombia –CGAC, presentaron deficiencias originadas en debilidades en el seguimiento y control por parte de la Aerocivil.
Las debilidades en la planeación se denotan en que, por ejemplo, no se hubiera contemplado en los diseños la conexión entre la Torre de Control y la edificación del CGAC, lo cual ha conllevado atraso en la ejecución de las obras y reprogramaciones, así como la demolición de obras ya ejecutadas.
Según la Contraloría, este hecho evidencia una "total imprevisión en los estudios y planeación de la obra".
La demora en la entrega de la totalidad del predio donde se ubicará la torre de control contribuyó también al atraso de las obras.
En desarrollo de la Actuación Especial de Fiscalización adelantada por la Contraloría Delegada para el Sector de Infraestructura Física, se encontraron otros hechos presuntamente irregulares como los siguientes:
Insuficiencia de los estudios de geotecnia e incertidumbre en el cálculo estructural, lo cual obligó a suspender las obras de construcción por tres meses a principios de 2013.
El consultor solamente realizó dos sondeos y la Norma de Sismoresistencia Colombiana obliga que, para este tipo y categoría de edificación, y dado su grado de importancia, se hagan por lo menos cinco sondeos para el estudio de suelos y de geotecnia. Aun así, con este estudio se dio apertura a la Licitación Pública para seleccionar al contratista que se encargaría de la construcción.
Pago de ítems de obra que no se han ejecutado y cuya especificación técnica no se ha cumplido como requisito para el desembolso. Tal es el caso de la piel exterior o estructura envolvente de la torre.
Deficiencias de los estudios y diseños en el cálculo de las cantidades de obra del proyecto. Hay ítems de obra que han tenido aumentos de más del 250 por ciento, como el ítem 1.5 de las actividades preliminares, que de 1.141 M3 de demolición pasó a 4.015 M3, es decir, aumentó en 252%.
Presuntos sobrecostos en algunos ítems: Al comparar los precios entre el presupuesto presentado por el diseñador, el presupuesto de la licitación y el del contratista, se evidenció que se están reconociendo valores por encima de los precios de mercado.
Al revisar los precios unitarios presentados por el diseñador de la torre de control y compararlos con los precios que tuvo en cuenta la Aerocivil para la elaboración del presupuesto oficial, se encuentra que en algunos ítems se presentan variaciones, sin encontrarse justificación para ello; así mismo, el contratista cotizó y contrató con unos precios ligeramente inferiores a los del presupuesto oficial, pero igualmente por encima de los precios de mercado.
Reconocimiento de ítems que ya se encontraban dentro de las actividades contempladas en los ítems de pago y en las especificaciones técnicas del contrato de obra para la construcción de la Torre de Control.
Obras doblemente ejecutadas debido a daños y falencias por parte de constructor al no conocer previamente el suelo de fundación en donde se emplazan las obras: la red de drenaje ejecutada resultó dañada en el proceso constructivo de hincado de los pilotes, y tuvo que ejecutarse de nuevo. Se trató de una situación presuntamente imputable al contratista que debía ser asumida por éste y no por la Aerocivil y, sin embargo, tal obra se reconoció dos veces.
El informe de la Contraloría dice también que, teniendo en cuenta la justificación técnica dada en el Acta de Modificación del 5 de junio de 2014, se evidencian falencias de los diseños, por lo que fue necesario hacer complementación en el refuerzo a los mismos, lo cual genera atrasos en la programación de la obra, además de necesitarse la consecución de recursos adicionales para el pago del acero de refuerzo de exceso.
Inversión de recursos en actividades de previo conocimiento
En el Contrato Adicional 01 del 24 de diciembre de 2013, se contempla la aprobación de obras complementarias por valor de $2.559 millones en las cuales no se encuentra discriminada claramente la actividad "Traslado de las Áreas de Mantenimiento de Pista del Aeropuerto El Dorado".
La justificación de las nuevas actividades se fundamenta en la necesidad de disponer del predio donde construir la nueva torre de control y el CGAC.
Las instalaciones del Concesionario CODAD S.A. se encontraban al inicio de la obra ubicadas en el predio donde se realizaría la construcción de la Torre. Luego esta situación de traslado de CODAD era previsible desde el planeamiento del proyecto y, sin embargo, solo hasta la ejecución del contrato la Aerocivil se percata de la necesidad de disponer de la totalidad del lote y obviamente trasladar las oficinas y talleres de ese concesionario.
Para la Contraloría, con ello no solo se retrasan las obras, sino que también se desfinancia el proyecto, por cuanto hubo necesidad de invertir recursos en actividades que previamente eran conocidas por la Aerocivil, situación que se configura en un presunto incumplimiento del Principio de Planeación de la contratación estatal.
