El alcalde Gustavo Petro afirmó ante la Procuraduría que en el caso de las basuras NO HUBO CORRUPCIÓN, NI INEPTITUD y solicitó el archivo de la investigación disciplinaria abierta en su contra.
A través de su abogado, Julio César Ortiz, el burgomaestre presentó un alegato de conclusión donde demuestra con argumentos legales y constitucionales que no se violó la ley al cambiar el modelo de servicio de aseo en la capital y controlar los traumatismos presentados en diciembre del año pasado.
El alegato jurídico del alcalde señala que los convenios de la EAAB y la UAESP y la utilización excepcional de volquetas para la recolección de basuras estaban permitidos por la ley y NO se afectó el ambiente de la ciudad pese a los traumatismos presentados.
Afirma también que la propia Procuraduría sabía de los traumatismos que se iban a presentar por la decisión de los operadores privados de NO devolver al Distrito los equipos para la prestación del servicio.